El juez federal de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, dio por formalizadas las investigaciones del Ministerio Público Fiscal contra el contador Roberto Pasqualino, ligado al ex juez federal Marcelo Bailaque y quien fuera designado interventor de la Cooperativa de Estibadores Portuarios de Puerto San Martín, cuyos fondos inmovilizados judicialmente fueron girados por orden del también imputado Marcelo Bailaque a una entidad financiera vinculada al empresario Fernando Whpei. Con este acto administrativo sólo restan acopiar pruebas para el inicio de un futuro juicio.
El martes 24 de junio, el fiscal a cargo de la Oficina de Litigio Oral, Federico Reynares Solari, expuso verbalmente la imputación referida al contador público en su rol de interventor de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Limitada de Puerto General San Martín. El fiscal señaló que “a partir del actuar coordinado con Bailaque y Whpei, en su rol de interventor, desplegó diversas maniobras para que los fondos inmovilizados en entidades bancarias terminaran depositados en instituciones del Grupo Unión SA, y de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia de Santa Fe, donde Whpei tenía influencia”.
Cabe señalar que Pasqualino fue reemplazado en febero de 2021 por el exintendente de Puerto San Martín, Daniel Sorrequieta. Su nombre fue postulado en el cargo por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -a través de su presidente, Alexandre Roig- y finalmente el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, concretó su designación y días después emitió la orden judicial para la transferencia del dinero. Según fuentes ligadas al caso, "Pasqualino armó el esquema, designó asesores cercanos a Whpei, obtuvo la autorización de Bailaque, y Sorrequieta llegó a la cooperativa cuando el esquema estaba ya armado. Las fechas del mes de abril de 2021 es porque en esas fechas la plata todavía estaba en la Mutual. Luego Sorrequieta ya en funciones plenas acata la orden de la Cámara cuando le indican que transfiera nuevamente el dinero a una cuenta del Banco de la Nación Argentina".
Mil millones
La transferencia de 1.000 millones de pesos que la cooperativa tenía en el Banco Nación a la mutual de Jubilados Provinciales, que controlaba Whpei, fue realizada en abril de 2021, pero las denuncias cayeron contra Pasqualino.
Reynares Solari encuadró la conducta de Pasqualino como constitutivas de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, en grado de autor, y como partícipe necesario de prevaricato. El juez Rodrigues Da Cruz, de conformidad con la solicitud efectuada por el fiscal, ordenó que el contador fije domicilio y le impuso el deber de solicitar autorización si quisiera salir del país.
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Según el fiscal, el accionar del contador imputado “se extendió desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021. Con la intermediación de Maximiliano D., a quien designó como su asesor legal, propició una reunión en mayo de 2020 entre asociados a la cooperativa y Whpei, en la que éste indicó que la causa vendría a Rosario, la tomaría un juez amigo y nombraría asesores ligados a él”.
El fiscal añadió que luego fueron nombradas tres personas de confianza de Whpei como asesores de la intervención, quienes mantuvieron reuniones con el contador. “Como resultado de esas gestiones el interventor le solicitó al juez el desbloqueo de los fondos depositados en entidades bancarias hacia otras más ventajosas en cuanto a las tasas ofrecidas, y priorizando a las locales”, recordó Reynares Solari.
LLamadas cercanas
También citó informes sobre el listado de llamadas telefónicas entre dos personas, una de ellas -sostuvo- que impuso Whpei en la cooperativa. Eso ocurrió al menos tres veces el 10 de diciembre de 2020, cuando Bailaque ordenó el desbloqueo de los fondos. Agregó que en abril de 2021 procedió del mismo modo respecto de fondos resguardados en los bancos Coinag, Macro y Galicia. De esa forma se transfirieron casi 1.150millones de pesos. Según explicó Reynares Solari, la tarea del interventor estuvo enfocada en “negociaciones incompatibles con la función pública. Se habla de negocios inmobiliarios o financieros, y en ningún momento del objeto social de la cooperativa. Son los elementos que tenemos para considerar que hubo confusión de intereses en coordinación con Whpei y Bailaque”.
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“A partir del actuar coordinado con Bailaque y Whpei, en su rol de interventor, Pasqualino desplegó diversas maniobras para que los fondos inmovilizados en entidades bancarias terminaran depositados en instituciones del Grupo Unión SA, y de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia de Santa Fe, donde Whpei tenía influencia”, sostuvo Reynares Solari.
A partir de la publicación el lunes 30 de junio en el Boletín Oficial de la aceptación de su renuncia como magistrado, lo que significó la pérdida de la inmunidad de arresto, el exjuez Bailaque, cumple detención domiciliaria con empleo de medidas de vigilancia electrónica desde el martes 1º de julio.
El juez Rodrigues Da Cruz ordenó que se ejecute la medida cautelar que había dispuesto el 30 de abril pasado -en ese momento ordenó la prisión preventiva- que luego, el 19 de mayo, la Cámara Federal de Apelaciones sustituyó por la de prisión domiciliaria.
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La medida se extenderá por 90 días. También se le ordenó al imputado la entrega de su pasaporte y se dispuso la prohibición de salida del país y el embargo de sus bienes hasta alcanzar la suma de 600 millones de pesos.
En la audiencia realizada para resolver la detención del exmagistrado participaron a través de la plataforma Zoom los titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, de la región NEA de esa oficina, Matías Scilabra, y de la Procelac, Diego Velasco; los fiscales Reynares Solari y Argibay Molina; y el auxiliar fiscal de la PIA Venditti.
