Policiales

Piden hasta 18 años de cárcel para una banda de traficantes de droga

Se trata del grupo liderado por Carlos "Cachito" Bareiro, uno de los tres grupos que ingresaban droga al país por la ciudad correntina de Itatí con protección policial y política

Miércoles 26 de Mayo de 2021

El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, solicitó penas de entre 3 años y 3 meses hasta 18 años de prisión para doce personas acusadas de integrar una de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas a través de la ciudad correntina de Itatí. La solicitud fue realizada en el marco del juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 que se sigue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) a la banda liderada por Carlos “Cachito” Bareiro, y fue acompañada por las presentaciones del titular de la fiscalía 4 a cargo de Juan Patricio García Elorrio y el auxiliar fiscal de la Procunar Martín Uriona.

En ese marco, los fiscales pidieron 18 años de prisión y una multa de 33 mil pesos para Bareiro; 9 años y medio de prisión para el ex comisario de la policía de Itatí, Osvaldo Ocampo Alvarenga; 9 años de prisión para los agentes de la Delegación de la Policía Federal de esa localidad Rubén Ernesto Ferreyra y Carlos Víctor López; 8 años y 6 meses de prisión para Ezequiel Arnaldo Saucedo y Jorge Eduardo Espinosa; 8 años de prisión para Alejandro Ramón Gayoso y Melanio Mareco Vargas; 7 años y medio de prisión para Edgardo Javier Coria (a quien se le requirió la unificación de pena con una condena anterior); 7 años de prisión para Carlos Luis Romero; 4 años y medio de prisión para Angélica Viviana Saucedo; y 4 años y 3 meses de prisión para Silvina Soledad Ayala.

Todos ellos fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de comercio en calidad de coautores (exceptuando Viviana Saucedo y Silvina Ayala, ambas consideradas partícipes secundarias), agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos. A su vez, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que se ordene la extracción de testimonios con el objeto de que se investigue la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y falso testimonio en los que habría incurrido el testigo Walter Daniel Zanek.

“La prueba rendida durante el debate permitió demostrar acabadamente que las personas aquí imputadas, al menos desde el mes de mayo del 2014 y hasta marzo de 2017, formaron parte de una asociación ilícita con contactos internacionales”, acusó el fiscal Iglesias.

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En la cuarta audiencia del juicio, realizada a través de la plataforma virtual Zoom, el fiscal auxilar Uriona concluyó con la valoración de la prueba y luego el fiscal Iglesias finalizó con el petitorio del MPF. “A lo largo del alegato hemos analizado y hemos considerado que se encuentra acreditado que Bareiro cumplió el rol del organizador. Fue la persona que dispuso y preparó a un conjunto de individuos. Coordinó los medios necesarios para lograr ese fin determinado. Bareiro articuló las tratativas necesarias, no solo con Coria sino también con otros sujetos que al día de la fecha no han podido ser identificados, pero que sí tomaron participación en el hecho, dando las directivas pertinentes a los fines de lograr el desplazamiento comercial de la droga”.

Añadió que “Bareiro distribuyó los roles que debía cumplir cada uno de los sujetos involucrados. Se ocupó de la adquisición de la marihuana. Ejerció un control en el traslado de la droga hasta el final donde fue finalmente secuestrada”. En este mismo sentido, la fiscalía señaló que Bareiro tenía claras “tareas de conducción impartiendo órdenes, con un amplio poder de gestión”.

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“La prueba rendida durante el debate permitió demostrar acabadamente que los aquí imputados, al menos desde el mes de mayo del 2014 hasta el mes de marzo del 2017, formaron parte de una asociación ilícita con contactos internacionales que se valió de distintas técnicas y procedimientos para llevar adelante el trafico ilícito de estupefacientes, especialmente marihuana. Desde su introducción al país vía fluvial, proveniente de la Republica de Paraguay, a través de la ciudad de Itatí, hasta su distribución y comercialización por el resto del país”, desarolló Iglesias. Oportunamente se había dicho que la droga llegaba a al menos ocho provincias argentinas, entre ellas Santa Fe, y que la banda de Los Monos en Rosario era provista de estupefacientes por el grupo liderado por “Cachito” Bareiro.

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A su vez, Iglesias señaló que “está probado que se valieron de personas menores de edad y de funcionarios públicos, algunos de ellos, de fuerzas de seguridad de federales y provinciales”.

En las 39 causas conexas que se abrieron a partir de detectarse que por Itatí ingresaba droga al país y que del contabando no solo participaron los narcos involucrados sino que los mismos contaban con protección de las máximas autoridades municipales y de fuerzas de seguridad locales y federales, se realizaron 28 allanamientos y se incautó, entre 2011 y 2017, un total de 18 toneladas de marihuana.

Estructura criminal

Durante el alegato, los fiscales consideraron acreditado que la asociación ilícita comandada por Bareiro realizaba contactos con proveedores de la República de Paraguay para luego ingresar la droga a través de embarcaciones que surcaban el río Paraná, a la altura de la ciudad de Itatí. En este marco, explicaron, la organización acopiaba el material estupefaciente en las cercanías de la localidad de Itá Corá, sobre el margen paraguayo del río, y en múltiples islas de la zona, desde donde era introducida posteriormente mediante embarcaciones a Argentina.

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Asimismo, describieron los fiscales, la droga era acopiada en cargamentos en distintos puntos de la localidad de Itatí y sus alrededores, en zonas agrestes u oculta entre la vegetación. Añadieron que, finalmente, la estructura criminal que contaba con diversos vehículos de pequeño, mediano y gran porte, instrumentaba la distribución y la comercialización de las sustancias estupefacientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Según la acusación, la organización contaba con diversos objetos logísticos, como pequeñas embarcaciones, una gran cantidad de teléfonos celulares, armas de múltiples calibres y proyectiles.

En las intervenciones de las comunicaciones telefónicas que fueron expuestas en las audiencias como parte de la prueba, los acusados empleaban palabras como “dorado” y “surubí”, o frases como “tengo el pescado a 300” haciendo alusión a los cargamentos de material estupefaciente, o bien “lechuga” o “verdes” para referirse a los efectivos de las fuerzas de seguridad.

El operativo que llevó a desbaratar el ingreso de droga desde Paraguay a la Argentina a través de la ciudad correntina de Itatí es tan importante no solo por la cantidad de droga secuestrada a lo largo de la investigación sino también por las personas implicadas en la operación de contrabando ilegal. A medida que fue avanzando la causa y fueron apresadas las personas vinculadas a la misma hubo un primer proceso judicial (en el cual se detectó que la marihuana llegaba de Itatí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser comercializada en la villa 21 de Barracas) y que terminó con 12 condenados. A eso se le sumó una segunda causa relacionada con la anterior, en la que se sumaron otras 30 condenas.

En ambos casos las sentencias quedaron firmes luego de ser apeladas a Casación. Incluso en un tercer proceso (un rejunte de varias causas conexas) se halló culpable a otro grupo de 14 personas.

Y en agosto de 2019 arrancó un juicio oral inédito con 45 procesados de los cuales 33 firmaron acuerdos de juicio abreviados con la Fiscalía por penas que van de 3 años y medio a 12 años de prisión, lo que significa que los acusados aceptaron su responsabilidad dentro del entramado narco.

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Entre los que firmaron abreviados están el ex intendente de Itatí, Natividad Roger Terán; el viceintendente Fabio Aquino; el ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone; y uno de los líderes de las tres bandas narcos que operaban en la zona, Federico Sebastián “Morenita” Marín.

Cuando el juicio a “Cachito” Bareiro y su banda termine, aun quedará otro muy importante y es el que tiene al ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila como principal imputado por cobrar coimas para beneficiar a los narcos en complicidad con sus dos secretarios y un equipo de cinco abogados.

Finalmente quedará el proceso al grupo que lideraba Luis “Gordo” Saucedo, quien fue detenido en Paraguay en septiembre de 2019 por lo que tendrá su juicio aparte. Por él, el Estado argentino llegó a ofrecer una recompensa de un millón y medio de pesos.

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