Opinión

Los militares, otro frente de tormenta

Con sólo algunas semanas de estabilidad en la crisis cambiaria, a la que el presidente Mauricio Macri definió como el paso de una tormenta, el gobierno nacional lanza a la sociedad un nuevo debate: el rol de las Fuerzas Armadas.

Miércoles 25 de Julio de 2018

Con sólo algunas semanas de estabilidad en la crisis cambiaria, a la que el presidente Mauricio Macri definió como el paso de una tormenta, el gobierno nacional lanza a la sociedad un nuevo debate: el rol de las Fuerzas Armadas.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial un ambiguo decreto modificatorio de algunas funciones de la tarea militar. De una detenida lectura de ese documento se desprenden variadas interpretaciones, que seguramente serán tema de arduo debate.

El presidente había anticipado que el objetivo principal es que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de las fronteras y la custodia de objetivos estratégicos, y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, aclaró que no van a patrullar las calles ni intervenir en conflictos sociales.

Si la dividida sociedad argentina tiene un único punto de encuentro es precisamente el lugar que la democracia les ha asignado a los militares. Salvo pequeños grupos de ultraderecha melancólicos de la represión y el silencio de los cementerios de las dictaduras, la mayoría de la población tiene muy claro que las fuerzas castrenses no pueden intervenir en seguridad interna bajo ningún aspecto.

Nada es casual. La estrategia del gobierno parece estar dirigida a instalar en el público temas de gran controversia (tal vez este de los militares no haya sido bien elegido), para diluir la problemática de fondo vinculada a la marcha de la economía y la situación social, que sin dudas son factores que restan a la hora de un proceso eleccionario en el horizonte. Algo similar ocurrió con la habilitación oficial al debate sobre la legalización del aborto, aún en tratamiento legislativo. Como reconoció el oráculo del oficialismo, la diputada Elisa Carrió, si el presidente hubiera sabido que la ley se terminaría aprobando (al menos en Diputados) no hubiese alentado la discusión parlamentaria. Es un tema que abrió una nueva fractura en la sociedad e incluso roza a la Iglesia Católica al profundizar la gélida relación del gobierno con El Vaticano en caso de que el Senado sancione la ley y el presidente no la vete, como parece que ocurriría.

El tema castrense es diferente al del aborto y no tendrá un resultado tan dispersivo en la sociedad. Pero no por eso deja de ser preocupante un decreto confuso que habilita a las Fuerzas Armadas a tareas no específicas que deberían ser ejecutadas exclusivamente por fuerzas de seguridad.
El debate de fondo sobre los militares argentinos no es el que propone el gobierno, sino analizar si es necesario contar con tres fuerzas armadas separadas, con agregadurías militares en varias partes del mundo y con un presupuesto (aunque disminuido) que podría derivarse a fines más operativos.

Prefectura Naval, por ejemplo, no cuenta con embarcaciones suficientes y modernas para patrullar el enorme mar argentino y evitar la depredación ictícola y otros delitos en aguas nacionales. Gendarmería podría ser reforzada en número y equipos para cerrar las fronteras al narcotráfico y evitar el contrabando. Esto no quiere decir que las Fuerzas Armadas desaparezcan, sino por qué no pensar en reducirlas a una sola fuerza conjunta más pequeña pero con mejor capacidad operativa que la actual.

La triste historia del submarino ARA San Juan es una muestra. Una nave antigua, que todavía no se sabe con exactitud qué misión estratégica cumplía cuando desapareció, sufrió evidentemente un problema técnico que motivó que no pudiera salir a la superficie. En medio de la investigación, un almirante acusó a otro de falso testimonio sobre las responsabilidades en el mantenimiento de la nave. En la Fuerza Aérea debe ocurrir algo semejante con los aviones y en el Ejército con los tanques. ¿No sería mejor contar con algo más acotado, y menos erogación para el presupuesto nacional, pero que funcione?

Lo mejor de la Argentina de la democracia recuperada en 1983, y mantenida pese a las intentonas carapintadas, es haber relegado a los cuarteles a un sector que durante medio siglo, desde el golpe de Estado de 1930 contra Hipólito Yrigoyen, fue un factor regresivo, represivo y anacrónico para la sociedad argentina. Su última participación, del 76 al 83, fue tan abominable que amalgamó a los argentinos de todas las ideologías y clases sociales en la firme convicción del Nunca Más. Sin embargo, esa historia debe ser contada con precisión a través del sistema educativo para que las nuevas generaciones conozcan con exactitud el ciclo de golpes militares del siglo pasado, su motivación, su significación política, ideológica, el apoyo civil que recogieron y el desastre en que concluyeron.

Hace unos años, en Europa, en un aniversario de la liberación de París de agosto de 1944, un diario inglés se propuso una tarea interesante: conocer cuánto sabían los estudiantes secundarios franceses sobre la Segunda Guerra Mundial y la liberación de Francia. Cuando se les preguntó, en una encuesta, quiénes habían contribuido al desalojo de las tropas invasoras alemanas de su país, casi nadie mencionó al esfuerzo de Inglaterra ni el desembarco aliado en Normandía. La mayoría concluyó que había sido posible únicamente gracias a la resistencia francesa.

Años más tarde, en Alemania, el actual ejército democrático organizó una muestra que recorrió todo el país para documentar los crímenes que habían cometido sus antecesores en el este europeo contra la población civil durante la guerra. Allí admitieron que la barbarie no había sido sólo obra de las SS nazis sino que hubo participación del ejército regular, orgullosamente de herencia prusiana. Sin embargo, todavía hoy hay grupos neonazis que pretenden negar ese infierno donde se industrializó la muerte.

Esta distorsión de la historia por la falta de conocimiento y la inexactitud de los hechos, es lo que no se puede permitir en la Argentina. Con excepciones como la del ex general Martín Balza, nadie en el sector castrense ha salido a admitir el genocidio de la última dictadura. Tampoco a dar información sobre las personas que aún permanecen desaparecidas ni acerca del destino de los cientos de niños cuyas identidades restan recuperar.

Para quien no conozca la historia doméstica argentina de varias décadas atrás, el decreto del gobierno que modifica las funciones de las Fuerzas Armadas puede pasar como irrelevante. Pero no lo es.


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