Tal vez lo único acertado que hizo el ex presidente Carlos Menem durante su mandato presidencial fue eliminar por decreto, en 1994, el servicio militar obligatorio tras el asesinato del soldado Omar Carrasco en un cuartel de Zapala, Neuquén. A principios de marzo de ese año, tres días después de haberse incorporado al Ejército, Carrasco desapareció del regimiento pero su cuerpo sin vida fue hallado un mes después oculto en esas mismas dependencias militares. Era un chico de 21 años que fue torturado hasta la muerte por sus pares y superiores.
A Carrasco lo mataron a palazos y a patadas y lo arrojaron en un campo como si fuera una bestia salvaje. Un subteniente, un sargento y dos soldados fueron condenados a distintas penas por el crimen, que sacudió al país y puso fin a la llamada ley Riccheri de servicio militar obligatorio. Regía desde 1901 por iniciativa del general santafesino Pablo Riccheri, ministro de Guerra durante el segundo mandato de Julio Argentino Roca.
Tuvo que mediar un hecho trágico para que la Argentina haya resuelto formar un Ejército profesional, sin jóvenes obligados a perder un año de sus vidas entregados a la voluntad de oficiales y suboficiales que creyeron, en algunos casos, contar con servidumbre incondicional y ejercer violencia física o psicológica contra los conscriptos. Algo de esto también se vio durante la Guerra de Malvinas, donde la jerarquía de las Fuerzas Armadas, preparada para la represión interna más que para la guerra, no estuvo a la altura de los acontecimientos y menos supo cómo cuidar a su tropa. Esas conclusiones son las de los propios militares, que a través del informe que produjo el teniente general Benjamín Rattenbach, cuestionó con severidad la conducción militar y política de la guerra.
En ese mismo informe, por ejemplo, se detalla cómo el ex marino Alfredo Astiz, "valiente" para infiltrarse en un grupo de madres que se reunían en una iglesia para buscar a sus hijos secuestrados, balear por la espalda a la sueca Dagmar Hagelin o secuestrar a dos monjas francesas, se rindió sin oponer resistencia a los ingleses en las islas Georgias. Hoy, condenado por ese y otros crímenes de lesa humanidad, Astiz todavía pretende dar cátedra de moral y ética. "Nunca pediré perdón por defender a la Patria", dijo en una de sus últimas intervenciones públicas. ¿Habrá mucha gente en este país que aún piensa que secuestrar personas, arrojarlas vivas al mar desde un avión, torturar hasta la muerte, robar bebés y saquear viviendas es prestar un servicio a la Nación?
Muchos años después de los hechos narrados anteriormente, el gobierno del presidente Mauricio Macri tiene ahora la oportunidad histórica de reformular completamente el rol de las Fuerzas Armadas en el país. Cualquiera sea el desenlace final del drama del submarino ARA "San Juan", quedó más que claro que el cambio que promueve el partido del gobierno en distintas áreas de la sociedad tiene que llegar inexorablemente al sector castrense, cuyo aporte al país es necesario debatir y analizar.
¿Qué misión tan importante desarrollaba un submarino de 34 años de antigüedad en el Atlántico Sur? ¿Los restantes navíos de la Armada podrán salir a navegar con tranquilidad después de lo ocurrido? ¿Los aviones están en condiciones operativas?
Se podrá argumentar que el presupuesto de las Fuerzas Armadas es uno de los más bajos de la región; pero si se lo triplicara, ¿qué sentido tendría?
La Argentina tiene otras prioridades en este comienzo del siglo XXI. El Ejército Libertador de San Martín o la Armada de Guillermo Brown fueron glorias escasamente honradas por sus sucesores, que durante 53 años (entre 1930 y 1983) derrocaron gobiernos civiles, participaron de conspiraciones políticas y finalmente produjeron la mayor tragedia contemporánea regando de sangre a la sociedad argentina.
La conducción actual de la fuerza tomó registro de esos terribles años de despropósitos y su función es ahora netamente militar, pero difícilmente de utilidad al tener presupuestos razonablemente limitados.
Las Fuerzas Armadas cuentan con agregados militares en numerosas embajadas argentinas alrededor del mundo, donde en algunos casos el Estado argentino posee inmuebles. En el país ocupan terrenos valiosos, algunos nunca justificados por encontrase en áreas urbanas, cuando su misión específica es la defensa del país de posibles ataques del exterior. Por poco que sea el gasto militar en repuestos, equipamiento y personal, es enorme si se lo considera en relación al índice de pobreza del país, que ronda el 29 por ciento.
Mientras tanto, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval tienen dificultades para contener el narcotráfico, el contrabando o la pesca ilegal en el mar argentino. ¿Los recursos y personal de las Fuerzas Armadas no podrían integrarse a esas dos fuerzas de seguridad que sí son de absoluta necesidad? Si se emplea con eficiencia ese presupuesto podrían ser dotadas de mayor equipamiento y profesionales para combatir al enemigo de este siglo, que no es ningún país extranjero sino la delincuencia organizada y la depredación de los recursos naturales del país, entre otras cosas.
En la Argentina de las "reformas permanentes", como planteó Macri tras el triunfo electoral del mes pasado, las Fuerzas Armadas deberían estar incluidas en ese cambio y repensarse su justificación, su adecuación a las necesidades de un país que tiene una lista enorme de prioridades antes que mantener una fuerza militar o comprar armamento. Es factible, como aseguran los expertos, que las Fuerzas Armadas no estén hoy en condiciones de enfrentar a ningún ejército por escasez de recursos y equipamiento militar. ¿Para qué insistir entonces en sostenerla?
Como Menem con el servicio militar, Macri tiene hoy la gran posibilidad, casi 25 años después, de iniciar un giro copernicano en torno de la cuestión castrense, que derive en la utilidad productiva de los fondos que el Estado transfiere a las Fuerzas Armadas y de los valiosos recursos humanos con que seguramente cuenta cada arma.
