El juez de Cámara de Rosario, Gustavo Salvador, resolvió este viernes otorgar la libertad bajo fianza a los cuatro exdirectivos de Vicentin que estaban detenidos desde marzo. Pese a que estarán en libertad, los ejecutivos seguirán bajo investigación por el desvío de fondos de la empresa para cubrir gastos personales.
Los exdirectivos de Vicentin Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze estaban en prisión desde marzo pasado, acusados de ser los jefes de una asociación ilícita integrada también por otros 15 miembros. Los jerarcas de la cerealera fueron apresados tras un operativo que incluyó 20 allanamientos simultáneos en la región y en Buenos Aires en el marco de la causa por vaciamiento y estafas contra la agroexportadora.
La resolución del juez fue tomada tras la audiencia de revisión solicitada por la defensa de los acusados, que planteó cuestionamientos contra los fundamentos con los que se había dispuesto la prisión preventiva por 120 días dictada por el juez de primera instancia. La Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió excarcelar a los cuatro exdirectivos tras el pago de una fianza individual de 1 millón de dólares. Aunque recuperaron su libertad, la causa judicial por delitos financieros se mantiene firme, y los imputados enfrentan restricciones que incluyen la prohibición de contacto con otros integrantes de la empresa y con los acreedores, así como la imposibilidad de salir del país.
La causa Vicentin
Los fiscales denunciaron en diciembre de 2023, que antes de que se consumara la cesación de pagos de Vicentin, se conformó una asociación ilícita destinada a ocultar a productores y bancos la verdadera situación financiera y seguir así sacándoles plata y mercadería. Y denunciaron que esa organización siguió funcionando después del default y luego de que formalmente cambiara el directorio, con la intención de consolidar el delito.
A través de distintas maniobras que imputaron como administración fraudulenta, entre fines de 2019 y fines de 2024, los cuatro exdirectivos fueron responsables de una erosión en el patrimonio de la concursada de 890 millones de pesos actualizables. A valores actuales, unos $ 6 mil millones. Esas maniobras se realizaron, según la fiscalía, por la vinculación de los exdirectivos detenidos con la estructura del directorio surgida luego de la crisis de pagos de diciembre de 2019.
Si bien el juez Salvador no revocó las imputaciones, habilitó la excarcelación a cambio de una caución económica de 1 millón de dólares. La fiscalía aún no se pronunció respecto de si apelará o no el fallo de la Cámara.