Un sistema que nació con el boleto picado

“No puedo reventar un municipio por un sistema de transporte sin solución”. Esta es la frase tajante que no se cansa de repetir el intendente Pablo Javkin para justificar el proyecto que envió al Concejo para declarar la emergencia del transporte de colectivos, rediseñar el sistema y renegociar los contratos con las empresas prestatarias.

Si bien el debate sobre el tema recién arranca en el Concejo, la mayoría de las bancadas no tiene mayores objeciones a este planteo de Javkin. Lo justifican. Incluso cuenta con el respaldo de las tres concejalas del socialismo, sin mediar autocrítica por lo actuado durante sus gestiones. La realidad es demasiado contundente como para negarla.

El actual sistema de transporte de Rosario consume por día unos 7 millones de pesos de subsidios estatales. Y pese a este flujo de fondos públicos, no deja de ser inviable económicamente. Los números no cierran. Ni para la empresa estatal Movi ni para los dos concesionarios privados: Rosario Bus y El Cacique (que ya avisó que rescindirá el contrato si no se modifica la ecuación económica del servicio). Los 76 días de paros que llevan los colectiveros en lo que va del año en sucesivas medidas de fuerza por deudas salariales son la expresión más visible de esta crisis.

La pandemia y la insustentable e insostenible concesión del servicio de transporte adjudicada en agosto de 2018 por la entonces intendenta Mónica Fein se llevaron puesto el tanta veces anunciado y prometido “nuevo sistema de colectivos”, que ni siquiera logró implementarse cumpliendo todas las exigencias que marcaba el pliego de licitación.

Es que el “nuevo sistema de transporte” parecía “Alicia en el país de las maravillas”. El concejal Roy López Molina (PRO) lo describe a su manera: “El pliego actual del transporte es más para un país nórdico que para una ciudad como Rosario”.

Si el problema del sistema de colectivo fuera exclusivamente producto de la pandemia, Javkin hubiera pedido la emergencia solo por el tiempo que ésta dure (se especula que a mediados del año próximo ya estaría vacunada contra el Covid-19 la mayoría de la población). Pero la solicitó por tres años, hasta el final de su mandato. Las acciones hablan más claro que las palabras. Y en política estas últimas muchas veces se evitan para no dañar a aliados políticos.

Desde el 1° de enero de este año hasta el 30 de septiembre el sistema de colectivos de Rosario recibió $370 millones en subsidios de la propia Municipalidad, $498 millones del gobierno provincial y $793 millones de la Nación (a la que aún le resta pagar las cuotas de agosto y septiembre de $105 millones cada una). En total, el sistema se consumió $1.817 millones de fondos públicos en los primeros nueve meses de 2020, según información oficial a la que accedió La Capital. Y así y todo está al borde del colapso.

Esos subsidios podrían ser aún mayores si la Nación distribuyera los suyos con equidad geográfica, pero este desequilibrio en favor de los porteños es histórico y en todas las áreas de gobierno. La concentración de recursos nacionales en Buenos Aires es fenomenal. Pero Fein adjudicó su proyecto en esas condiciones, en este país, no en otro. O sea que no se puede utilizar ese argumento para explicar el fracaso del “nuevo sistema”. ¿Se puede plantear un modelo de transporte público sin sostenibilidad financiera? ¿Quién paga la diferencia entre lo que sale el boleto y el costo que demanda el sistema para funcionar?

Incluso, el presidente Alberto Fernández cuando asumió en diciembre pasado corrigió algunos puntos la distribución territorial de los subsidios al transporte: en la era de Mauricio Macri la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se llevaban el 88% del total y el interior el 12%. Ahora ese reparto pasó al 86% y 14%. Se avanzó unos pasos, pero el profundo desequilibrio persiste.

“Hay que poner sobre la mesa la necesidad de construir un sistema de transporte realista”, dice el concejal Fabrizio Fiatti, una de las espadas políticas que tiene Javkin en el Concejo.

Ese “sistema realista” es el que ahora está sobre la mesa de discusión y de la que participarán distintos actores: la Intendencia, el Concejo, las empresas concesionarias y la UTA. Se abrió un debate integral de todo el servicio de colectivos: recorridos, tarifa, calidad, antigüedad de las unidades, frecuencia, costos… Lo único que no está en discusión es que el promocionado “nuevo sistema de transporte” tal cual se concesionó feneció prematuramente. Se adjudicó en 2018 por un plazo de contrato de diez años y cinco de prórroga. Es decir, debería estar vigente hasta agosto de 2033. Pero su certificado de defunción ya tiene marcada la fecha: octubre de 2020.

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