Con la ley que obliga a obras sociales a cubrir tratamientos de baja y alta complejidad, cambió la estructura interna y el modelo de atención de las clínicas
Como es bien sabido, los avances tecnológicos, las inversiones y los cambios regulatorios son factores que transforman sectores por completo. La salud no es la excepción y, en el caso de la medicina reproductiva, este proceso se profundizó en los últimos años.
En Rosario, la sanción de la ley 26.862, que desde 2013 obliga a las obras sociales a cubrir tratamientos de baja y alta complejidad, es un ejemplo de este cambio en la estructuración interna. ¿El resultado? Más acceso para los pacientes y un crecimiento del mercado en manos de grandes grupos médicos.
Estas corporaciones de salud funcionan como red, se encargan de brindar la atención médica en las instalaciones requeridas, pero también de la gestión administrativa y la intermediación con las prestadoras de salud encargadas de su cobertura. La ley cubre hasta cuatro intentos de baja complejidad y tres intentos de alta complejidad (procedimientos que involucran la fecundación fuera del cuerpo de la mujer, en un laboratorio, como es la fecundación in vitro o ICSI).
Para conocer más sobre los cambios hacia adentro del sector y los servicios que posicionan a la Argentina como un país de vanguardia en salud reproductiva, Negocios de La Capital entrevistó a Laura Gallo, gerente de Fertya, y a Carlos Carizza, director médico de Fertya, clínica especializada en medicina reproductiva de ese grupo. También consultó a Viviana Ventura, jefa del Servicio de Medicina Reproductiva de Grupo Gamma. Ambos espacios son referentes en tratamientos de fertilización asistida y brindan un abanico de opciones para preservar y estimular la fertilidad de las parejas y las familias monoparentales.
Antes de la sanción de la ley de fertilidad, los costos de su acceso dependían 100% del bolsillo de los pacientes. Para los médicos involucrados el modelo de trabajo también era muy distinto al actual. Funcionaban casi como emprendedores o socios de una pyme médica, en general se asociaban entre varios para afrontar los costos de los equipos, el alquiler del espacio y, una vez que tenían todo listo, atendían de forma privada a las parejas o personas que buscaban un hijo. Pero una vez que ingresaron las obras sociales a este mundo el negocio cambió por completo y permitió nuevas posibilidades de la mano de grupos médicos con mayor espalda financiera.
“Gamma fue el primer centro polivalente en prestar servicios de medicina reproductiva. Justamente el gran conflicto, cuando sale la ley, era quienes tenían los convenios con las distintas obras sociales. En general, las clínicas chicas no los tenían entonces rápidamente tuvieron que acomodarse a esta realidad y generar vínculos que demoraban, mientras que los grandes centros como el nuestro ya tenía cobertura con las distintas prestadoras de salud y solo hubo que sumarlas al área de la medicina reproductiva”, sostuvo Ventura.
En el caso de Grupo Oroño, el proceso fue similar y Fertya nació como un modo de prestar una atención personalizada en este nicho. En este sentido, Carizza y Gallo destacaron que la posibilidad de trabajar con el respaldo de una estructura como la que presta el grupo les posibilita brindar un servicio de excelencia, con tecnología de avanzada y un gran equipo de profesionales para atender las distintas realidades de cada paciente.
“Funcionamos muy bien por estar dentro de un grupo prestacional que se va sosteniendo todas las áreas y tiene una capacidad de inversión enorme detrás. Hoy en día la fertilidad es un lujo, la atención que prestamos es de primer nivel y las obras sociales, en general, no llegan a cubrir esos números. Los pacientes no quieren o no pueden pagar porque la cobertura está dentro del Programa Médico Obligatorio que deben cumplir por ley las obras sociales y prepagas pero lo que el PMO brinda no es de la calidad que nosotros trabajamos. Ahí se genera una brecha que no podría ser saldada si trabajáramos de forma independiente”, aseguró Gallo.
Cada obra social tiene pactado un arancel, lo que sucede es que ese arancel es el mismo para todas las clínicas de fertilidad sin importar la calidad del servicio que brindan y la inversión para garantizar una mayor tasa de éxito en las personas que se acercan. No es solo el desembolso económico la única variable que importa, sino también el capital humano, es decir, el grupo de profesionales que dedica tiempo a la atención personalizada, pero también a la capacitación constante.
“No todas las obras sociales abonan a las clínicas el mismo arancel, algunas pagan más, otras menos, pero todos los usuarios por ley pueden acceder a la cobertura dispuesta por el PMO. Después hay prestadores que asumen ciertos costos extras que otros no incluyen y hay clínicas que deciden no trabajar con ciertas obras sociales porque el arancel que pagan es muy bajo, pero nosotros como grupo médico tenemos la obligación de hacerlo, ajustándonos al convenio pactado”, destacó Gallo.
Sobre el vínculo entre las clínicas y las prestadoras de servicios de salud, Ventura agregó que se dan casos donde las personas litigan para acceder a más intentos de los que cubre la ley, alegando situaciones especiales, aunque hay algunas pocas que a veces añaden una cuarta o quinta cobertura sin necesidad de que el paciente vaya a la justicia. “Igualmente, las obras sociales vienen con más requerimientos, tanto para el paciente como para el médico que lo realiza”, indicó la referente del Gamma.
En los últimos años, la incorporación de nuevos equipos, el ingreso de herramientas de inteligencia artificial para estudios genéticos y el financiamiento garantizado por las obras sociales modificaron el modelo de negocios y el vínculo con los pacientes. Se impulsó una profesionalización de las clínicas especializadas que llegaron a triplicar o cuadruplicar la cantidad de tratamientos de fertilización asistida en comparación con los procedimientos realizados antes de la sanción de la ley.
“Antes quienes consultaban eran parejas de 30 años, ahora muchas son parejas con más de 38 años y eso implica mayor volumen de trabajo. Se cuadriplicaron los casos a nivel nacional y por la profesionalización que tenemos, hoy más del 90% de los pacientes que vienen a Grupo Oroño logra un resultado positivo. Con los tratamientos de baja complejidad la respuesta es chica, no superan el 10% ó 12% de éxito con tres intentos, mientras que los de alta complejidad tienen un desempeño más alto, con un solo intento la tasa promedio de embarazo es del 40% o más y si la pareja posee tres embriones, con un intento solo se puede llegar a un 70% de posibilidades de embarazo”, sostuvo Carizza.
Por su parte, Ventura sostuvo que de tener un servicio que prestaba 100 ó 200 casos anuales, pasaron a 500 ó 600 después de la ley y desde el año 2020 se estabilizaron entre 1000 y 1500. También habló de un segmento especial que es el de la oncofertilidad. Explicó que, cuando un paciente es diagnosticado con una enfermedad oncológica, es importante que antes de iniciar su tratamiento haga una consulta con esta área para que tenga la información y la capacidad de decidir si quiere conservar su fertilidad porque luego de atravesado el proceso de recuperación puede haber dificultades.
“Tenemos entre diez y veinte casos por mes y tendría que haber más porque alrededor del 80% de las obras sociales cubren el mantenimiento de los óvulos o los espermatozoides, en casos de este tipo, hasta que la persona decida utilizarlos”, consideró la médica.
Algo en lo que Ventura se enfocó a la hora de analizar la ley es en los ítems que quedan fuera de la cobertura. Por ejemplo, una mujer soltera y sana que quiere hacer un tratamiento de fertilidad puede acceder al 100% de la cobertura, pero todo lo que esté vinculado a preservar la fertilidad es un gasto por fuera. “Es un tema filosófico, deberíamos pedir que en la ley entre la preservación de la fertilidad, que nos dejen elegir en qué momento gestar”, aseguró Ventura.
Como un efecto derrame, la posibilidad de que más personas accedan a tratamientos de fertilidad ocasionó que decidan optar por otros servicios que, en la mayoría de los casos, deben ser abonados de forma particular. Por ejemplo, en el caso del congelamiento de óvulos destacan que hacen alrededor 120 congelamientos al año, cerca de diez por mes cuando antes hacían tres. El costo de ingresar al sistema de congelamiento de óvulos puede ir de los $3 millones a los $4 millones dependiendo la medicación que se usa previamente para la estimulación ovárica. Aunque una vez hecho este procedimiento, el mantenimiento anual es más económico y ronda los $400 mil.
A partir de que la medicina reproductiva avanza, aparecen agregados que garantizan mejores resultados y más seguros a la hora de realizar los procedimientos de fertilización. Por ejemplo, Carizza mencionó herramientas que, con el uso de inteligencia artificial, permiten conocer cómo es la calidad de los óvulos y qué probabilidad tienen de ser un embrión a futuro para que la mujer sepa si los que guarda son suficientes para tener un embarazo el día de mañana. Y creció el número de hombres que se realizan espermogramas en Fertya, con un número que ronda los 120 estudios mensuales.
“Cualquier mujer que quiera hacer un tratamiento de preservación de fertilidad en Grupo Oroño puede conocer la calidad de sus óvulos con tecnología avanzada que tenemos en la clínica. También invertimos en un aparato que mide de forma automatizada la calidad del semen, cómo mueve la cabeza, la cola y la forma del espermatozoide para tener un análisis completo”, aseguró Gallo.
Por otro lado, hay estudios privados para saber si, antes de proceder a la implantación, el embrión es sano desde el punto de vista genético con el estudio del PGT-A. A veces se analizan en laboratorios del exterior o en Novagen, un laboratorio de Buenos Aires. El precio ronda los u$s 900 por embrión que se biopsia (el pago es en pesos). Mientras que en los casos donde la inseminación requiere de una ovodonación el costo particular de acceder a óvulos de un donante para la reproducción asistida supera los $6 millones.
¿Y la gran pregunta? Cuánto cuesta acceder a tratamientos de baja y alta complejidad si la persona decide abonarlos por su cuenta. Dentro de los procedimientos del primer grupo, el valor no suele superar el millón de pesos mientras que, en los que conforman el segundo segmento, se ubican entre los $3 y los $4 millones por intento, dependiendo la técnica utilizada. En la actualidad, el porcentaje de personas que deciden evitar las obras sociales y pagar de su bolsillo es alrededor de un 20%, mientras que el 80% restante accede amparándose en la ley.
Una tercera forma de tener un hijo es a través de la subrogación de vientre. Ambas clínicas coincidieron en que no hacen esta práctica salvo que el caso venga judicializado y en su autorización se especifique quién va a ser la persona gestante.
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