Desfinanciamiento ambiental: el costo socioecológico del ajuste

En 2024, el Presupuesto Nacional sufrió una reducción real del 26,3%, con recortes en partidas ambientales que oscilaron entre el 34% y el 81%, según datos del Monitor ambiental del Presupuesto, elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Entre las áreas más afectadas se encuentran el manejo del fuego, con una caída real del 81%; la protección de los bosques nativos, que no tuvo ejecución durante todo el año; la Administración de Parques Nacionales, con un recorte del 34%; y el fomento de energías renovables, reducido en un 66,4%.

El Gobierno Nacional ha justificado estos recortes con el argumento de que es necesario reducir el Estado y alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, no contempla las consecuencias sociales y ambientales de este ajuste: daños devastadores para los ecosistemas y un impacto directo en la vida de las personas.

Inundaciones en Bahía Blanca

El viernes 7 de marzo, a causa de fuertes lluvias, en la ciudad de Bahía Blanca cayeron más de 350 milímetros de agua. Esta gran cantidad de precipitaciones generó inundaciones en distintos sectores de la ciudad y zonas del partido, provocando uno de los desastres ambientales más grandes en su historia. Hasta la fecha, se reportan 16 víctimas fatales, más de 100 personas desaparecidas y más de 900 evacuadas. Además, más de 5000 hogares se encuentran afectados por las inundaciones, muchos de ellos con daños irreparables.

Lo sucedido en Bahía Blanca es una muestra más de cómo el cambio climático está alterando el patrón de los fenómenos climáticos. La infraestructura de la ciudad no estuvo preparada para manejar los niveles de agua que cayeron en un corto período de tiempo, desbordando la capacidad de drenaje. Ello puso en evidencia la falta de una planificación urbana adecuada, así como de planes de respuesta rápida ante eventos climáticos extremos.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional transfirió $10.000 millones provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), creado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Dicho fondo se conforma con el 1% de la masa coparticipable, con el fin de ‘’atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales’’. En la práctica, los sucesivos gobiernos lo han empleado de manera discrecional en función de su vínculo con los gobiernos provinciales, dejando de lado el propósito vinculado a la atención de emergencias.

En 2024, el Fondo ATN recaudó $679.897 millones, de los cuales solo se ejecutaron $49.800 millones. A su vez, al 31 de marzo de 2025, ya se habían recaudado $209.276 millones, pero únicamente se ejecutaron $47.000 millones. Estos datos reflejan que el Gobierno Nacional está reteniendo más de $792.373 millones que, según la normativa vigente, deben ser distribuidos entre las provincias y destinados a la atención de emergencias.

A su vez, la ejecución del proyecto “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos” pasó de $37.155 millones en 2023 a $46,6 millones en 2024, una reducción del 99,96% en términos reales. Asimismo, días previos a que se produzca la tormenta, el Gobierno decidió disolver la Dirección Nacional de Emergencias, echando o poniendo a disponibilidad a sus 485 empleados.

Incendios en la Patagonia y Corrientes

Durante los meses de enero y febrero, los incendios en la Patagonia y Corrientes dejaron víctimas fatales, destruyeron más de 100 viviendas y quemaron 37.601 y 250.000 hectáreas de bosque, respectivamente, según reportes de la Administración de Parques Nacionales y de organismos provinciales. Una muestra más de los daños y el costo humano que genera la falta de prevención de estos fenómenos.

Según declaraciones oficiales, para hacer frente a los daños y pérdidas en las provincias se destinaron $7000 millones en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional para Chubut y $5000 millones para la reconstrucción de viviendas en Río Negro. Es decir, un total de $12.000 millones, un monto mayor comparado con lo ejecutado para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en 2024: $7.339 millones de un presupuesto total de $33.342 millones. Estas acciones confirman la mirada reactiva para abordar la problemática, cuando los daños ya están hechos.

Despidos en ACUMAR

A fines de febrero, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) despidió a más de 300 personas que trabajaban en el organismo. Este hecho, sumado al cierre del caso decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en octubre de 2024, genera altos niveles de incertidumbre en torno a cómo continuarán las tareas y las obras de saneamiento necesarias para la recomposición ambiental de la cuenca.; acciones destinadas a garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de la zona.

En la actualidad, sin los controles de la CSJN ni de la Auditoría General de la Nación (AGN), las decisiones que adopte la ACUMAR deben ser lo más transparentes posibles. Por ello, el organismo debería rendir cuentas y explicar de qué manera el reciente recorte de personal impactará en los derechos socioambientales de la población afectada por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Subtítulo: ¿Cuáles son las prioridades del gobierno?

Si bien el presupuesto tuvo una reducción real del 26,3%, algunos sectores no sufrieron grandes ajustes, como el hidrocarburífero y el pago de la deuda. Desde el Gobierno Nacional se mantuvo una estructura de subsidios que favorece ampliamente a las empresas del sector de gas y petróleo.

En 2024, de los $577.150 millones destinados a subsidios al gas, el 68,7% ($396.298 millones) fue transferido directamente a las empresas, mientras que solo el 31,3% ($180.852 millones) se destinó a facilitar el acceso a la energía y disminuir la tarifa energética.

Otra de las partidas presupuestarias más privilegiadas fue la de Deuda Pública, con una caída real del gasto de apenas un 15,2%, muy por debajo del ajuste aplicado al Presupuesto en su conjunto. En 2024, el Gobierno Nacional destinó $9.413.245 millones al pago de Servicios de la Deuda Pública, alcanzando una ejecución del 91,6%.

Lo ocurrido en Bahía Blanca, la Patagonia y Corrientes evidencia que recortar los fondos a las partidas ambientales no es solo una decisión económica, sino también política. Este desfinanciamiento trae consecuencias irreversibles, que deben ser consideradas de manera urgente para evaluar los costos socioecológicos del ajuste. No se trata solo de cifras, sino de vidas humanas, ecosistemas devastados que tardarán décadas en restaurarse y poblaciones cada vez más vulnerables frente a eventos climáticos extremos.