La economía tiene algunos puntos de contacto con el derecho en cuanto a que ambas disciplinas tienen en ocasiones interpretaciones absolutamente disímiles ante los mismos hechos. Por eso es tan común que muchos de los fallos que son revisados por tribunales superiores dejen en libertad por falta de pruebas a acusados de homicidio a quienes otro tribunal inferior los había sentenciado a prisión perpetua. Para ser más gráfico, Carlos Carrascosa, acusado por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, hace ya 14 años, fue liberado de culpa y cargo hace unos meses tras dos condenas ratificadas y varios años en la cárcel. ¿Cómo pueden coexistir fallos tan contrapuestos sobre un mismo caso y con los mismos elementos de prueba? La respuesta la tienen los juristas.
En la economía se advierte algo similar en cuanto a qué teoría económica aplicar para resolver una situación determinada, siempre dentro del marco ideológico al que se adscriba. La Argentina, por ejemplo, es un país con una economía de mercado, más abierta o cerrada según los diferentes gobiernos, pero dentro de un mismo pensamiento liberal que predomina hoy en el mundo. Ningún partido político que alcanzó el gobierno nacional en las últimas décadas implementó políticas económicas que se hayan apartado de las tradiciones liberales del derecho a la propiedad ni promovió la regulación total del mercado. Sí existen matices disímiles en cuanto a la interpretación de la realidad y a las medidas de política monetaria o económica a implementar.
Los gobiernos no instrumentan decisiones económicas a sabiendas de su fracaso porque nadie se suicida políticamente. Lo que ocurre es que las miradas e interpretaciones tan distintas sobre la realidad favorecen salidas que terminan mal. Y de eso sabemos en la Argentina.
El kirchnerismo promovía la producción nacional y el mercado interno, pero tenía subsidiada la economía, mantuvo un mercado de cambios cerrado e índices económicos y sociales mentirosos. ¿Era sustentable ese programa diez años más o el recambio vino justo antes del abismo?
El actual gobierno le imprimió un giro liberal ortodoxo a la economía con resultados que a 14 meses de su implementación ya se advierten los primeros síntomas: perjuicio a la industria nacional por la apertura de la importación, fábricas que recortan puestos de trabajo, enormes alzas de tarifas para terminar con los subsidios pero que golpean a los salarios, una economía que no arranca y una inflación que no termina de ceder. Un panorama que también ya se ha visto en la Argentina.
El gobierno, sin embargo, no desestimó el efecto político de la presión social y sindical, por lo que tuvo que repartir miles de millones de pesos para tranquilizar los ánimos, aunque el efecto duró poco. Hace unos días reglamentó la ley de emergencia social por la que transferirá unos 30 mil millones de pesos hasta diciembre de 2019 a los grupos que distribuyen ayuda social entre quienes apenas tienen lo mínimo para sobrevivir. ¿Lo hizo por convicción de que esa gente debe ser ayudada o por estrategia política? Además, el gobierno se comprometió a saldar una deuda de otros 30 mil millones de pesos con las obras sociales sindicales y por eso tal vez todavía no hay fecha de paro general. Usó un viejo método que sus dirigentes siempre han criticado, pero que ha sido empleado por todos los gobiernos, más allá de su ideología. El cambio a esa forma de gobernar es el más difícil de producir porque es cultural y seguramente demandará varias generaciones.
El kirchnerismo, pese a las políticas populares de 12 años de gestión, dejó millones de pobres e indigentes. El macrismo, que prometió pobreza cero, no sólo que no comenzó a reducir esa cifra sino que la aumentó. ¿Entonces, cuál sería la síntesis entre unos y otros para que este país, uno de los más ricos de la tierra, deje de tener un tercio de la población en la miseria?
Tal vez lo que no termina de definirse en la Argentina es un acuerdo político nacional a largo plazo, seguido en sus lineamientos generales por todos los gobiernos, que tienda a derribar los muros que frenan el crecimiento sostenido y una equitativa distribución de la renta. Todo, en un marco de transparencia institucional, el punto más débil de la clase política y empresarial argentina. Primero la política y después la economía, porque sin acuerdo no hay futuro.
