Más allá de lo estrictamente jurídico, la inédita situación por la que atraviesa la provincia de Santa Fe ante la intervención del teléfono oficial del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tiene interesantes ribetes políticos para analizar.
Durante quince días las cuestiones inherentes a la seguridad pública estaban siendo escuchadas por empleados que se dedican a ese menester, por otros que desgraban, por fiscales que las solicitaron y, además, copias de esos audios llegaron misteriosamente a los medios de comunicación en forma anónima. Llamativamente, pocas veces la prensa accedió tan fácilmente a información clasificada y secreta como en esta oportunidad. Pero no sólo la gravedad de la situación se circunscribió al ámbito de la seguridad pública, sino que alcanzó a la máxima autoridad de la provincia, el mismísimo gobernador, cuyos diálogos con su ministro también fueron escuchados.
Se sostiene, con fundamentos, que todo fue legal porque integrantes del Ministerio Público Fiscal fueron autorizados por un juez (quien aduce no saber qué pinchadura había avalado) a intervenir el teléfono del ministro en una causa por corrupción policial y supuesto tráfico de influencias que en principio aparece como de escasa relevancia como para espiar al funcionario. La situación se resumiría así: un fiscal interpreta que se está cometiendo un ilícito, pide intervenir varios teléfonos y el juez lo autoriza a ciegas sin saber de quiénes se trata. Lo mismo ocurrió con otro fiscal que aprovechó su posición para espiar a su ex novia y a sus familiares.
Sin dudas, lo primero que se impone es que el Poder Judicial de la provincia revise estos procedimientos para que la intimidad de las personas no pueda ser vulnerada a discreción de muy pocas personas y menos aún que el juez que lo avala no sepa de quién es el teléfono que autorizó intervenir.
Si esto sucede en el ámbito público con las pinchaduras de teléfonos, qué puede esperarse en el sector privado donde siempre han existido el espionaje industrial, financiero y sobre todo político, que también se extiende a los correos electrónicos y las redes sociales. El avance de la tecnología ha permitido la fluidez de la comunicación a niveles inéditos, pero al mismo tiempo la ha hecho vulnerable y por eso el único secreto perdurable es el que se transmite en persona, siempre y cuando uno de los protagonistas no esté grabando ocultamente la conversación.
Hace unos años, se denunció ante la Justicia bonaerense a un grupo privado de personas por intervenir correos electrónicos de funcionarios del gobierno nacional y presuntamente vender esa información a comunicadores que la habrían comprado y difundían, en una causa en la que intervino la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal del caso Amia Alberto Nisman.
Pero la pasión por espiar al otro no es sólo patrimonio nacional. Los norteamericanos, por ejemplo, desde el escándalo de Watergate en la década del 70 tienen un largo historial en la materia. Espían a enemigos políticos (como Nixon al Partido Demócrata) o incluso a los propios amigos y aliados, como el caso de la pinchadura del teléfono de la canciller alemana Angela Merkel en 2013, escándalo que salió a la luz cuando un ex agente de la CIA filtró a la prensa información clasificada del servicio secreto norteamericano.
También los rusos saben mucho del tema: con un ex funcionario de la KGB como presidente, no tienen nada que envidiarle a Estados Unidos. En estos momentos se investiga si el gobierno de Putin influyó con información clasificada sobre Hillary Clinton para favorecer a Trump en las elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca en enero de este año.
Volviendo a estas latitudes, en este país se ha vuelto tan sencillo intervenir un teléfono que existe la sensación de que siempre alguien está escuchando las conversaciones y sacando provecho particular, político, económico y tantos otros de una acción que debería estar reservada sólo al ámbito de la Justicia para combatir el delito. Porque si se analizan las escuchas al ministro Pullaro no surge con claridad que su contenido se trate de una acción dolosa en marcha. Sí, en cambio, reflejan una gravedad institucional peligrosa en cuanto a la vinculación entre dos poderes del Estado, que no deberían disponer presentaciones judiciales de las personas en función de una fecha electoral. La grabación en la que se lo escucha al ministro Pullaro mostrarse sorprendido por citaciones judiciales de policías antes de las elecciones, porque desde el Ministerio Público Fiscal le habían prometido que sucederían después de los comicios, es demostrativa de un secreto a voces y no sólo en esta provincia: la relación estrecha y con fines políticos entre los gobiernos de turno y sectores de la Justicia.
Todo está muy entreverado, es sospechoso de intencionalidad por varias aristas, como desprestigiar a un ministro que viene conduciendo con mejores resultados que los anteriores la lucha contra la inseguridad y la corrupción policial. Aunque eso no puede justificar la relación impropia con la Justicia, como revelan las escuchas, sin dudas lo más complicado que aparece en este caso que trajo conmoción política a la provincia y que aún está lejos de terminar.
