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Unas doscientas inversiones en countries bonaerenses serían del narcotráfico

La Justicia investiga a barrios cerrados y centros comerciales de desarrollos inmobiliarios de alta gama, en la zona norte. Una tendencia que ha crecido en forma alarmante.

Lunes 13 de Mayo de 2013

Más de 200 inversiones en barrios cerrados, countries y en desarrollos inmobiliarios de alta gama en la zona norte del Gran Buenos Aires están siendo investigadas por la Justicia ante la sospecha de haber sido financiadas por el narcotráfico internacional.

Se trata de una tendencia que ha crecido en forma alarmante en los últimos años.

Un reciente cruce de información de investigaciones en curso, de las que participan fuerzas de seguridad nacionales y de la provincia de Buenos Aires, aportó un número que encendió todas las alarmas.

Sólo en un desarrollo urbanístico de la zona norte, que integran varios barrios cerrados y centros comerciales, se han detectado al menos 202 inversiones consideradas sospechosas de tener financiamiento del narcotráfico internacional, según publicó ayer Diario Popular.

Un número que, por sí sólo, gráfica la supuesta penetración de grandes organizaciones criminales en la Argentina.

De acuerdo a dos altas fuentes consultadas por el matutino sólo en ese desarrollo inmobiliario de la zona norte del Gran Buenos Aires —donde las propiedades tienen un alto valor de mercado—, en distintos juzgados, tanto federales como provinciales, han puesto bajo la lupa 202 inversiones que han sido financiadas con fondos considerados sospechosos de proceder del narcotráfico internacional.

No sólo hay viviendas, sino que también han observado inversiones en locales comerciales y edificios de oficinas.

De las mencionadas 202 inversiones sospechosas, los investigadores han encontrado distintos orígenes, siendo de capitales colombianos la gran mayoría de ellos.

De dicho país, proceden los financistas de 172 desarrollos inmobiliarios, mientras que la lista la completan 25 propiedades con dueños mexicanos y otros cinco que son venezolanos, entre ellos uno que sería un ex deportista con antecedentes por narcotráfico en México.

De las mencionadas 202 inversiones, varias han sido allanadas por la Justicia, debido a que sus propietarios fueron procesados o detenidos por tener vinculación con causas federales. Tal es el caso de los colombianos y argentinos que fueron involucrados en el operativo Luis XV, en el que se descubrió una mega red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En las últimas semanas, además, un juzgado federal encontró sociedades que conducirían a un colombiano que llegó al país hace pocos años, con el argumento de ser un empresario agropecuario perseguido por la violencia guerrillera. Ese supuesto empresario, que tendría relación familiar con un famoso ex capo de un cártel de la droga, habría invertido varios millones de dólares para adquirir 19 propiedades en al menos cinco barrios cerrados de la zona norte. En las investigaciones probaron que gran parte de estos empresarios que invierten dinero de dudosa procedencia realizan una maniobra, común en varios casos, para ocultar a sus familiares directos: las esposas han sido inscriptas como personal doméstico. Además, la mayoría de esos supuestos narcos no viven en los barrios más exclusivos, sino que se afincan en las urbanizaciones de nivel intermedio, para evitar de esta manera ostentaciones sospechosas.

Según una fuente consultada, muchos desarrollos urbanísticos de estas características presentan, aunque no intencionalmente, facilidades para la inversión "negra".

Concretamente, muchos compradores cuando adquieren un terreno y construyen una vivienda reciben un documento que no es más que un boleto de cesión que forma parte de un fideicomiso.

Con esa documentación pueden estar hasta diez años sin que se llegue a escriturar la vivienda.

Cuando esto ocurre, los controles del Estado son demasiado laxos y el dinero invertido queda fuera del alcance de la lupa de los organismos gubernamentales.

En abril pasado fue desbaratada una organización de narcotraficantes que operaba en la zona Ssr del Gran Buenos Aires y que contaba con un centro operativo de lavado de activos que, presuntamente, se centraba en un conocido barrio privado de San Vicente, el San Eliseo.

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