Los usuarios de la autopista Rosario-Córdoba no tuvieron que rehusarse a pagar el peaje como protesta por el mal estado del corredor. Ayer, pasado el mediodía, se encontraron directamente con las barreras levantadas y carteles que les decían "pase". Pero no fue a causa del intenso reclamo que se viene haciendo para que se arregle el controvertido tramo entre los kilómetros 336 y el 314. Ayer, la Municipalidad de Carcarañá dispuso la clausura de las cabinas de peaje que se levantan en su jurisdicción hasta tanto la empresa Corredor Panamericano se inscriba como contribuyente y abone una deuda que le reclama el municipio por derecho de registro e inspección impagos, que superaría el millón de pesos.
Mientras tanto, el diputado nacional Luis Contigiani reclamó que se declare la emergencia vial en la autopista en el tramo entre los ingresos a Roldán y Carcarañá, y que se inicien los trámites para la revocación de la concesión del corredor F, actualmente en manos de la empresa Corredor Panamericano II, por "incumplimiento manifiesto del contrato".
La clausura fue dispuesta por la intendenta de esa ciudad, Verónica Schuager, después de "vencidos los plazos legales para reclamar administrativamente una deuda por la que el municipio viene intimando desde hace siete meses", como le dijo ayer a La Capital en su despacho de la Intendencia.
La funcionaria explicó que se le viene pidiendo a Corredor Panamericano que se inscriba como contribuyente en la Municipalidad, y que tribute el Drei. "Pero no lo han hecho, y los tiempos de cumplimiento legal nos obligan a actuar ahora", dijo, Y aclaró que "lo hubiésemos hecho igual si la traza hubiese estado en buenas condiciones. Y si hubiese estado habilitada no tendríamos garantías de que el tramo entre Roldán y Carcarañá esté en buenas condiciones".
Lo cierto es que ayer al mediodía, personal del municipio procedió a clausurar la estación (una de las dos que hay en el corredor, la otra está en James Craik), puso fajas en las cabinas y los carteles indicando el paso, con las barreras levantadas.
"Ante el incumplimiento de la ordenanza municipal Nº 1.982/10 referente a habilitaciones, y el decreto 137/17 sobre el mismo tema, se procede legalmente a la clausura de la estación de peaje ubicada sobre el corredor correspondiente a la autopista Rosario-Córdoba (Carcarañá) y su jurisdicción", dice el comunicado oficial fechado ayer. "Adicionalmente a esta acción se sobreponen la carencia inherente a la falta de seguridad que presenta el corredor mencionado, que en repetida oportunidades se viene reclamando a la empresa desde junio de 2018, sin haber recibido a la fecha respuesta positiva alguna a dicho pedido".
LaCapital estuvo en el lugar. En medio de un sol que partía la tierra, las cabinas quedaron desiertas. Dentro de las oficinas, los empleados hacían tiempo mientras que representantes de la empresa permanecían reunidos a puertas cerradas con los de la Municipalidad.
Al término de ese cónclave, Juan Manuel Alvarez, vocero de la firma, aseguró que la deuda que les reclaman "fue generada por la concesionaria anterior por falta de pago del Drei. Nosotros recibimos la documentación del municipio, pero ahora nuestros técnicos están analizando si estas exigencias administrativas se enmarcan en el contrato de Participación Público Privada (PPP) con el cual se rige esta concesión".
Respecto del estado de la autopista, sobre todo en el controvertido tramo que es objeto de tantos reclamos, el directivo aclaró que "la obra también era responsabilidad del anterior contratista, que debió haberla entregado en octubre de 2018. Nosotros cumplimos los pliegos, desde la empresa hay trabajos de mejoramiento proyectados, pero necesitamos que Vialidad Nacional nos habilite a actuar", aclaró.
Con respecto a las responsabilidades en los pagos, Schuager reconoció que Cinco Vial (anterior concesionaria) abonó el Drei durante el tiempo que explotó el corredor. "Ocurre que cuando dejó de operar, no dio de baja a la actividad, y ahí se generó la deuda, pero también es cierto que el nuevo concesionario no dio el alta. Jurídicamente, quizás correspondería actuar contra Cinco Vial, pero aquí hay una responsabilidad frente al fisco que quien continúa con la explotación debe cumplir", advirtió. Y abundó: "Nosotros hicimos una acción contra la anterior, pero a Corredor Panamericano lo clausuramos porque está trabajando en nuestro distrito sin tener la autorización correspondiente. Desde septiembre empezamos con notificaciones, correos, cartas documento, y en diciembre comenzamos con las acciones legales".
Al respecto la intendente dijo: "Esperamos hasta último momento, pero ellos sabían que podía venir una clausura. Creo que lo subestimaron, no pensaron que íbamos a llegar a esta situación. Nunca nos respondieron nada, ni siquiera que no pagaban porque consideraban que no les correspondía. Cuando informamos que íbamos a llevar adelante la clausura, la parte legal de la empresa se comunicó con la de la Municipalidad, tratando de impedir que se llevara adelante esa acción, pero sin argumentos para evitarlo. Y recién hoy (por ayer) vino un representante desde Rosario, que no está tan lejos de Carcarañá como para no haber venido antes"
En Diputados
Mientras tanto, el diputado Contigiani presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para que declare la emergencia vial y para que revoque la concesión del corredor F.
Contigiani recordó que Corredor Panamericano II es una firma del grupo Corporación América (Eurnekian) que se hizo cargo de gestionar la concesión del corredor vial el 1º de julio de 2018. "Entre sus obligaciones está la de administrar, reparar, mejorar, conservar, ampliar, remodelar y explotar un total de 634 kilómetros constituidos por la ruta nacional Nº 9 entre Rosario y Pilar, en Córdoba. Dicha concesión administra además la ruta nacional Nº 33 entre Rosario y Rufino".
El legislador indicó que el contrato incluía el compromiso de construir la autopista Rosario-Rufino y realizar una serie de mejoras sobre la ruta 9. "Según información brindada por la concesionaria, los dos proyectos serían llevados adelante por Corredor Panamericano II" asociada con otras empresas, algunas extranjeras. "Luego se sumó la información de que la obra de la autopista ser realizaría bajo la modalidad PPP, contrato que ya se encuentra firmado", dijo. Y acusó: "Ambas obras, autopista y mantenimiento, deberían haber comenzado en octubre".
Tras enumerar los múltiples reclamos que hubo por el mal estado de la autopista y de la ruta 9 sin que haya respuestas, Contigiani consideró que "estas nulas respuestas por parte de los responsables provocan casi una virtual rebelión civil que ha llevado a que cada vez más ciudadanos se nieguen a pagar el peaje".
Los reclamos siguen
Esa "rebelión civil" a la que se refería el legislador se vio reflejada en los últimos días, en que los usuarios se negaron a pagar el peaje y registraron sus acciones en videos que se multiplicaron las redes sociales.
En las imágenes se puede ver cómo los conductores arriban a la cabina de peaje y, tras dar su nombre, señalan que no pagarían debido al pésimo estado de la traza. El operador levanta la barrera y los deja pasar, sin exigirle que abonen la tarifa de 55 pesos
La situación generó distintas acciones, tanto de organismos oficiales como de organizaciones no gubernamentales. Sólo el Concejo de Cañada de Gómez ya lleva acumulados 20 reclamos, no solamente por la autopista en el tramo desde Carcarañá a Rosario, sino por la ruta 9, desde Tortugas hasta Rosario, tal cual lo reveló la titular del cuerpo deliberante, Carina Mozzoni.
A principios de febrero, el defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, reiteró el pedido a Vialidad Nacional y a la concesionaria para que tomaran acciones ante el estado de la ruta nacional 9 (Aurc), autopista a Córdoba, en el tramo entre Carcarañá y Roldán.
En tanto, el abogado Luis Rossini, letrado que inició una campaña para llevar a la Justicia el reclamo de los usuarios de la traza vial, señaló que, junto a un grupo de colegas, está juntando firmas para realizar una demanda legal que denuncie el pésimo estado de la autopista a Córdoba.
No obstante, desde la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), aclararon que los usuarios están representados legalmente a partir de la presentación hecha por esa entidad ante la Justicia Federal, para que obligue a Vialidad Nacional a reparar y señalizar "en forma urgente" la doble traza, con especial énfasis en el tramo comprendido entre los kilómetros 336 y el 314.
