En la ciudad está vigente desde hace años la prohibición de vender medicamentos en otro lugar que no sean las farmacias, bajo amenaza de sanción al comercio que no lo respete. Pero desde distintos sectores advierten que esos controles, hoy por hoy, sólo llegan de forma férrea a la zona céntrica, mientras en los barrios hay quioscos y almacenes que incurren en la práctica.
La ordenanza 8.029 aprobada en 2006 (en 2009 una ley nacional lo extendería a todo el país), indica que las farmacias son los únicos comercios autorizados para vender medicamentos. Pero desde que entró en vigencia, se ha respetado con fuerza en el centro y de forma intermitente en el resto de la ciudad. Eso es lo que advierten desde el Sindicato de Trabajadores de Farmacia y el Colegio de Farmacéuticos de Rosario.
En el centro, hace años que los quiosqueros no venden medicamentos. Pero no sucede lo mismo en los barrios. La escena se da en un minimercado de barrio Bella Vista. Una señora de edad avanzada pide “una yerba, un atado de cigarrillos, medio kilo de pan y dos ibuprofeno 600”, en referencia a los miligramos.
La almacenera, una chica joven, saca una caja de cartón con tapa. Adentro tiene tiras de varios remedios como Buscapina, Sertal, omeprazol, Bayaspirina y Aspirinetas. Con una tijera, corta dos unidades del analgésico. La anciana pregunta el valor. “20 pesos las dos”, le contestan. La postal se replica en otros comercios de la periferia, donde los controles son más relajados.
En el rubro, este modo de venta es vox populi: en la jerga se le llama “el canal K”, por los quioscos (también kioscos).
“Este tema incumbe a la salud de la gente, no es netamente comercial”, asegura Gustavo Rossi, secretario general del Sindicato de los Empleados de Farmacia. En el mejor de los casos —explica— “un medicamento adulterado puede ser un placebo y no hacer ningún efecto. Pero también puede hacer daño leve o grave al organismo”.
Por un lado, desde el gremio sostienen que el peligro radica en que se compra un medicamento fraccionado, sin fecha de vencimiento y sin prospecto. “No tienen ningún tipo de control ni trazabilidad. No sabés lo que tomás”, sintetiza Rossi.
Pero también apunta a la falta de formación de los comerciantes, que a veces recomiendan medicamentos sin conocimientos para hacerlo: “Hay gente que llega y cuenta que le duele la panza, y le contestan que se tome la pastilla roja o la verde, ni los nombres saben, menos aún el efecto”.
La razón por la que este expendio ilegal se ve más en la periferia, además de la menor presencia de controles, es para el gremialista que “en los barrios la gente no llega a la farmacia, entonces va a un quiosco, almacén o granja. En el centro la gente tiene más poder adquisitivo y farmacias que atienden 24 horas”.
Rossi indica que el crecimiento de la práctica siempre tiene que ver con la situación económica: “Cuando las cosas empeoran, este tipo de actividad se dispara porque es una solución para la clase media y media baja”.
A su vez, cree que es un tema de “conciencia y de educación”. Y que para su resolución, apunta al Estado (“nunca vemos mucho decomiso”, observa) como a la responsabilidad de la persona que compra y de la que vende.
“A veces uno sospecha que hay actores que se benefician de esto: una droguería, la industria o alguna farmacia. Porque mueve mucha plata”, desliza. Y completa que su deseo es que la Municipalidad “tenga una repartición que se encargue de esto de manera permanente, y no esporádica”.
Cándido Santa Cruz, titular del Colegio de Farmacéuticos local, confiesa que el tema “es una preocupación constante” de la institución: “Siempre estamos alerta, porque cuando se relajan los controles, rápidamente surgen los canales alternativos de comercialización”.
Si bien sucede en los barrios alejados de Rosario, el farmacéutico detalla que la práctica irregular “se da más fuertemente en localidades vecinas, donde es mucho más frecuente y menos controlada”.
El presidente del Colegio aclara que el problema “no es la venta fuera de la farmacia, sino el riesgo sobre la calidad o autenticidad de los medicamentos, ya que sobre esos canales no existen los mismos controles”.
En tanto, afirma que “los quiosqueros no dimensionan el problema”, y que “los verdaderos responsables son los distribuidores” que los proveen de medicamentos para su venta irregular.
El pensamiento común podría indicar que son los comerciantes los que compran una caja en la farmacia, y luego revenden por unidad. “No, lamentablemente, hay distribuidores, y el quiosquero no sabe que está cometiendo un delito”, aclara Santa Cruz.
Se refiere específicamente a que “ante un problema sanitario o de contaminación no puede demostrar a quién se lo compró, ya que esa compra no queda registrada porque se hace en negro”, agrega.
¿Quiénes son estos distribuidores? “Los mismos que les distribuyen algunas marcas de cigarrillos”, responde el titular de la entidad que nuclea los farmacéuticos de la segunda circunscripción de la provincia.
El Concejo Municipal se hizo eco del reclamo
Ante el alerta encendida por farmacéuticos y trabajadores de farmacias, una banca del Concejo tomó el reclamo y lo convirtió en un pedido de informe. El edil Ariel Cozzoni, de Un Gol para Rosario, pidió al municipio que brinde información sobre el cumplimiento de la ordenanza en vigencia que prohíbe la venta de medicamentos en locales que no sean farmacias.
Cozzoni manifestó su preocupación porque “en los últimos tiempos existen señales de que se ha resentido el cumplimiento de esta normativa, sobre todo fuera del centro. No cualquiera puede recetar o vender un medicamento, es un tema delicado porque tiene que ver con la salud. El que debe encargarse es el que fue formado para eso”, dijo al respecto.
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