Más de 20 agrupaciones se movilizan en Rosario en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) en reclamo de una nueva ley de drogas el fin de la persecución penal de consumidores de marihuana y de la violencia institucional hacia quienes plantas cannabis. La jornada concluirá en el parque nacional a la Bandera donde se leerá un documento, habrá shows y una feria cannábica.
La marcha en Rosario se replica en distintos puntos del país. En Rosario, la convocatoria fue en la Plaza San Martín pasado el mediodía y luego las distintas agrupaciones, alrededor de 5 mil personas, comenzaron a marchar por calle San Lorenzo con dirección hacia el Monumento a la Bandera.
A la vera del Paraná, el grupo de manifestantes se reunirán en torno al escenario principal donde se leerá un documento en conjunto para reivindicar la lucha de la Asamblea Cannábica de la Región Rosario. Luego habrá paso para el arte con recitales de Chicle Dinamita, Lima Sur y Decadencia, Djs en vivo, mesas con información sobre el cannabis y la tradicional feria de emprendedores. La comunidad de Argentina caminará las calles del país bajo el lema “Por una nueva ley de drogas con perspectiva de derechos humanos. ¡Basta de personas presas por marihuana!”.
Reclamos por una nueva ley de drogas
Según advierte la convocatoria a la movilización, ya pasaron más de 35 años desde la sanción de la ley de drogas y, en la actualidad, la comunidad cannábica argentina continúa siendo criminalizada "por esta normativa gestada en el sistema prohibicionista, anacrónico, inconstitucional, patriarcal y sin perspectiva de derechos humanos, que sólo favorece al narcotráfico".
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Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
En Rosario se manifestarán desde usuarios, cultivadores, organizaciones sociales y cuidadores, activistas de diversos sectores sociales, profesionales de la salud y demás integrantes de la comunidad. Las voces reclamarán una actualización en la ley 23.737, creada hace más de 35 años y que “sigue encarcelando, estigmatizando y empujando a la clandestinidad a miles de personas, especialmente a sectores populares, racializados y feminizados”.
La asamblea apuntó que la ley 23.737 criminaliza a cultivadores y jóvenes de barrios populares “sometidos a detenciones arbitrarias, requisas violentas y causas por tenencia mínima”. También madres cultivadoras para el cuidado de sus hijos, familias o usuarios terapéuticos, que a pesar de la ley de cannabis medicinal Nº 27.350 “enfrentan trabas burocráticas y riesgo de encarcelamiento”.
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Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Argentina cuenta con dos leyes de cannabis: la Ley de Cannabis Medicinal la de Cannabis y Cáñamo Industrial (27.669), pero se ven golpeadas por “las restricciones impuestas por el gobierno central al Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann), Instituto Nacional de Semillas (Inase) y Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) han llevado a diversas provincias y ciudades a crear sus propias normativas. Algunas de estas regulaciones responden a las necesidades de la comunidad cannábica, mientras que otras parecen ignorarlas por completo”.
Críticas de la Asamblea Cannábica de Rosario
Entre los reclamos, la asamblea de Rosario pedirá por “una nueva ley de drogas integral; Fin de personas presas por marihuana; amnistía general y reparación histórica para todas las personas criminalizadas por marihuana; retroactividad de la ley 27.350, sobreseimiento y cancelación de antecedentes penales y reparación económica para las víctimas del prohibicionismo; regulación federal, cooperativa y comunitaria del cannabis; reconocimiento del trabajo digno del sector; acceso gratuito a estrategias de reducción de riesgos y daños; fin de la violencia institucional a quienes plantamos identidad; capacitación obligatoria y con perspectiva de derechos humanos para todas las fuerzas de seguridad, el poder judicial, legislativo y ejecutivo; y producción y difusión pública de información científica, empírica y culturalmente situada sobre todas las sustancias”.
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Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
En la edición del año pasado, las organizaciones denunciaron un “marcado retroceso” en cuanto a las políticas que se llevan adelante desde el Registro del Programa Cannabis (Reprocan), apuntaron que sigue aumentando la cantidad de detenciones a diferencia de otros años y que las áreas de consumos problemáticos están cada vez más desfinanciadas en función de la tercerización de estos dispositivos.
“Estamos en pleno proceso de retroceso respecto lo que se había logrado con el Reprocann y algunos derechos adquiridos en materia de autoconsumo y cultivo, herramienta que está dejando de funcionar a raíz de las políticas del nuevo gobierno”, comentó a La Capital en esa ocasión Ignacio Canabal, miembro de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac).