Cima SA adquirió las acreencias de los bancos internacionales, que suman u$s 448 millones. Se convirtió así en el principal acreedor y jugador en la resolución del default de la cerealera.
Los acreedores de Vicentin con derecho a voto son 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176, revelaron los síndicos.
El grupo inversor Cima SA adquirió la deuda que Vicentin mantenía con un grupo de bancos internacionales, en el marco del proceso de concurso preventivo que tramita desde 2020 en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini. La operación involucra u$s 447.194.396,91.
Según informó el propio grupo al juzgado, la transacción incluye créditos cedidos por varias entidades financieras del exterior. El detalle de las acreencias verificadas es el siguiente: IFC por u$s 205.785.014,45, FMO por u$s 122.278.129,55, ING por u$s 46.429.718,73, Rabobank por u$s 22.781.133,64, MUFG por u$s 12.381.296,09, SMBC por u$s 12.381.296,09 y Natixis por u$s 9.934.586,27. Fuentes del mercado estimaron que habría pagado aproximadamente u$s 70 millones por la adquisición, un monto equivalente a 11 centavos por cada dólar de acreencia.
La intervención de Cima posiciona al grupo inversor como el principal acreedor del concurso. En un comunicado oficial, señalaron que la operación busca “contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina”.
Además, indicaron que “es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo”.
El concurso preventivo de Vicentin se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir si homologa el plan de pagos presentado por la agroexportadora o si habilita la apertura del cramdown, un mecanismo que permitiría el ingreso de un tercero para competir con la propuesta original. En este contexto, Cima informó que inició “diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown”.
Cima tiene como referente al ex Wall Street Esteban Nofal. Según informó Rosario 3, opera como un aglutinador de distintos inversores financieros que apostaron por comprar la acreencia impaga a los bancos, apostando a que una mejora en el pago de la deuda y la reactivación de la firma les genere un buen retorno a la inversión inicial. Tuvo contactos con el grupo Grassi, el principal acreedor comercial no cooperativo, que vieen promoviendo un plan para comprar Vicentin, a través de una oferta en el cramdown.
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“Cima ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual Cramdown. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía”, resaltó.
El directorio de Vicentin, que apuesta todo a la homologación de su propuesta concursal, que involucra quitas de hasta 80% para los acreedores más grandes, emitió un comunicado en el que afirmó que, de confirmarse la operación de Cima, “nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”.
La empresa reiteró su posición en torno a la demora judicial: “Desde hace dos meses, la Corte de Santa Fe tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores”. Asimismo, hicieron referencia al dictamen del Procurador General, que recomendó rechazar la queja presentada por Commodities, una firma que presentó un recurso para bloquear la homologación y habilitar el cramdown en cuestión.
El comunicado del Directorio también reconoció las dificultades financieras que atraviesa la compañía, destacando que “ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano”. Añadieron que no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar un eventual proceso de cramdown.
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En relación a la demora en la definición judicial, la empresa solicitó una pronta resolución: “Reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities, para que finalmente todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente”.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe será determinante para definir el futuro de la compañía, mientras distintos actores buscan posicionarse estratégicamente en el proceso.
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