El robo de 25 mil pesos y mercadería a un súper chino de Empalme Graneros el miércoles pasado derivó en la detención del custodio del comercio, un policía del Comando Radioeléctrico que quedó imputado de ser cómplice del golpe al facilitar el ingreso al local de tres ladrones que permanecen prófugos. El acusado, que está bajo licencia médica y vive a 60 metros del negocio, alegó que actuó contra su voluntad porque uno de los ladrones amenazó con matar a su familia si no se plegaba al atraco. "El imputado participó del hecho, se deberá discutir si fue coaccionado o no", dijo el juez que ordenó su prisión preventiva por 15 días tras imputarlo de robo calificado y privación ilegal de la libertad, ambos delitos agravados por su condición de funcionario policial.
El miércoles a las 20.45 el supermercado "Asia", en Génova 6361, fue blanco de un robo en el cual actuaron cuatro personas que se apoderaron de 25 mil pesos, 15 bolsos de mercadería y la documentación de los dueños: Lin Y. y Lili P., quienes fueron golpeados y amenazados de muerte tras ser maniatados.
Después de dos horas, y mientras los delincuentes estaban en el local, la pareja china se escabulló por un portón y corrió hacia Provincias Unidas, donde una patrulla de Gendarmería le brindó asistencia.
Con los maleantes en fuga en un Fiat Uno gris, las víctimas regresaron al negocio con policías y gendarmes. En esa circunstancia el agente del Comando Radioeléctrico Omar Abel C., de 27 años y que hacía adicionales de vigilancia en el súper, fue señalado por las víctimas de haber colaborado con los delincuentes flanqueandoles el ingreso.
El empleado policial quedó detenido y ayer fue acusado en Tribunales por la fiscal de Investigación y Juicio, Valeria Haurigot, para quien el agente redujo bajo amenazas con su arma reglamentaria y precintó las manos a Lin y Lili utilizando el conocimiento del lugar y los movimientos de los dueños.
Amenazado. Pero el imputado sorprendió al dar otra versión del hecho. Explicó que uno de los maleantes, conocido matón del barrio y ex empleado de la carnicería del súper, llegó al local y le dijo que le "limpiara" el lugar para robar. Y que si no lo hacía iba a matar a sus hijos y a su mujer.
"Estaba en la puerta del local. Eran las 20.30 y apareció Juan José Pelado R. Me dijo que le limpiara el local y que si no peligraba mi familia. Es un tipo que conozco del barrio y cuando amenaza cumple. Discutimos un poco pero me volvió a amenazar. «Dale, mirá que se que tu hijo va a la escuela a la mañana y también el horario que tu mujer se queda sola»", graficó el acusado.
Y agregó que R. "amenaza a los dueños de locales chinos con que les va a mandar a robar y les hace pagar un sueldo de 3.000 pesos". Además, contó, "manda papeles escritos en chino a supermercados para extorsionarlos. La noche anterior baleó el portón porque Lin se negó a uno de sus pedidos".
Después recordó la llegada del Fiat Uno gris del cual descendieron dos hombres que ingresaron al comercio y se plegaron a Pelado, quien le quitó su arma reglamentaria. "Yo sentí cuando cargó la pistola, amenazó a Lili y le dijo quedate tranquila. Le puso el precinto y cuando ella pasó al lado mío me preguntó: ¿Por qué me hacés esto? Yo le dije que tenía a toda mi familia amenazada".
Siempre tratando de ponerse en un lugar pasivo, el policía dijo que incluso trató de tranquilizar a la pareja. "Los dos quedaron en el fondo y Pelado volvió con una caja de dinero. Uno de ellos, Nico creo que se llama, me pidió que le ayudara a cargar la mercadería. Me dijo «dale gordo» y me apuntaba".
Después relató el momento en el que la pareja se escapó. "Escuchamos el ruido de un portón y sentimos que los chinos se habían escapado". Entonces, dijo, los maleantes le devolvieron la pistola y huyeron. Y que él intentó ir tras los pasos de Pelado pero no lo pudo localizar, regresó al súper y lo detuvieron. Finalmente se ofreció a colaborar con la investigación ya que conoce a los prófugos e insistió con el temor por la seguridad de su familia.
Contrapunto. La fiscal atendió a la teoría del imputado y prometió profundizar la investigación. Pero en base a los testimonios de las víctimas y un par de testigos, las actuaciones policiales y el registro de las cámaras del lugar y un domo municipal, ratificó la acusación.
En tanto, la defensora Marta Macat apuntaló el relato de su cliente, remarcó la vecindad entre empleado y empleador y el conocimiento del policía sobre las consecuencias que puede acarrearle un acto como el realizado. "Le pido al juez y a la fiscal que tengan en cuenta la voluntad de colaborar que exhibió mi cliente sobre las identidades de quienes cometieron el atraco. A todos nos crea un mar de dudas su verdadera participación, no fue él quien le puso la pistola en la cabeza a los chinos y los precintos. Si media hora antes manejaba las cámaras de seguridad, cómo iba a actuar a cara descubierta", indicó Macat.
Luego de los contrapuntos entre fiscalía y defensa el juez Gustavo Pérez de Urrechu entendió que estaban reunidos los requisitos para aceptar la imputación fiscal. "El imputado participó del hecho, se deberá discutir si fue coaccionado o no". Y ordenó la prisión preventiva del joven policía durante 15 días. Cuando se vuelva a revisar la situación procesal de Omar Abel C., Haurigot deberá mostrar las evidencias para sostener su acusación del hecho además de profundizar la línea ofrecida por el imputado.
Rechazan hábeas corpus por arrestos en una protesta
La Cámara Penal rechazó por "improcedente" el hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal que cuestionó la legalidad de la detención de un grupo de personas que se manifestó frente a la oficina de la Fiscalía de Homicidios el pasado 10 de junio.
Aquel día los familiares de jóvenes asesinados por personal de fuerzas de seguridad se presentaron frente a la Fiscalía de Homicidios, donde una quema de cubiertas obligó a los empleados a encerrarse en sus oficinas. Luego de algunos minutos, la protesta fue disipada con la llegada de policías de Infantería que se llevaron detenidos a 17 manifestantes, liberados poco más tarde.
La defensa pública cuestionó a través del hábeas corpus la legalidad de las detención de esas personas y al fiscal que las ordenó. Un juez de primera instancia rechazó el recurso pero el defensor regional decidió apelar la resolución, que revisó ayer el juez de la Cámara Penal Guillermo Llaudet Maza.
Si bien ante la alegada vulneración de derechos hizo aclaraciones sobre el necesario control de legalidad de las detenciones, recalcó "la luz que aporta la ley 23.098", que modera sobre la aplicación del hábeas corpus para preservar la libertad ambulatoria cuando la afectación proviene de una autoridad pública.
En una audiencia celebrada ayer, de un lado estuvo del defensor general Gabriel Ganón, y del otro el fiscal regional Jorge Baclini, rodeados de al menos 20 personas que se manifestaron ese día y unos 10 fiscales. El fiscal Alvaro Campos, a cargo de las actuaciones de la protesta, explicó su intervención en los incidentes y la decisión de detener a los manifestantes.
Tras un intercambio entre Ganón y Baclini, Llaudet Mazza interpretó que más allá de las valoraciones y detalles de cada parte (declararon dos empleados de fiscalía y dos por los manifestantes), los daños, la quema de cubiertas y las acusaciones, "no creía que ninguna de las personas no supiera porque la habían detenido. A las diez horas las habían liberado y devuelto las pertenencias. No puede darse esta discusión acá", dijo el camarista.
Sin embargo, antes de resolver el rechazo por improcedente, remarcó que "siempre quedan discusiones pendientes. Esto no quiere decir que se niegue el control de las detenciones". Tras la resolución, Baclini recordó que recientemente la Corte confirmó la potestad de los fiscales para disponer detenciones (ver página 35). De inmediato Ganón le replicó que no era "la potestad" lo que cuestionaba, sino "la legalidad" de las órdenes de detención, y dejó reserva de ir en queja a la Corte.
