El Congreso de la Nación mira la crisis económica y financiera que se aceleró con la salida de Martín Guzmán y reprograma su agenda. La semana que comienza, previa a las vacaciones de invierno en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires (aunque ya iniciadas en Santa Fe y otras provincias) habrá casi nula actividad en ambas cámaras. Nada mejor que la excusa de unas vacaciones invernales donde se calcula cinco millones de argentinos se moverán por el país, para argüir “la falta de pasajes y dificultades” de traslado de los legisladores desde sus provincias al Palacio del Congreso, en Buenos Aires. Pero la razón del parate en la actividad legislativa, que venía hasta hace 10 días con gran intensidad, es política y no instrumental.
El oficialismo tocó fondo con la crisis del sábado 2 de julio, y la decisión, por ahora, es no aportar ningún elemento irritante desde el Congreso a la ya sensibilizada piel de los argentinos: desensillar hasta que aclare es la definición de la hora. Presuponen, desde el oficialismo, que agitar el clima social con el debate de temas políticos relevantes, pero no urgentes, por caso el ambicioso proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia que impulsa del Frente de Todos (FdT) desde el Senado, podría exacerbar los ánimos aún más, en un clima de escalada financiera, o, en el mejor de los casos, de tensa calma, como se vivió este lunes en los “mercados” financieros.
La reforma profunda de la Corte Suprema, llevando su integración a 25 miembros, e introduciendo el factor de los gobernadores como decisores clave en la nominación de los nuevos miembros, sigue en pie, aunque se tratará en agosto, al regreso del receso invernal. El anuncio del propio jefe del interbloque del FdT, José Mayans, que hace dos semanas hizo una fuerte puesta en escena con el apoyo político de siete gobernadores en el Palacio para impulsar el proyecto (que también tiene el impulso de la Casa Rosada), firmó dictamen y le puso fecha a la sesión del plenario (14 de julio), ahora quedó “viejo” luego de la reconfiguración política a la que se vio obligado el oficialismo, con el recambio de ministro de Economía, y la llegada de Silvina Batakis.
Entretanto, y en paralelo a la crisis ministerial que desencadenó la embestida de un sector opositor que incluso abonó la tesis de presunta renuncia del Alberto Fernández, dos senadores determinantes en el armado de FdT se mantienen sin definiciones sobre el proyecto de la Corte Suprema; ellos son Adolfo Rodríguez Saá, y Alberto Weretilneck: ambos tienen proyectos propios de reforma de la Corte Suprema, y estarían negociando como “se bajan” de sus propias iniciativas, y se allanan a la propuesta de la “liga de los gobernadores” con el apoyo explícito de Cristina Fernández de Kirchner. Por ahora, el oficialismo cuanta con 37 manos, pero aspira a sumar a los senadores de San Luis y Río Negro, y alcanzar los 39 votos.
