Hace un año, un grupo de legisladores de LLA visitó a genocidas en Ezeiza. Ahora, se decidió cerrar la investigación ya que se consideró una "recorrida institucional"
La foto de los diputados libertarios junto a represores en el penal de Ezeiza
Luego del escándalo que se produjo cuando en julio del año pasado diputados libertarios visitaron a represores condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, en el penal de Ezeiza, la Justicia tomó la decisión de archivar la causa y detener la investigación sobre el rol que jugó el Servicio Penitenciario Federal en esta visita.
La investigación, a cargo del juez federal Luis Armella, buscaba determinar si hubo irregularidades o privilegios en el acceso de los legisladores libertarios a internos del penal de Ezeiza, entre ellos represores de la última dictadura. Ahora, Armella dictaminó que no se encontraron "elementos suficientes para impulsar una investigación penal", lo que resolvió el cierre del expediente.
La visita se realizó lugar el 11 de julio del año pasado, y los legisladores oficialistas que participaron fueron Beltrán Bénedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y Lourdes Arrieta. En cuanto a la última mencionada, Arrieta expresó haber sido "engañada" para participar de la visita a los represores, que no conocía que se trataba de genocidas de la última dictadura, y hasta reveló chats de un grupo de diputados oficialistas sobre la organización: "Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran", dijo la "libertaria disidente", quien ahora formó su propio unibloque en la Cámara baja.
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Aunque la visita fue en julio de 2024, fue en el mes de agosto que se filtraron las fotos de los diputados libertarios junto a los represores. Y desde ese momento estalló la polémica.
Casi un año después de la polémica visita, la Justicia decidió archivar la causa y dejar a un lado la investigación sobre qué papel jugó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que responde directamente al ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich.
Lo particular es que en los chats que aportó Lourdes Arrieta, la diputada que se fue del bloque libertario luego de sentirse "engañada", se podía leer que la visita contaba con la aprobación de Bullrich, y que el director del SPF, Fernando Martínez, fue calificado como "colaborador" de Beltrán Bénedit, uno de los diputados que participó de la visita.
Luego de que se viralicen los chats, el 21 de agosto del año pasado, uno de los fiscales a cargo de la investigación, Sergio Mola, pidió desestimar la denuncia de Arrieta. El fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, convalidó su postura. Los dos sostuvieron que se trataba de una maniobra para "judicializar la política".
En ese sentido, los fiscales se centraron en determinar si hubo o no irregularidades por parte del SPF para habilitar el encuentro entre legisladores y condenados. Lo importante era saber si se habían incumplido el reglamento de visitas.
Casi un año después de investigación, el fiscal Mola expresó que no se encontraban elementos para seguir investigando el Servicio Penitenciario Federal, organismo que permitió el acceso de los diputados al penal de Ezeiza.
Esta decisión se fundamentó bajo el argumento de que en realidad los legisladores de LLA no estaban realizando una visita, sino una "recorrida para verificar las condiciones de detención de los represores", razonamiento que también fue esgrimido por el grupo de diputados, una vez que se filtró la foto del cónclave.
Por otro lado, desde el SPF afirmaron que el Complejo VII de Ezeiza, donde se encuentran detenidos los represores con condenas por crímenes de Lesa Humanidad, "no requiere medidas de máxima seguridad" y que cuando se trata de una "recorrida" o "inspección institucional", la autoridad penitenciaria debe facilitar esta práctica, "debiendo prescindir de establecer diligencias innecesarias o solemnidades que obstaculicen su realización, limitándose a constatar la identidad y el cargo que detentan los funcionarios integrantes de la comitiva".
H.I.J.O.S Capital le puso nombre y apellido a cada uno de los que posaron en la foto. En cuanto a los represores que participaron de la visita, además de Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo allí se encontraban Antonio Pernías (alias “Trueno” o “Rata”), quien fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA, mientras que también se puede ver a Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo). En la segunda fila de la foto están Mario “El Cura” Marcote, miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario.
También están Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti; Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en ese mismo lugar; Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo y Julio César Argüello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”.
Además, en la foto se puede ver a Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor; Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA; Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo) y Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la ex diputada Victoria Donda.
El fallo declaró responsables a Iván Reyes y Norma Vega por homicidio culposo. Diego Román murió en 2019 tras ser atacado por unos diez perros en la localidad de Recreo.
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