Una lectura política, no judicial

Mientras la sociedad argentina aún intenta comprender cómo un juez de Entre Ríos le otorgó la libertad condicional a un condenado por violación pese a informes periciales que lo desaconsejaban, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló beneficios a criminales de lesa humanidad.

En el primer caso, el preso liberado volvió a cometer el mismo delito por el cual purgaba una pena, pero ahora le añadió el homicidio de la joven que ultrajó.

En el segundo, la Corte aceptó que un represor de la dictadura y condenado se le computen dos días por cada uno que pasó preso por una ley ya derogada. Aunque ya estaba en libertad, este fallo sobre el represor Luis Muiña puede aliviar las penas de varios centenares de militares y civiles que causaron la peor tragedia de la historia argentina cuando el propio Estado se convirtió en terrorista y combatió a organizaciones criminales en la más absoluta clandestinidad y por fuera de la ley.

La Corte ha demostrado que hasta en las interpretaciones judiciales más delicadas existen enfoques absolutamente opuestos. Dos de los magistrados entendieron, en minoría, que no era aplicable el beneficio para un delincuente de lesa humanidad como Muiña que, sería interesante saber, si dadas las mismas circunstancias volvería a reincidir en su delito, como lo hizo el violador entrerriano. A juzgar por los años que llevan estos procesos, desde aquel emblemático juicio a las juntas militares de 1985, no se ha escuchado de ningún acusado signos de arrepentimiento y menos de interés en aportar información para terminar de armar el espeluznante escenario represivo de la dictadura y conocer el destino de miles de personas aún desaparecidas.

Luis Muiña integró una de las tantas "patotas" paramilitares que sembraron el terror por todo el país. La suya operó en un hospital del Gran Buenos Aires donde se instaló un centro clandestino de detención por el que pasaron medio centenar de trabajadores de ese nosocomio, once de los cuales nunca han aparecido. Muiña fue condenado a 13 años de prisión por cinco secuestros y otras tantas aplicaciones de torturas, todos hechos probados judicialmente.

En otros países que también saben de represores y genocidios, se aplican ahora otros parámetros para abordar la problemática. Hasta 2011, en Alemania, a funcionarios o ex militares nazis se los podía acusar sólo si había pruebas concretas de su participación directa en asesinatos. Por esa razón (seguramente porque el sistema judicial de posguerra estuvo infestado de antiguos nazis), décadas después todavía se enjuician a responsables de crímenes masivos. Un fallo de la Corte alemana de 1969 sostuvo que no todos los que estuvieron en los campos de concentración fueron responsables. Pero ese criterio judicial cambió a partir del proceso a John Demjanjuk, un carcelero ucraniano del campo de exterminio de Sobibor, en Polonia. Fue por esta nueva interpretación que se sometió a juicio en 2015 a Oskar Groening, conocido mundialmente como el "contador de Auschwitz". Groening, de 94 años, fue condenado por complicidad en 300 mil homicidios pese a que no se probó que haya cometido algunos de ellos, sino que fue un instrumento facilitador de la orgía demencial criminal.

El año pasado, uno de los guardias de ese mismo campo, Reinhold Hanning, de 94 años, también fue encontrado culpable por los asesinatos de 170 mil prisioneros, la mayoría de origen húngaro. La Fiscalía no pudo comprobar que Hanning haya participado personalmente en los crímenes, pero eso ya no importa para la Justicia alemana, que llega tarde, pero que al menos intenta cerrar el capítulo más oscuro de su historia.

En el juicio, un todavía lúcido Hanning, no admitió haber matado a nadie pero sí reconoció lo que allí pasaba: "Fui parte de una organización criminal responsable de la muerte de mucha gente inocente, de la destrucción de innumerables familias, así como de la miseria, tortura y pena de las víctimas y sus familias. Auschwitz fue una pesadilla y nadie podía ignorar lo que ocurría habiendo estado un largo tiempo como yo. La gente era baleada o gaseada y quemada. Pude oler el aroma a quemado de los cuerpos y sabía que eran incinerados", confesó en su testimonio.

Los militares y civiles argentinos que se nutrieron de esa concepción represiva criminal y trajeron esos métodos al país, ni siquiera, aunque sea para justificarse, han admitido públicamente la responsabilidad del genocidio criollo, salvo raras excepciones como la del ex jefe del Ejército Martín Balza.

Sin embargo la Corte argentina, por el voto de tres de sus miembros, aliviará la situación de quienes no han reconocido absolutamente nada y probablemente repetirían sus conductas asesinas. Un despropósito mayúsculo, más allá de las argumentaciones que desde el derecho quieran formularse.