En enero del año pasado, el gobierno de Santa Fe denunció penalmente a la organización religiosa por obstaculizar la atención de la menor. La investigación sigue abierta
En los territorios, multiplican sus acciones celestes que van desde campañas de oración y pegatinas en las puertas de hospitales y clínicas. Foto: Celina Mutti Lovera
Durante el víacrucis que se realizó este año en el Monumento a la Bandera, la organización Grávida repartió folletos a los asistentes. Foto: Celina Mutti Lovera
Un cartel con la consigna: Las niñas no son madres es sostenido por una nena en la marcha del 8M. Foto: Celina Mutti Lovera
Antes de que se aprobara la Ley 27.610 las organizaciones anti-derechos realizaban actos en la plaza Pringles donde realizaron ecografías públicas como forma de manifestarse contra el aborto. Foto de archivo: Celina Mutti Lovera
Una antigua torre ferroviaria se impone al paisaje de llanura agrícola en Garibaldi, un pueblo de cuatrocientos habitantes en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Hasta ese tablero de casas dispersas y calles anchas llegó, en los primeros días de 2023, un viajero que se hacía llamar Cacho. Buscaba a una nena de 12 años que había sufrido abusos sexuales y tenía cita para un procedimiento de interrupción legal del embarazo en la ciudad de Santa Fe. Su misión era impedirlo.
El caso fue noticia nacional: la niña y su madre fueron trasladadas a una casa de monjas en la capital provincial y estuvieron ocultas más de 24 horas. El gobierno de Omar Perotti denunció a la asociación religiosa Grávida por concretar esas maniobras para torcer la voluntad de la nena y obstaculizar las tareas de contención de tres áreas del Estado. Una acción con escasos precedentes en el país que originó una causa penal en investigación.
No es el primer caso en la provincia de Santa Fe.
La abogada Sabrina Muñoz Denis intervino en dos como representante de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. La cadena de reenvíos, dice, es constante: “En estas dos situaciones se acercaron mediante engaños y desinformación a gente sin dinero, escasos recursos simbólicos y cero red de contención”.
Las quince manzanas de Garibaldi, en el departamento Castellanos se extienden sobre la ruta provincial 48S. A fines de 2022, una trabajadora social de la comuna reportó a la Secretaría provincial de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia que una nena de 12 años cursaba un embarazo producto de abusos sexuales intrafamiliares. Aquí se llamará Julieta.
Iba a la escuela primaria y era la tercera de cuatro hermanos criados en una casa de la zona rural con mobiliario mínimo, sin luz eléctrica. En junio, la madre se había ido con sus hijos y denunciado al padre por agresiones en los tribunales de San Jorge. Se gestionó para ellos el alquiler de otra casa en Garibaldi.
El 19 de diciembre una médica del Samco local detectó que la chica cursaba un embarazo de 24 semanas. Julieta contó que había sido violada por su padre, de quien se desconocía el paradero desde la presentación de la denuncia por maltrato.
El caso fue abordado por la delegación oeste de Niñez en Rafaela. Entrevistaron a la mamá y a la nena, se evaluaron los pasos a seguir, se anotaron sus testimonios. “Yo no quiero esto. No lo quiero”, fueron las palabras de la niña. La madre explicó que no estaba en condiciones de criar a otro chico y ambas asentaron por escrito su decisión de interrumpir la gestación.
En el Hospital Iturraspe de Santa Fe se siguió el protocolo para una interrupción del embarazo sancionada dos años antes y prevista en la legislación argentina desde 1921 en casos de violación o riesgo de salud. La madre de Julieta pidió pasar las fiestas con la familia y el turno se agendó para el 2 de enero de 2023.
Desde los equipos asignados al caso mantuvieron una última conversación telefónica con ella el viernes 30 de diciembre. Se había gestionado un remís para trasladarlas tres días más tarde. Pero ese lunes no se presentaron en el hospital. Nadie sabía dónde estaban y fue imposible contactarlas.
Algunos entretelones se aprecian en la denuncia penal. El domingo 1° una trabajadora social asignada al caso recibió un mensaje de WhatsApp de la mamá informando que no asistirían al turno. Había llovido y no podían salir del campo.
Unas horas después, la profesional preguntó si habían podido viajar, pero no recibió respuesta. Llamó al celular y nadie contestó. Pudo ubicar a un familiar que contó que la nena y su mamá habían viajado a Santa Fe a realizar una “interconsulta” con otro médico porque no querían realizar el aborto. El teléfono de la madre figuraba desconectado. En la comisaría local confirmaron que la niña no estaba en el pueblo.
La mañana del lunes 2 el personal del Iturraspe alertó a Niñez, que encaró la búsqueda. Los abogados de la secretaría denunciaron la situación en la unidad de Violencia de Género, Sexual y Familiar a cargo de la fiscal Alejandra del Río Ayala, quien esa misma tarde ubicó al padre de la niña y ordenó su detención.
En simultáneo en el juzgado de Familia Nº 5 se gestionó una medida de protección de urgencia, ante una sospecha de vulneración de derechos de un niño. Para la entonces secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, la situación era grave y urgente. “Teníamos documentada su voz. Ella había dicho «no quiero esto» y eso se debía respetar por una cuestión del interés superior del niño. Lo exige la ley de infancia”, remarca.
Cuando el frente judicial estaba en marcha, la trabajadora social recibió un nuevo llamado. Una voz masculina le anunciaba que madre e hija se encontraban “bien”. Dijo comunicarse desde una organización dedicada a rescatar y ayudar a mujeres con embarazos de riesgo en la que, deslizó, trabajaba una abogada.
El interlocutor comentó que ya se habían practicado ecografías 4D y que la niña había contemplado “la cara y el cuerpo” del feto, que se encontraba “en perfecto estado de salud”. El tono no fue informativo. Cerró el diálogo con un aviso: se encargaría de denunciar a los profesionales que trabajaron en el caso por “haber actuado mal, negado información, mentido y obligado a practicar un aborto”.
Los querellantes consideran acreditado en la causa que esta persona era el presidente de la asociación civil Grávida en Santa Fe, Emilio Perizotti. Fuera de esas advertencias telefónicas, nada se supo del paradero de Julieta hasta que Chialvo recibió un llamado de la fiscal al día siguiente: “Localicé a la nena. Está en un alojamiento religioso”.
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La Casa Hermanas de Betania es un hogar de monjas —las Siervas de Jesús Obrero— dependiente del Arzobispado. En esa casona antigua de 9 de Julio 2669, pleno centro santafesino, se montó un operativo judicial para restituir a Julieta al cuidado de Niñez. La nena y su mamá se habían ido en auto con una colaboradora de Grávida que, más tarde, las acercó a los operadores estatales. Dijo que habían salido a pasear.
Bajo la tutela del Estado Julieta fue trasladada sin demora al Iturraspe. Era necesario —recuerda Chialvo— indagar sobre lo que había pasado y saber lo que quería. La delegada de Niñez en Rafaela se instaló con ella en la habitación. Sentada en la cama, mientras dibujaba, la niña dijo que quería volver a su pueblo, reencontrarse con su hermanito y jugar con una amiga de la escuela.
El procedimiento médico se concretó cuatro días después, el jueves 6, a pedido de madre e hija. Como Julieta estaba acompañada por su mamá, la medida de protección cesó. Permanecieron unos quince días más en Santa Fe antes de volver a Garibaldi.
Siete meses más tarde se confirmaría en pericias de ADN que el embarazo había sido producto de otros abusos que sufría de parte de un familiar menor de edad, de los que Julieta pudo hablar recién entonces en Cámara Gesell. Con el tiempo sería apartada del entorno familiar y quedaría en un centro residencial bajo tutela del Estado. Su padre admitió los ataques sexuales y en 2024 fue condenado a 12 años de prisión.
¿Cómo fue que madre e hija terminaron en un centro religioso a 122 kilómetros de su casa? Al volver a su pueblo para las fiestas la madre le confió a una amiga que Julieta estaba embarazada y tenían un turno para “sacárselo” en Santa Fe.
La amiga se lo contó al sacerdote. El cura convocó a una misa donde expuso la situación ante los fieles, ente ellos, la nena y su mamá.
Otros detalles surgen del testimonio de la madre. En los primeros días de enero había llegado al pueblo un hombre desde Santa Fe: “Aparece un tal Cacho”, dijo. Fue a visitarlas e intentó que dieran marcha atrás con el aborto legal. Según Muñoz Denis, “les hicieron ver videos, les dijeron que la chica se iba a morir y que al bebé lo iban a cortar en pedacitos”.
“Este señor Cacho incluso la llevó al correo y le hizo escribir de su puño y letra una carta —precisó la abogada—. Ella es una mujer de escasos recursos simbólicos y declara no saber qué firmó o qué decía ese papel”. Pero la nota llegó a destino: una carta documento dirigida al hospital Iturraspe en la que, en su carácter de representante legal de Julieta, rechazaba por escrito el consentimiento brindado a la interrupción del embarazo.
“Cacho” no es otro que Perizotti: lo confirmó una religiosa de Casa Betania durante un allanamiento y así lo conocen en Santa Fe. Sería quien acompañó a la niña y su madre en el viaje en auto junto a una colaboradora de Grávida, las trasladó a una clínica particular, se comunicó con el hospital e hizo las gestiones para alojarlas en la casa de monjas. El lugar no era desconocido para la madre: había estado alojada allí de niña, cuando el asilo tenía convenio con la provincia como hogar para niños.
Cacho, además, es hijo de Juan Calixto Perizotti, un represor condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entre ellos, el aborto forzado al que sometieron a Silva Suppo, violada en varias ocasiones por una patota durante su detención, cuando tenía 17 años, en una comisaría de la capital provincial.
La desaparición de Julieta no tardó en tomar estado público y brotaron las repercusiones al calor de enero. La Campaña por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito de la regional Santa Fe y un centenar de organizaciones de derechos humanos pidieron que se investigara el accionar de Grávida.
La organización fijó posición en un comunicado. Dijo que su intervención respondió a una situación “concreta” ante “una patología clínica de relevancia”. En una entrevista a Radio con Vos como voluntario ad honorem, el médico ginecólogo Raúl Dalla Fontana contó que mantuvo un contacto por videollamada con Julieta, a quien aludió como “la niña”, “la pacientita” o “la madre”, y dos adultos —la nena no habló— y luego la recibió en su clínica privada. Le practicaron análisis y una ecografía.
“Grávida ofreció ayuda y la familia estuvo de acuerdo, el traslado fue voluntario”, dijo. Minimizó los riesgos de gestación en una niña de esa edad y negó que la organización contara con apoyo del gobierno. “Al contrario. Hemos tenido trabas, dificultades para acceder a las embarazadas en las instituciones para brindar una segunda opción y que el embarazo continúe”.
Ese clima rodeó a la presentación judicial que realizaron días después la Secretaría de Niñez y los ministerios de Salud e Igualdad contra Grávida. La denuncia plantea que se obstruyó la aplicación de la ley 27.610 que regula la interrupción del embarazo y la 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“El órgano competente para implementar esas leyes no puede ser un vecino ni un particular. Es el Estado”, considera Chialvo, quien a la hora de explicar por qué se impulsó la acción penal responde, categórica: “De ninguna manera esta organización podía cargar a esta chica escondida en un auto y llevársela”.
Con filiales en más de sesenta puntos del país, Grávida se presenta en su página web como un servicio de acompañamiento para fortalecer la maternidad vulnerable. Existe desde 1989 y la sede central está en San Pedro, Buenos Aires.
“Esta idea de inmiscuirse en asuntos del Estado la tienen incorporada”, señala Muñoz Denis. Un domingo de mayo de 2015, cuando el personal era reducido en el Hospital Iturraspe, una psicóloga encontró a una colega ajena al staff interviniendo a una paciente internada con alto riesgo para su salud en la sala de pediatría.
Era una nena de 12 años recién cumplidos en situación de vulnerabilidad extrema y con un retraso madurativo que, aquí, se llamará Brenda. Había sido abusada por la pareja de su madre y en la escuela descubrieron que estaba embarazada.
“Era tal su grado de afectación que amenazaba con tirarse de la escalera, se autoagredía, se provocaba lesiones en la piel, se golpeaba la panza. Decía que no quería un bebé. La situación le resultaba insoportable”, recuerda Muñoz Denis.
La psicóloga colaboradora de Grávida a la que encontraron conversando con la niña había entrado al hospital sin autorización, presentándose como miembro de la Secretaría de Niñez. Con otros integrantes de la organización persuadieron a la madre para que el embarazo continuara y finalmente nació un niño que fue dado en adopción en tiempo récord.
El equipo de salud mental del Iturraspe denunció esa visita irregular ante el Colegio de Psicólogos de Santa Fe. El Tribunal de Ética abrió un sumario interno contra la psicóloga María Belén Catalano, que explicó su intervención en estos términos: “Lo único que hice fue asistirla en juegos, nunca hablé del bebé. Sólo le pregunté por qué estaba en el hospital y me respondió que estaba embarazada, pero no quería tener su bebé. A lo cual le pregunté por qué no y me respondió que no sabía”.
Dos años después, en marzo de 2017, el Colegio sancionó con un apercibimiento público y una suspensión de la matrícula por seis meses a Catalano por haber incurrido en “faltas éticas”. Consideró que había usado sus conocimientos de forma “clandestina” para influir sobre la niña y forzarla a cursar un embarazo infantil.
Como asesora legal del colegio profesional, Muñoz Denis siguió el tema de cerca. “Muchas de las cosas que descubrimos en el sumario se replicaron en el caso de Garibaldi. A las familias les facilitan recursos económicos y le dan información falaz, generan temor, les dicen que la nena se va a morir. Hay un entramado para generar estas externaciones de hospitales públicos, que los chicos nazcan y se den en adopción”, dice.
Los nombres de los personajes también se repiten: “Cuando la nena estaba internada, Emilio Perizotti era el que le llevaba caramelos, le ofrecía el remís a la mamá y se hacía agendar en el celular de ella como Niñez”. Otra figura es la del médico Dalla Fontana, quien asistió a la chica en su consultorio privado y en el Hospital Cullen, del que era empleado, donde se practicó la cesárea. El ginecólogo fue convocado a declarar en el proceso disciplinario.
En octubre de 2017 el procedimiento disciplinario fue anulado por la Cámara Penal. Cuatro años después la Corte Suprema provincial dejó sin efecto por arbitrario ese fallo de camaristas que “excluyeron pruebas” y “renunciaron a la verdad”. La sanción a la psicóloga fue avalada, pero el litigio sigue. Diez años después, su defensa prepara una queja ante la Corte nacional.
El presidente de Grávida no estaba en su casa cuando la policía llegó a allanarla el 14 de marzo de 2024. El fiscal de la unidad de Violencia de Género Matías Broggi, que interviene en la causa penal, había solicitado ese y otros dos procedimientos en domicilios ligados a la desaparición de Julieta.
Las requisas en Casa Betania y en la clínica privada se desarrollaron sin dificultades. En el domicilio de Perizotti, utilizado por la asociación, no había nadie. Para ingresar hubo que romper la puerta.
Las medidas fueron impulsadas por el equipo querellante integrado además por Guillermo Munet, Mara Mansilla y Lucía Yost, al que admitieron en el proceso luego de nueve meses de debate.
A dos años y medio de la denuncia, los miembros de Grávida ligados al caso fueron notificados y nombraron abogados, aunque no los citaron. Tampoco fueron convocados a prestar testimonio los funcionarios y operadores estatales que intervinieron.
Hay un ovillo por desenrollar: en las requisas se secuestraron computadoras, informes, celulares y otras evidencias que requieren de un análisis minucioso. Por el paso del tiempo se perdieron registros clave. Así y todo, el material obtenido supone “un caudal de trabajo enorme”, dice Muñoz Denis, que “debería hacer la Fiscalía, pero no cuenta con los recursos tecnológicos ni humanos”.
En abril de este año el material informático fue puesto a disposición de la querella. El equipo aspira a lograr eventuales imputaciones, pero también a desmontar patrones, conexiones y sistematicidades en el accionar de los grupos antiderechos que recae sobre personas vulnerables y deja una pregunta abierta sobre la huella subjetiva causada a niñas y mujeres forzadas a gestar.
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