La Argentina y su compulsión a la repetición

La mayoría del país desea que los diez días que restan para fin de año transcurran lo más rápido posible. Diciembre es un mes siempre complicado en lo social, sobre todo cuando malas lecturas políticas del gobierno nacional generan reacciones opositoras que son aprovechadas por grupos violentos para sembrar caos e incertidumbre.

El año se fue caldeando de a poco con la suba de las tarifas de los servicios públicos, que promete ser todavía mayor en 2018, la muerte de Santiago Maldonado en Chubut y un repentino, pero tardío, despertar de la Justicia federal. Otro dato no menor también afectó el ánimo de miles y miles de personas privadas de casi todo, pero que al menos podían ver hasta hace poco fútbol gratis, un anestésico que en este país siempre fue utilizado para adormecer y contener a las masas.

Tras el triunfo electoral del gobierno en casi todo el país, que desmoronó a un peronismo fracturado por la incapacidad de no renovar su dirigencia, el macrismo entendió que había llegado el momento político de imprimir su sello ideológico para cambiar paradigmas anacrónicos de un país bipolar que se caracteriza por la compulsión a la repetición. Las recetas clásicas de la búsqueda de crecimiento económico que supuestamente derramará en beneficio de todos no condicen con déficit fiscales eternos que aumentan año a año en todos los niveles: Nación, provincias y municipios. El financiamiento externo o la emisión monetaria para pagarlos tienen sus límites, algo que ya se ha comprobado con creces en la Argentina. Por eso, el gobierno apeló a obtener recursos de un sector con poco lobby para la protesta: jubilados, pensionados, madres beneficiarias de asistencia para sus hijos, ex combatientes de Malvinas y otros. Ya lo había hecho el gobierno de De la Rúa en el año 2000 cuando rebajó un 13 por ciento los haberes jubilatorios.

Hasta los economistas liberales coinciden en que este caso es similar, porque si el Estado obtiene de la Ansés unos 80 mil millones de pesos para distribuirlo entre las provincias (sobre todo a la de Buenos Aires que se lleva gran parte de esa suma), es obvio que los beneficiarios tendrán algún recorte en sus haberes pese al bono compensador. Bono que se pagará en marzo por única vez, por lo que a partir del 2019 nadie asegura que las jubilaciones no sigan perdiendo poder adquisitivo. El ajuste por inflación para los jubilados es relativo: su consumo principal, alimentos y medicamentos, se encarece por encima de la media, que se obtiene tras conjugar una gran cantidad de artículos para promediar el alza del costo de vida general.

Los jubilados no pueden salir a enfrentar al gobierno como sí lo hicieron otros sectores con éxito cuando se intentó aplicar impuestos al vino o a las bebidas gaseosas, por citar algunos casos. Y pese a la reacción violenta de no más de doscientos o trescientos marginales de la política, la movilización frente al Congreso y los cacerolazos posteriores dieron una señal inequívoca de la impopularidad de la reforma previsional, que tal vez amalgamó otras frustraciones sociales que se canalizaron en estos días y que están más vinculadas a dificultades laborales y salarios que no alcanzan en un mundo donde el consumo aparece como imprescindible. El temor por un futuro de vida incierto en un país oscilante, impredecible y que repite cíclicamente sus crisis agrega una cuota de angustia.

El gobierno explica a través de sus técnicos que este programa económico y social es la única salida para enfrentar años de decadencia, diagnóstico del país sin dudas acertado porque el resultado está a la vista de todos: un tercio de la población vive en la pobreza. También sostiene que el crecimiento del PBI será en 2018 cercano al 3,5 por ciento y que la economía ya ha arrancado pese a la inflación que no se logra domar aún con tasas de interés más orientadas a la especulación financiera que a la producción.

Tal vez, como tantas veces ha ocurrido, el problema es que se hace sólo una lectura económica y no política de la situación. Esto quedó demostrado durante el bochorno del Congreso y las protestas espontáneas que le siguieron en todo el país. Suponer que con un resultado electoral favorable y legítimo es suficiente en la Argentina para imponer políticas de ajuste es pura ingenuidad. En sólo dos meses, desde las elecciones de octubre, el macrismo seguramente ha visto deteriorado su nivel de apoyo popular, que probablemente no es mayor por la deconstrucción política del peronismo y la dilución de una fuerza intermedia que electoralmente no puede hacer pie.

Este es un país muy particular, porque entre la legítima oposición al ajuste también se mezclan "capas geológicas" de algunos sindicalistas ricos que no quieren dejar sus privilegios. Funcionarios del área de energía que vienen de representar a empresas extranjeras y responsables de la economía nacional que mantienen su dinero en el exterior pero les piden confianza a los argentinos. Políticos que cambian de camiseta con facilidad para tratar de permanecer en un cargo no importa a qué costo ideológico. Empresarios privados que corrompen a los funcionarios para obtener contratos con el Estado pero se quejan de la corrupción del país. Ex presidentes y funcionarios que egresan de la función pública con patrimonios millonarios que no pueden explicar y menos justificar aunque los ingresen en un convento. Jueces que duermen por años las causas y de acuerdo a cómo sople el viento político súbitamente las activan y actúan con rapidez.

Esta lista, seguramente incompleta, es parte de la realidad argentina que una y otra vez se repite sin solución de continuidad, sea por torpeza, impericia o algo todavía peor: intencionalidad, a través de un pacto no escrito que es siempre funcional al beneficio del poder de turno, lo que implica una lucha feroz e impiadosa por alcanzarlo a cualquier precio.