El gobierno nacional anunció ayer que fijó el aumento salarial para los choferes de larga distancia en un 23 por ciento y dispuso que a partir de ese incremento el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) deberá "dejar sin efecto" el paro nacional que afecta al transporte de larga distancia.
Desde la cámara empresaria que agrupa al transporte de línea se rechazó el aumento por "inviable", lo que motivó una inmediata respuesta del gobierno en el sentido de que podría haber sanciones a las empresas a la vez que denunció un "lock out" patronal.
En una resolución de cuatro carillas firmada por los secretarios Noemí Rial (Trabajo) y Alejandro Ramos (Transporte), el gobierno intervino en el tercer día de conflicto que dejó sin ómnibus de larga distancia a miles de pasajeros.
En el primer punto de la resolución, la Nación ratificó la propuesta salarial realizada el pasado 2 de mayo, con un incremento del 18 por ciento no remunerativo de enero a marzo —pagadero en dos cuotas—, más el aumento del 23 por ciento del sueldo —remunerativo— a partir de abril de 2013 y hasta el 31 de diciembre.
Además, el gobierno instó a la UTA a dejar sin efecto las medidas de fuerza que inició el pasado jueves y notificó a las cámaras empresarias para que restablezca "de inmediato" las instalaciones y los vehículos que presten servicio.
Después de conocida la resolución, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) se avisó que es "inviable" el aumento decretado. Gustavo Gaona, vocero de la entidad, sostuvo que los dueños de las empresas reconocen el aumento pero "no pueden afrontar los costos", que estimó "en 70 millones de pesos mensuales" en conjunto.
Voceros del Celadi rechazaron una acusación del ministro Florencio Randazzo en el sentido de que estarían extorsionando para volver a gozar de los subsidios al gasoil y ratificaron que no pueden "garantizar" el aumento decretado a los trabajadores.
Los choferes de larga distancia agrupados en la UTA cumplen hoy su cuarto día de paro en medio de un fuerte malestar de los pasajeros varados en las principales terminales de ómnibus, fundamentalmente Retiro (Buenos Aires).
En Rosario la terminal ayer estaba desierta; sólo en el sector destinado a viajes de media y corta distancia se observó movimiento.
A diferencia de lo ocurrido con otras huelgas, en esta ocasión no quedaron pasajeros varados en Rosario.
"Esta vez no quedó gente varada, ni siquiera vinieron a la estación, y no tuvimos problemas como en otras oportunidades", dijo Orlando Debiasi, titular de la Sociedad de Estado municipal que maneja la terminal. "Este paro fue bastante anunciado; desde dos o tres horas antes de iniciarse no había nadie", completó Debiasi.
La resolución del gobierno dada a conocer ayer también indicó que los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; y de Economía, Hernán Lorenzino, pondrán en marcha mecanismos "de asistencia económica y otras medidas regulatorias" a las empresas en caso de que exista una caída de la demanda en el sector.
Además, se determinó que Interior y Transporte y Economía harán una "evaluación general del sector particularizando los distintos corredores, nivel de competencia, estructura sectorial y grupos y empresas en particular".
El objetivo es "generar medidas regulatorias que permitan el ordenamiento sectorial, considerando grado de concentración, competencia sectorial, corredores, servicios, frecuencias, a partir de la demanda actual y su proyección futura".
Ante el paro, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) había advertido que casi 80 mil pasajeros en más de 2.000 destinos de todo el país permanecían varados.
Los empresarios sostuvieron, además, que de continuar la medida de fuerza a lo largo del fin de semana, los afectados podrían ascender a 300 mil e incluso la paralización de servicios perjudicaría el normal desarrollo de las fechas de fútbol.
Claves para entender la resistencia empresaria
Los empresarios del transporte soportan una ecuación del negocio muy distinta a cinco años atrás, por lo que es lógico sospechar que sostendrían el paro-lock out con mayor determinación que los sindicalistas de la UTA.
Con intermediarios o sin ellos, los patrones le están diciendo al gobierno que las cuentas no dan para enfrentar un aumento del 23 por ciento para los choferes si no se "tocan" otros aspectos.
Los costos operativos les han subido desde la eliminación del subsidio al gasoil en enero de 2012, dispuesto por el gobierno. Aquella decisión cortó el romance. Durante casi una década, las compañías se abastecieron de un gasoil diferencial equivalente al 25 por ciento del precio de las estaciones de servicios. Ahora pagan el combustible a los valores cada vez más altos del mercado.
Los colectivos abonan mas peaje en las rutas, que antes estaba bonificado.
Explican, por último, que venden menos boletos que hace dos años, cuestión fácil de verificar por los organismos. En 2012, los ómnibus de larga distancia transportaron 8 por ciento menos de pasajeros que en 2011. Y en la última temporada veraniega la cantidad de usuarios fue un 6 por ciento inferior a la de diciembre'11-febrero'12.
Dicen que de la caída interanual de cinco millones de boletos, más de un millón de pasajeros se pasó a los aviones subsidiados de Aerolíneas Argentinas; otros dos millones se volcaron a los autos y otros dos millones respondieron a un menor desplazamiento de la gente.
Por Azul Martínez Lo Re