Le imputan participar de un operativo anterior en el que torturaron a dos detenidos para que dijeran quién los abastecía. Con ese dato fueron a robar la droga en una casa de barrio Azcuénaga
Armas largas, municiones y cuchillos entre los elementos secuestrados en los allanamientos a los policías implicados.
Un superior de servicio de la Policía de Acción Táctica (PAT) fue imputado de omitir evitar torturas y por allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad agravada, entre otros delitos. Se trata de Miguel Alberto Aguilar, quien se sumó como octavo imputado en la investigación por un allanamiento ilegal que terminó con uniformados acusados de haber robado 15 kilos de cocaína, armas y dinero.
Aguilar fue imputado en una audiencia ante el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros quien le dictó prisión preventiva por 90 días. Además se les amplió la imputación a seis subalternos suyos de la PAT que sumaron acusaciones por tormentos físicos a las que ya pesaban en su contra. Ahora se los acusa de haber picaneado a dos personas que detuvieron con drogas para que les dijeran quién los abastecía de drogas y, a partir de ese dato, fueron a realizar el allanamiento ilegal que se les achaca.
Las nuevas imputaciones en este caso que se originó en un allanamiento ilegal de la PAT el 13 de agosto de 2024 en barrio Azcuénaga fueron formuladas en una audiencia oral por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari, María Virginia Sosa y Soledad García. Las imputaciones comenzaron meses atrás contra ocho efectivos de la PAT que fueron acusados de haber robado 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos.
Los policías ya estaban imputados como coautores de privación coactiva de la libertad, violación de domicilio, robo agravado, comercio de estupefacientes y asociación ilícita. Pero en la última semana, según se publicó en el sitio del Ministerio Público Fiscal (MPF), “la fiscalía profundizó y amplió el objeto de la investigación y, en el marco de esa pesquisa, se formalizaron dos trámites relevantes”.
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Una de las medidas fue sumar como octavo imputado a Aguilar, en una audiencia realizada el viernes pasado. El policía se desempeñaba como “superior de servicio” de la Compañía “Alfa” de la PAT y “participó en la obtención ilegal de datos relativos a la identidad y dirección del proveedor de drogas” en un procedimiento realizado en Jean Jaures al 5500 en el cual se secuestró un ladrillo de cocaína”.
Los fiscales expusieron su teoría que indica que en ese procedimiento el personal a cargo de Aguilar obtuvo información a través de violencia física “bajo amenazas, golpes y utilización de una picana eléctrica sobre el cuerpo de los detenidos” a quienes interrogaron sobre el proveedor de droga al que se referían como “pez gordo”, su nombre y dónde vivía y guardaba la droga. Así fue que con esos datos, ese mismo día alrededor de las 16.30 practicaron el allanamiento ilegal en una casa de Forest al 5600.
Según la imputación los suboficiales Jesús Angel Balais, Guillermo David Toledo, Fernando Nicolás Ferreira, Iván Severino Schneider, Gerardo Pérez y Sergio Robledo se trasladaron en los patrulleros 10.065 y 10.533 sin orden judicial ni motivos que lo justifiquen. La novedad es la participación del superior de servicio ese día cuyo nombre no estaba consignado en el acta del procedimiento.
“En términos de control y supervisión del personal a su cargo fue imprescindible para que los hechos se llevaran a cabo con relativo éxito”, dijeron los fiscales acerca de la presencia de Aguilar en ese operativo. “¿Por qué decimos que participó? Porque su móvil reportó localización en el lugar. Es el 10.434 y llega a las 15.01. No aparece en el acta, pero está en el lugar. Después llegan los móviles con los otros policías, llegaron prácticamente juntos”, describió la fiscal Sosa en la audiencia.
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Los fiscales acusaron a Aguilar de haber participado de ese procedimiento en el que los policías a su cargo usaron métodos ilegales y prohibidos para obtener información de los detenidos acerca de quien los abastecía de drogas. “Revisaron los celulares de los detenidos, amenazaron el futuro de sus familias, les aplicaron golpes y descargas eléctricas sobre sus cuerpos con un dispositivo que uno de los policías tenía en su poder. Insistieron hasta obtener el dato y luego, en los móviles policiales, fueron a Forest al 5600”, recordó Sosa.
Entre las evidencias presentadas por los fiscales están las declaraciones de los denunciantes, que coinciden en que los uniformados les pegaron y picanearon a los detenidos mientras exigían que les revelaran quién era “el pez gordo”, en alusión al proveedor de estupefacientes. “Eran un montón… como cuatro patrulleros, tres seguro. Dos mujeres y más de siete, ocho hombres... Y ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera, y a mostrarnos la parte de la cola... El primero fue un toquecito, y después era continuo”, reveló un detenido.
En ese marco Aguilar terminó imputado como coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integrar una asociación ilícita. Además se le achacó la “omisión de evitar torturas”. El juez Vera Barros le impuso 90 días de prisión preventiva efectiva y dictó una inhibición general sobre sus bienes.
Entre las evidencias esgrimidas sobre el procedimiento de Jean Jaures al 5500 se mencionó el secuestro, en un allanamiento a un domicilio vinculado a Balais en la ciudad de Santa Fe, de una picana eléctrica dentro de su mochila de trabajo. “La existencia de ese artefacto de tortura en poder de uno de los policías imputados les da una significativa credibilidad a los relatos”, remarcó la fiscalía.
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Con esos elementos, y en otra audiencia celebrada el miércoles de la semana pasada, se amplió la imputación a los policías Balais, Schneider, Ferreira, Robledo, Toledo y Pérez por ser presuntamente quienes aplicaron golpes y torturas en aquellos procedimientos irregulares. Además de las testimoniales mencionadas y la picana secuestrada, se agregó a la evidencia datos surgidos de la pericia preliminar al teléfono del policía Toledo de la que surge “cuál es el método de trabajo, la sistematicidad significativa de revisar teléfonos, y utilizar métodos lesivos contra la integridad física de los detenidos”.
La fiscalía reprodujo un audio entre Toledo y otro policía en el cual le explica, en abril de 2024, cómo hacerse de información obtenida en forma ilegal. “Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos”, explica Toledo sobre cómo trabajar; el ejemplo llevó a la fiscal Sosa a caracterizar al policía como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”.
En otro audio reproducido en la audiencia, el 17 de septiembre de 2024, Toledo le cuenta a Balais sobre un patrullaje en zona norte: “Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos, con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era”, finaliza el audio.
El pastor evangélico y diputado provincial Walter Ghione cuestionó a la Iglesia Católica que pide ordenar y regular la actividad de trapitos y cuidacoches.
Por Nicolás Maggi