Rectores, docentes, investigadores y estudiantes de universidades públicas de todo el país presentaron este miércoles en el Congreso nacional el proyecto de ley de financiamiento universitario que busca garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior argentino. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, integrante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue de la partida. La iniciativa contempla reapertura de paritarias, indexación salarial y suba de los gastos de funcionamiento.
Según trascendió, oposición buscará que el proyecto se trate en comisiones el 10 y 11 de junio. Tras ser dictaminado, la iniciativa llegaría al recinto el 19, con una mayoría para la aprobación. De sancionarse una ley, Milei podría vetarla justo al inicio de la campaña electoral.
El texto se suma a otros cinco proyectos ya presentados, entre ellos el de Danya Tavela (DPS) y Maximiliano Ferraro (CC), pero incorpora nuevas propuestas: un refuerzo al sistema de becas, la creación de un fondo para carreras estratégicas y la exigencia de aumentar el presupuesto educativo en relación al PBI.
El plenario tuvo la presencia de los bloques de la oposición: Encuentro Federal, Unión por la Patria, DPS, CC y la izquierda.
La postura del rector de la UNR
Para Bartolacci, la ley de financiamiento tiene una importancia vital para el sistema de educación universitaria, ya que "resuelve de manera estructural el problema del financiamiento y evita la discrecionalidad, la incertidumbre y la falta de transparencia en la asignación de recursos".
La ley fue aprobada a fin de septiembre del año pasado y vetada pocos días después por el presidente Javier Milei argumentando que la iniciativa carecía de "previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento". Desde entonces, advierte Bartolacci, la situación de las universidades en relación a lo presupuestario no hizo más que agravarse.
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"Al menos en tres dimensiones -la salarial, la de presupuesto de funcionamiento y la situación del sistema científico-, atravesamos una situación un poco más compleja que la del año pasado. La situación salarial es la más angustiante. El 80 por ciento del personal docente y nodocente de todas las universidades percibe hoy un salario por debajo de la línea de pobreza. En presupuesto para funcionar, la cuota de gastos de funcionamiento, aún con los incrementos que ha tenido, tiene un desfasaje del 100 % respecto de la inflación registrada desde diciembre del 2023 hasta la fecha. Y el sistema científico atraviesa un estado crítico", explicó.
De acuerdo a los números del rectorado, un docente que recién se inicia cobra unos 150 mil pesos por mes, un nodocente inicial jornada completa alrededor de 650 mil pesos, un profesor titular con 20 años de antigüedad, a cargo de cátedra, algo más de 300 mil pesos. "La situación es muy precaria y, si bien es cierto que en muchos períodos no ha estado como debía, nunca estuvo tan mal como ahora", sintetiza Bartolacci.
En cuanto al sistema de ciencia y técnica, considera, "el desfinanciamiento es aún mayor, la mayoría de los programas están cortados y está en serio riesgo la continuidad de líneas de investigación y la posibilidad de retener recursos humanos de excelencia para los que la Nación ha invertido mucho en su formación".
La UNR, un caso más
Como contó La Capital, la UNR no está exenta de esta realidad. "Con el agravante de que es una de las Universidades más grandes del sistema, con mayor cantidad de edificios, muy distribuidos geográficamente y muchos de ellos históricos por lo que exigen mayor mantenimiento", apunta Bartolacci.
La restricción presupuestaria, dice, se nota en esa infraestructura. Ya sea en "la posibilidad de mantener en óptimo estado los edificios y el equipamiento tecnológico", como en la necesidad de "garantizar una inversión mínima y sistemática". A esto se suma que "la UNR atraviesa en estos últimos años un proceso de expansión y crecimiento inédito, consecuencia del esfuerzo de su comunidad, con nuevas carreras, récord de inscriptos, nuevas escuelas y este contexto genera muchas dificultades de diverso tipo para sostener todo lo que hacemos".
La ley de presupuesto se definió en el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a recetores de todas las Universidades públicas del país, y se construyó con el aporte de toda la comunidad universitaria y científica del país que sumaron sus preocupaciones, propuestas e inquietudes a las de las autoridades para sintetizar la propuesta que llegará a la Legislatura.
Bartolacci destaca que la norma busca resolver "de manera estructural el problema del financiamiento y evitar la discrecionalidad, la incertidumbre y la falta de transparencia en la asignación de recursos". El proyecto de ley, afirma, "es responsable porque no compromete fiscalmente al Estado, es razonable porque otorga una solución atendiendo la situación que atraviesa la Argentina y es necesario para recuperar certidumbre y previsibilidad, para garantizar el piso mínimo indispensable que necesitan las Universidades para el normal desarrollo de sus actividades".
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En sus artículos, el proyecto de ley busca garantizar la inversión pública en educación superior, defender la gratuidad, el acceso, la permanencia y la calidad de las universidades, además de establecer mecanismos de actualización del presupuesto que contemplen la realidad económica del país.
También los estudiantes
“En un contexto de crisis presupuestaria, con universidades al límite y estudiantes con enormes dificultades para sostener sus estudios, esta ley representa una herramienta fundamental para defender la educación pública y proyectar un sistema universitario a la altura de las necesidades del país”, sostuvo Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
La FUA es una de las organizaciones que convocó a acompañar la presentación de la iniciativa este miércoles. Durante la jornada, se realizará una concentración frente al Congreso, con la presencia de estudiantes de todo el país. Además, la federación llevará adelante un streaming abierto, para que estudiantes, docentes y toda la comunidad universitaria puedan seguir el tratamiento y los discursos en vivo.
“Desde la FUA decidimos transformar la bronca y la angustia en organización y propuesta. No alcanza con denunciar: hay que disputar el rumbo del sistema universitario con iniciativas que garanticen su sostenibilidad. Por eso presentamos esta ley y convocamos a toda la comunidad educativa a hacerla propia”, consideró el presidente de la agrupación que representa a los alumnos de las universidades públicas.
Y advirtió que "en el marco del conflicto universitario que atraviesa el país, esta iniciativa representa una respuesta concreta desde el movimiento estudiantil para construir una solución estructural y duradera en defensa del sistema universitario público".
