Cada año los círculos que marcan los hechos violentos se dibujan más o menos en las mismas zonas del mapa de la ciudad. En esos distritos las vidas de los vecinos están marcadas por una inseguridad material y personal. La violencia radical y descompuesta que campea en estas zonas no siempre está ligada a cuestiones de dinero. Pero también se produce como método para afianzar territorio y posiciones económicas.
Muchos habitantes de las zonas menos comprometidas observan a las áreas violentas como algo separado de sus vidas. Sin embargo las conexiones entre esa ciudad más castigada por los eventos letales con la que está en situación más ventajosa son más estrechas de lo que se advierte a primera vista. Hay además de la cercanía geográfica una proximidad económica. En las investigaciones penales lo que se nota como enlace entre ambos mundos es el dinero.
“Entender la trama de los homicidios no compromete solo a los que gatillan y a los que mueren”, dice Marcelo Saín, ministro de Seguridad de Santa Fe y doctor en Ciencias Sociales. “Compromete también al conjunto de la vida social. Admitir esto duele mucho. Cuando en una escucha telefónica se capta que en un búnker se negocian ocho millones por mes uno se pregunta por qué en ese barrio nunca queda un peso. ¿A dónde va toda esa plata? ¿Quién consume todo el nivel de cocaína que se vende? ¿Son los habitantes de ese barrio nada más?”
La violencia, sostiene Saín, no es responsabilidad de un sector social ni de un solo gobierno. “Este nivel de violencia tiene que ver con algo que el sistema penal recién en forma incipiente comienza a mirar como problemática. Proviene de sectores medios y altos que demandan sustancias para consumos recreativos y que reciben dinero que financia la evasión tributaria. Vamos duro contra el crimen. Pero la plata del crimen, ¿dónde va? Yo sospecho dónde va. Pero si vamos a ir contra el dinero para atenuar la violencia deberemos poner frente a los jueces a actores del mundillo criminal, que no son los de siempre”, dice el funcionario.
Esteban Alvarado está detenido desde 2019 por ordenar el asesinato de un prestamista dedicado a colocaciones de dinero en el mundo informal. La investigación penal demostró que lo que permitió a Alvarado edificar su fortaleza económica fue su actividad comercial y no la violenta que se le atribuye. Lo más constante, cotidiano e invisible fue el movimiento de sus empresas legales. Para ello contó con contadores que las inscribieron, escribanos que validaron operaciones, abogados que lo asesoraron, empresas de bienes raíces e inmobiliarias que le vendieron bienes y constructores y arquitectos que le edificaron inmuebles. Los fiscales indicaron que sus empresas legales le sirvieron para financiar actividades delictivas que le permitieron comprar bienes en barrios cerrados como Puerto Roldán, Tierra de Sueños de Roldán, Funes Hills y Condominios del Alto frente al Shopping Alto Rosario.
La causa de lavado de dinero sustanciada en la Justicia Federal contra la llamada Banda de Los Monos descubrió un acervo de bienes acumulado entre 2010 y 2014 por una suma que produjo embargos por 51 millones de pesos según una valuación de 2017. Se contabilizaron inmuebles rurales y urbanos, depósitos a plazo fijo, disponibilidades en moneda extranjera, vehículos y pases de futbolistas. La gestión de todas esas posesiones requirió de servicios profesionales, comerciales y financieros.
“La violencia está concentrada territorialmente, lo que nos hace pensar que es un problema de otros. Si no ocurre en nuestra zona no tiene que ver con nosotros. Pero los estímulos para que la violencia se produzca son variados y vienen de lugares acomodados también”, señaló Augusto Montero, director de Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En la unidad de Delitos Económicos queda en evidencia ese vaivén estructural entre el mundo ilegal y el legal. El nexo que los conecta es el dinero que fluye hacia entidades financieras conocidas, mesas de dinero de agentes que operan en bolsa, concesionarias de vehículos y empresas de transporte legalmente inscriptas. Esto no supone para las agencias penales que todos están en la misma bolsa ni que deban promoverse imputaciones indiscriminadas. Solamente alerta sobre la complejidad de una trama que entrelaza actores diversos.
Rosario ve la violencia sin reconocerla como un producto propio. Pero Luis Medina alquilaba en un edificio de Puerto Norte cuando lo mataron. En Granadero Baigorria la Municipalidad contrataba el servicio de remises de Delfín Zacarías condenado por narcotráfico. En Rosario el municipio en ocasiones habilitó licencias de taxis a entornos de diversos grupos delictivos. Un tributarista local afrontará un juicio en Campana por lavar fondos de Mario Segovia sentenciado por tráfico de efedrina. Patricio Gorosito, condenado por tráfico internacional de cocaína, le vendió a Rosario Central el predio millonario donde entrena la primera. El circuito del dinero conecta a figuras dispares. Una mirada que abarque la complejidad de la violencia no se agota en quien aprieta el gatillo.
El fallo declaró responsables a Iván Reyes y Norma Vega por homicidio culposo. Diego Román murió en 2019 tras ser atacado por unos diez perros en la localidad de Recreo.
Por Miguel Pisano
Por Claudio Berón