Massa, el Poder Judicial y Ganancias

“Si yo soy presidente ningún trabajador pagará impuesto a las ganancias”, le dijo a quien esto escribe Sergio Massa, actual titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Esa promesa se formuló antes de las elecciones presidenciales de 2015 cuando obtuvo la nada despreciable cantidad de más de cinco millones de votos, que sin embargo no le alcanzaron para llegar a la segunda vuelta en los comicios que ganó Mauricio Macri.

Massa y Macri tuvieron en ese tema un punto de coincidencia. Macri también hizo campaña con la anulación de ese gravamen para los trabajadores: “En mi gobierno no van a pagar impuesto a las ganancias”, decía por todos lados. Cuando terminó su mandato, no sólo que no cumplió ese anuncio sino que más trabajadores se sumaron a la lista de los que contribuían al fisco.

Massa no llegó a la presidencia como para poder comprobar si hubiese cumplido su promesa de hace varios años, aunque sí lo hizo su partido tras lograr la unidad política en torno a la fórmula Fernández/Fernández.

Si bien con el proyecto que presentó Massa hace unos días en la Cámara de Diputados no se elimina el impuesto en su totalidad, ofrece un cuadro más razonable para los miles de argentinos que han venido soportando desde hace años una disminución salarial importante. “El proyecto tiene como objetivo aliviar el peso fiscal de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas en el marco de una política permanente de este gobierno de instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los y las contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”, explica Massa en el texto de su iniciativa legislativa.

Si se convierte en ley, dejarán de pagar los trabajadores en relación de dependencia que ganen menos de 150 mil pesos brutos y los jubilados y pensionados que cobren hasta 152.280 pesos. Cerca de un millón trescientas mil personas no serán alcanzadas por el impuesto y unas cien mil que ganan entre 150 mil y 173 mil pesos brutos abonarán una cifra menor a la actual. Esto significa, aproximadamente, que sólo un 10 por ciento de los trabajadores continuarán pagando el impuesto (una cifra histórica) y no el 25 por ciento como hasta ahora. Sólo en la provincia de Santa Fe unas 98 mil personas dejarían de pagar. También se trabaja en un proyecto paralelo para beneficiar a trabajadores autónomos y jóvenes profesionales que proporcionalmente abonan más que los empleados en relación de dependencia.

Uno de los interrogantes que siempre surge cuando se trata de bajar los impuestos es el impacto fiscal que conllevan y cómo el Estado financiaría esa cifra. Según el proyecto de Massa, dejarían de ingresar a las arcas públicas unos 40 mil millones de pesos anuales, cifra nada despreciable en tiempos de crisis y pandemia. Lo que no dice el proyecto, tal vez para no abrir tantos frentes al mismo tiempo, es que la exención al impuesto a las ganancias que beneficia al Poder Judicial llegará este año a 41.285 millones de pesos, según el cálculo de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación. Es decir, si el Poder Judicial pagara Ganancias no habría costo fiscal para el Estado. Pero por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo los jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales que fueron nombrados a partir de 2017, sean federales o provinciales, deben pagar el impuesto. Son sin duda una minoría y no se entiende el razonamiento de la Corte que crea funcionarios judiciales de primera y segunda categoría en relación a lo salarial. Además, como los fallos de la Corte son inapelables, los propios magistrados resuelven sobre sus sueldos y justifican con argumentos polémicos y cuestionables el no pago de los impuestos para la gran mayoría de su corporación. Impuestos que pagan miembros de otros poderes del Estado y todos los trabajadores del país. “Tengo cierta impotencia porque es un poder autónomo en la República. Como yo soy un republicano de verdad, respeto la autonomía judicial, pero no quiere decir que avale lo que ellos hacen”, dijo Alberto Fernández. Más allá de lo que se piense del presidente, se acuerde o no con sus políticas, al menos obtuvo el voto de millones de argentinos, caso contrario a los máximos magistrados del país.

También el costo fiscal del proyecto podría atenuarse con el aumento a los derechos de exportación al agro (las famosas retenciones) que el gobierno viene amenazando estos días en el marco de buenos precios internacionales de la soja y el trigo.

Además, por tratarse de un esquema impositivo progresivo por el cual pagará más el que más ingresos obtenga, el dinero que regresará a los trabajadores irá seguramente al consumo y el Estado recuperará por esa vía parte de su esfuerzo fiscal.

Como se trata de un proyecto de un diputado oficialista, nada menos que del presidente de la Cámara, cualquier manual elemental de política indicaría que tiene el respaldo de todo el peronismo y algunos de sus socios legislativos que a veces acompañan sus proyectos, como ocurrió con la ley del aborto.

Resultará muy interesante ver cómo reaccionará la oposición política al proyecto de Massa, que ya quedó algo descolocada por tratarse de una propuesta razonable y que además se trata de una promesa incumplida de su propio líder Mauricio Macri. Es muy posible que Juntos por el Cambio vote favorablemente el proyecto, aunque con cuestionamientos.

Por una vez, parecería que el criterio y el pensamiento crítico triunfarían sobre las mezquindades políticas, el narcisismo y la locura de obtener poder a toda costa. Así, un crónico perjuicio que afecta a los trabajadores en relación de dependencia encontraría una salida consensuada.

Seguramente habrá también otras propuestas que beneficien a toda la sociedad y al desarrollo del país y que conjuguen el consenso de nuestra clase política. El desafío será encontrarlas.