Si se analiza el impacto que aún mantiene la demorada ley de modificación del impuesto a las Ganancias en los medios de comunicación, en el gobierno y en la oposición, daría la sensación que saldado ese debate la Argentina comenzaría un imparable camino de prosperidad.
No hay dudas de la necesidad de resolver desde hace años la injusta carga tributaria sobre el salario de los trabajadores, que vienen soportando increíbles retenciones cuando alcanzan retribuciones apenas modestas. Pero en la casi binaria Argentina, por estos días, se reducen a todo o nada las negociaciones políticas, normales en cualquier democracia sobre una ley por más importante que sea.
Como siempre, la especulación política adquiere un papel relevante en el debate sobre el impuesto, pero en realidad de lo que se trata es de dónde saldrán los recursos para completar el bache fiscal que generará el texto definitivo de un proyecto que aparentemente saldrá consensuado.
El gobierno nacional viene perdiendo recursos de manera acelerada con la quita de impuestos al sector agrícola, a la explotación minera y ha asumido muchos compromisos millonarios con los jubilados, las obras sociales sindicales y las organizaciones sociales a través de la reciente sanción de la ley de emergencia social. Si piensa compensar el déficit con emisión de deuda las cosas se irán complicando en el futuro porque, como se ha visto en estos días, Estados Unidos ha comenzado a elevar la tasa de interés de referencia, con lo que cada dólar que la Argentina pida prestado le saldrá más caro.
Mientras se estudia cómo financiar los gastos y se esperan inversiones que demoran en llegar a un país habitualmente inestable política y jurídicamente, hay algunas temas que pocos se animan a enfrentar: cómo reducir el gasto de la política, que tampoco salvaría a la economía argentina pero al menos sería el puntapié inicial para la transparencia, una modalidad poco practicada en el país.
En la Argentina, la política se asemeja al fútbol en algunos aspectos: nunca está claro nada, no se sabe cuánto ganan los entrenadores ni los jugadores y menos el valor real de las transferencias millonarias. Así, conviven una casta futbolera que mueve millones, pero con clubes pobres que no les alcanza a veces para sostener los deportes amateurs. Es un entramado sigiloso y oculto que sólo sale a la luz cuando la Justicia de otro país, en un caso reciente la de Estados Unidos, investiga la corrupción mundial de la Fifa y sus derivaciones en sus filiales por todo el mundo, como en la AFA.
La financiación de la política tiene una concepción parecida: es difícil saber quiénes son los aportantes de las campañas porque buena parte de ese dinero, siempre se ha sostenido, pasa por afuera del circuito en blanco. A la hora de las elecciones, como ocurrirá seguramente a partir de marzo próximo ante la proximidad de los comicios legislativos, el dinero comenzará a fluir para comprar espacios publicitarios, diseñar campañas mediáticas y pagar actos públicos. ¿Cuál es el origen y el monto de esa masa de dinero que podría emplearse, por ejemplo, para levantar escuelas y hospitales?
Además del gasto subterráneo de la política, el costo que significa el mantenimiento de los representantes en las Cámaras legislativas es injustificadamente elevado. Santa Fe, por ejemplo, gastará unos 2.133 millones de pesos durante 2017 para financiar su Legislatura. ¿No es un exceso, cuando otras provincias de similar envergadura cuestan un tercio? ¿No debería tenderse a un Parlamento unicameral con reducido personal, sin "chapas" políticas ni ñoquis?
A la hora de buscar recursos para los Estados nacional, provincial o municipal, la política también podría hacer su aporte y no enfocar la mirada únicamente en la fácil y cautiva apropiación, sin posibilidad de evasión como en otras áreas, del salario de los trabajadores.