Inseguridad: de esto no se habla

Cuando hace unos años visitó la Argentina uno de los asesores del ex intendente de Nueva York Rudolph Giuliani, le preguntaron cómo de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, la Gran Manzana se había convertido en muy segura y si ese ejemplo podría imitarse en este país. La respuesta del norteamericano fue inquietante porque cuando supo de la dimensión de la corrupción en las fuerzas de seguridad y en el Estado, anticipó grandes complicaciones para producir cambios significativos.

Giuliani redujo el crimen en un 65 por ciento durante sus dos mandatos (1994/2001) como alcalde de Nueva York. Quienes conocieron esa ciudad en la década de los 80 y han regresado años después no hace falta mostrarles las estadísticas. A simple vista se observa un cambio notable en las calles donde a cualquier hora se puede caminar con tranquilidad.

Tiempo después de dejar su cargo de intendente, Giuliani fue entrevistado por la periodista Any Ventura, de la revista de diario La Nación, y produjo algunas definiciones interesantes. "Siempre hay una relación entre política y seguridad, porque la seguridad en gran medida está provista por el Estado. Es muy importante separar la política de la seguridad. En Estados Unidos, yo he trabajado en hacer cumplir la ley más que en ninguna otra cosa. Hay gente que describe mi programa para Nueva York como "tolerancia cero", pero no es así; yo lo llamé Programa de Calidad de Vida, y eso tuvo mucha resistencia política", recordó.

Sobre la corrupción de las fuerzas de seguridad en Nueva York, Giuliani dijo que trabajó mucho en ese tema. "Nosotros tuvimos un problema de corrupción en el Departamento de Policía. No sé si fue más o menos grave que el problema en Argentina, pero teníamos muchos policías que recibían dinero de narcotraficantes y de gente que estaba en el negocio del juego ilegal y la prostitución. Se creó una comisión que investigó y yo fui el fiscal de muchos de los casos. Se sacó a la luz toda esta corrupción, −agregó− y eso ayudó mucho porque los agentes de policía más corruptos son los más activos, los que consiguen dinero invadiendo los antros de prostitución e involucrándose en el juego ilegal: arrestan a los responsables, que les pagan para que dejen de arrestarlos y son los que se ocupan de interferir las operaciones de los narcotraficantes", explicó.

Lo que no dice Giuliani es que su política contra el crimen tuvo denuncias por abusos contra las comunidades afroamericanas y latinas. También que la ciudad de Nueva York destinó grandes recursos económicos a programas contra la inseguridad en medio de un país que crecía a buen ritmo durante las administraciones de Bill Clinton.

Las claves para contrarrestar el delito parecen estar ligadas a una fuerte inversión del Estado para rehacer sus fuerzas de seguridad, dotar a la Justicia de recursos y la transparencia de la política y del sector privado. Todo, en un marco de reducción de la marginalidad en base a programas sociales de educación y empleo. No hay misterios.

Los partidos. Rosario no es Nueva York, sus presupuestos son distintos y la problemática de la inseguridad seguramente tiene orígenes y motivos disímiles. Sin embargo, una provincia como Santa Fe, con un presupuesto para este año de 103 mil millones de pesos cuenta con fondos suficientes para encarar una reforma estructural del Estado que confluya en una disminución del delito y en mejoras en las condiciones de vida de su escasa población de casi cuatro millones de personas en un territorio de casi la mitad que Italia, país que nos duplica en superficie pero tiene 60 millones de habitantes.

La problemática de la inseguridad no es responsabilidad de un solo gobierno, sino de la de todos los que desde la reinstauración de la democracia en 1983 hasta hoy no han sabido o querido implementar políticas de Estado más equitativas ni ponerse en conflicto con los factores de poder que presionan a los gobiernos.

El peronismo, que se presenta siempre como adalid de los trabajadores, gobernó esta provincia durante 23 años sin haber podido disminuir los índices de pobreza ni marginalidad, pero sí mantuvo intactos los privilegios de la clase política, que en un sentido amplio incluye a los tres poderes del Estado.

El socialismo, heredero de Alfredo Palacios, va por su noveno año en la Gobernación y tampoco parece poder torcer el rumbo de todo un esquema estatal que es funcional a mantener sin cambios el mismo camino de deterioro de una sociedad cada vez más pobre y violenta.

El radicalismo, integrante de un Frente Progresista que cruje, se ha amparado bajo la sombra del socialismo para no desaparecer y lograr cargos en el gobierno y en las cámaras. Ahora, un sector que percibe que esa alianza deja de dar réditos, se hace más conservadora por conveniencia y pretende sumarse al PRO, cuyo destino en la provincia está atado a la gestión de Macri a nivel nacional.

En este contexto de "realpolitik" criolla no es fácil que una provincia avance.

Privilegios y dudas. Si se considera que los recursos económicos son los que pueden hacer que la inseguridad disminuya a partir del abordaje de lo social, la transparencia y la inversión en organizar una nueva fuerza de seguridad bien dotada y mejor paga y con una Justicia sólida, los propios partidos políticos deberían comenzar con la tarea. En esta provincia, como en el resto del país, la financiación de las campañas políticas es un secreto infranqueable. Muchas agrupaciones políticas tienen problemas para justificar esos fondos que, probablemente, vengan de un circuito marginal de la economía que nadie quiere declarar y que probablemente bordean la ilegalidad. Una vez en el gobierno, los aportantes, sean anónimos o con nombre y apellido, comienzan a "facturar" la contribución, con lo que condicionan las políticas de Estado.

El déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia es otro pozo negro de las finanzas públicas. Siempre resistida a pasarse al ámbito nacional porque implica topes a las remuneraciones, todos los santafesinos pagan decenas de jubilaciones de países ricos, no de la Argentina, que tiene millones de personas que viven en la pobreza. Y los sueldos de los miembros del Poder Judicial en actividad, que no pagan impuesto a las Ganancias, se "enganchan" con los aumentos nacionales alcanzando salarios increíbles. En medio de esta realidad, en la provincia no están cubiertas aún 50 fiscalías vacantes y aun cuando se completen, son insuficientes comparadas con otros países que mantienen más controlado al delito.

La Legislatura provincial es otro ámbito difícil de entender en el dispendio de fondos y nadie quiere tomar la decisión de intervenir porque a través de décadas ha sido usada en beneficio de todos, para que nadie nunca se queje. Desde cargos por amiguismo o conveniencia política hasta los actuales subsidios que cada senador maneja mensualmente, nada parece tener rigurosidad a la hora del control de los fondos y recursos que se escapan. Las mismas dudas en el dispendio de fondos recaen sobre los cuerpos legislativos municipales.

La policía configura un caso aparte porque es, sin dudas, gran parte del problema. En estos días se desarrolla en Rosario un juicio oral contra un comisario y varios suboficiales acusados de haber montado una organización para delinquir a través de la extorsión o el robo. En lugar de combatir el delito, actuaban como delincuentes y donde operaban era una verdadera zona liberada. Uno de los fiscales que pidió severas condenas a todos los imputados explicó el caso de la siguiente manera: "El modo en que se organizaban los policías se corresponde con una asociación ilícita por cooptación de un aparato de poder. Es un tipo de asociación ilícita institucional y se caracteriza porque reposa sobre redes preestablecidas como una comisaría", dijo, para inmediatamente agregar: "Estas formas de delincuencia agrupada permiten reflejar durante largos períodos una legalidad aparente. Junto al andamiaje legal hay un andarivel paralelo donde transitan las ilegalidades. La coexistencia de lo legal e ilegal permite que se confundan las reglas y relaciones de lealtad y sumisión", explicó.

Desde el sector privado, hay tantas responsabilidades como desde el Estado. Por ejemplo, la acción de los lobbies aceiteros para que las empresas agroexportadoras no paguen impuesto a los ingresos brutos, como sí abona hasta un pequeño kiosco, es inadmisible. El proyecto de ley presentado durante una de las gestiones socialistas para cobrarles el impuesto nunca prosperó legislativamente. ¿Hubo alguna manera de presión a la Legislatura provincial?

Resultados. La lista de recursos que la provincia pierde o deja de percibir es mucho más extensa y seguramente alcanzaría con abundancia para una reforma integral de las fuerzas de seguridad y para dotar al Poder Judicial de las herramientas necesarias para perseguir al delito, sobre todo el narcotráfico, que en las últimas décadas se instaló en la provincia y en todo el país como un negocio redituable para narcos y fuerzas corruptas que deberían combatirlo.

Decisión política, reforma integral del Estado y transparencia en el manejo de los recursos públicos harán probablemente no sólo una provincia más segura sino también socialmente más equilibrada.