El sobreseimiento de 43 personas que habían sido imputadas en el marco de la causa penal impulsada por la Municipalidad por los incendios en las islas no dio por terminado el trámite jurídico. En primer lugar, porque el fiscal federal Claudio Kishimoto, a cargo de la investigación, apeló dicha resolución del juez federal de Paraná Daniel Alonso y, además, porque tanto la Municipalidad como una asociación civil que impulsó otra demanda por el mismo tema y que se constituyó como querellante en el proceso en cuestión acompañan el recurso presentado por la Fiscalía. Además, la asociación pedirá que se amplíe la investigación en relación a otras afectaciones al territorio, como la construcción de terraplenes, y al mal desempeño de las autoridades. A su vez, Kishimoto, en recurso presentado, anticipó que en caso de que la medida no prospere recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el escrito que presentó para apelar la decisión del juez Federal de Paraná Daniel Alonso con la que sobreseyó a 43 propietarios de campos en donde se desarrollaron algunos de los incendios que se repitieron casi sin control entre 2020 y 2022, Kishimoto tomó como argumentos varias cuestiones para mostrarse en disconformidad con la resolución.
Entre ellos, citó, referido al daño ambiental producido por los incendios, que Alonso, en su resolución, “olvida mencionar que en materia de daño ambiental adquiere relevancia manifiesta la conducta omisiva, al lado de la activa o positiva”.
Argumentos del fiscal
El fiscal se había mostrado sorprendido por la resolución del juez, sobre todo respecto al sobreseimiento por las imputaciones de carácter culposas.
"No se los vio prendiendo un fósforo en ese lugar pero sí hay una conducta negligente que, para nosotros, está acreditada. Dijeron saber sobre actitudes ilegales en las islas, pero no hay denuncias y eso es lo que más me preocupa. Es una actitud de que no les importa que les afecte su propiedad pero también están afectando a la propiedad o a la salud de otra gente. En los dichos de estas personas está la llave de que esto es un obrar negligente", resaltó Kishimoto, en diálogo con LT8.
A ello, el fiscal sumó, entre sus argumentos, otras cuestiones como la contaminación del aire. En este punto, citó al Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Granadero Baigorria, que llegó a tener registros de material particulado en el aire que cuadruplicaron el máximo permitido (50 microgramos de partículas por metro cúbico) por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que convirtió a la ribera del sur de Santa Fe en un punto con alta toxicidad en el aire.
Humo, accidentes y muertos
También incorporó como argumento el humo que se desplazó hacia diversas rutas y autopistas, que dificulto seriamente la visibilidad.
Para ello, el fiscal se valió de notas presentadas por el Escuadrón Núcleo 46 "Rosario-Victoria" de Gendarmería Nacional, que dieron cuenta que el humo, sumado a la neblina matinal, disminuyó considerablemente la visibilidad para los vehículos que usaron la traza al momento del desarrollo de los incendios.
“En tales oportunidades, dicha fuerza (en referencia a Gendarmería) destaca la complejidad que implica verificar su origen y actuar en consecuencia, y señala que no cuenta con los medios logísticos y el personal idóneo para llevar a cabo trabajos de investigación de esa índole, limitándose a brindar apoyo en lo que respecta a seguridad vial”, mencionó en la apelación.
El 19 de agosto del 2022, esta situación derivó en un importante accidente en esa traza que dejó dos choferes muertos luego de que dos camiones chocaran de frente en la ruta nacional 174, que une Rosario con Victoria. En ese momento, tanto el entonces jefe de Bomberos Voluntarios de Victoria, Diego Romero, como diversos testigos indicaron que el accidente se desarrolló en buenas condiciones de visibilidad. Sin embargo, los registros fotográficos tras el choque muestran una ruta completamente tomada por el humo que, incluso, obligó a cerrar el paso de vehículos.
Uno de los camiones que chocaron de frente el 19 de agosto del 2022 a pocos kilómetros del puente Rosario-Victoria, en medio de una nube de humo proveniente de los incendios en las islas.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Un mes atrás, el 20 de julio del 2022, se dio un hecho similar en la autopista Rosario-Buenos Aires que también dejó víctimas fatales. En ese caso también hubo dos fallecidos bajo condiciones de visibilidad muy complejas ya que el humo y la neblina hacían casi imposible el tránsito. Fueron dos accidentes que ocurrieron entre el kilómetro 238 y el 245, tramo que va de Villa Constitución a San Nicolás.
Uno de los vehículos involucrados en el fatal accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires en julio del 2022, con el humo y la niebla como protagonistas.
El entonces jefe de los Bomberos Voluntarios de Villa Constitución, Gerardo Perazzo, detalló que en la autopista había mucha niebla pero no podía confirmar que hubiera humo entremezclado. Un automovilista relató a un móvil de LT8 que al abrir la ventanilla se sentía “un fuerte olor a humo”.
Ampliación de la investigación
Desde la Municipalidad adelantaron a La Capital que acompañan la presentación del fiscal y también se mostraron sorprendidos por la resolución del juez Alonso. Voceros consultados al respecto hicieron hincapié en la cantidad de pruebas que presentaron y que, según esgrimieron, no fueron tenidas en cuenta.
Y remarcaron que la georreferenciación que se puso en discusión por parte de los titulares de los campos apenas si configuró un dato para denunciar los incendios y situar los focos. También cuestionaron que se tomaron como ciertos los testimonios de quienes fueron sobreseídos sin pedir pruebas de esas declaraciones ni se exploraron posibles nuevas hipótesis.
Por su parte, desde la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que tiene una demanda vigente en el fuero civil contra la mayoría de las personas sobreseídas y es querellante en la causa penal por la que ya fueron sobreseídos esos mismos actores y en la que ahora hay una apelación presentada, anticiparon que pedirán una ampliación de la investigación.
El fuego consumió alrededor de un millón de hectáreas entre 2020 y 2022.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Este pedido, detalló a La Capital Fabián Maggi, abogado de la asociación civil, se debe a que con el sobreseimiento de los 43 imputados “se está demostrando que no hay ninguna intención de atender a los planteos que ya hemos hecho en otras oportunidades de ampliar la investigación a dos o tres delitos que surgen de los hechos investigados”. Entre ellos, mencionó la construcción de terraplenes en las islas y el desarrollo de canalizaciones ilegales de agua, además del mal desempeño de funcionarios que “no cumplieron con sus obligaciones”.
“Así, queda todo flotando en el aire y no hay responsables: ni los titulares de los campos sobre los que había sospechabas ni los funcionarios que debían controlar”, expresó.
Resta conocer qué ocurrirá con la apelación. Lo cierto es que, en su escrito, Kishimoto anticipó a modo de cierre que asegura que con este recurso busca la continuidad de la causa y que en caso de que no le den lugar a su petición, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
