Plus médico: qué busca la provincia con una nueva batalla con los prestadores privados

El gobierno provincial sigue en su intento de domar algunas cuestiones del sistema de prestaciones médicas entre las gerenciadoras, sanatorios, afiliados de Iapos y médicos. El Ministerio de Economía envía nuevamente señales sobre el problema de fondo que es la discusión de recursos y financiamiento, y, en ese sentido, avanzó en un tema sensible: el plus médico.

Desde hace meses persiste una tensión entre el gobierno y las empresas de medicina privada quienes reclamaban una suba de aranceles al punto que parte de los prestadores cortaron los servicios por más de un mes para los afiliados al Iapos. El gobierno le descontó servicios no prestados y habilitó una comisión de estudios de costos.

En julio emergió un conflicto con los anestesistas, quienes comenzaron a exigir a los afiliados un plus para poder ser atendidos aduciendo incumplimientos. El ministro de Economía, Pablo Olivares, que se había puesto al frente del conflicto absorbiendo a Iapos -de alrededor de 600 mil afiliados- y al área de Salud de licencias y carpetas médicas, advirtió con acciones legales y dejó claro que “los anestesiólogos son parte de los recursos humanos de los sanatorios”.

Plus médico en la mira

“Iapos no tiene contrato con ellos, sino que el contrato que realiza la obra social es a través de gerenciadoras que procuran la prestación”. De esa manera exponía a las empresas privadas con los médicos en un nuevo round por los aranceles. Ahora volvió a avanzar en ese sentido con medidas sobre el plus que cobran los médicos, tema más que sensible.

El gobierno provincial puso el foco en el plus médico que le cobran a afiliados de Iapos

En el marco del lanzamiento de las órdenes de consulta digitales, anunció que compensará a los afiliados que han sido víctimas y sancionará a los profesionales que repitan la práctica ilegal. De hecho habilitó un sistema de denuncias para poder avanzar con sanciones tributarias y hasta del padrón médico. Se deja un margen sin actuación para los casos de consentimiento mutuo entre el profesional y el paciente. Eso demuestra el fin práctico que persigue la medida.

El mensaje del gobierno provincial

Pero, a la par de las eventuales sanciones, subió los aranceles casi en un 50% como reclamaron meses atrás. ¿Qué mensaje se quiere dar entonces? Que se avanza en un ordenamiento bajo el paraguas del eficientismo que si requiere conflicto lo tendrá.

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En el gobierno hacen la salvedad de no pretender arrinconar a los profesionales en una figura de enemigos, al contrario, argumentan que le están sincerando cuánto es lo que pagan a las gerenciadoras por su consulta. “Deben darse cuenta que Iapos los valora más de lo que ellos valoran a Iapos”, sintetizaron. Al afiliado le convidan contención en un tema que históricamente da sensación de desamparo.

Mientas que con las gerenciadoras y prestadoras la cuestión se tensa un poco más y, básicamente, les sugieren que no sean asimétricos en la crítica situación. Vale recordar que con la desregulación establecida por el gobierno nacional al comenzar su gestión, la medicina prepaga justificó fuertes subas a sus asociados en el aumento de los costos de mantenimiento debido a la alta inflación. Aquel aprovechamiento fue la punta de un sistema que requiere ajustar tuercas.