Inhumaron a víctimas de la represión en un terreno de Ledesma

Las cuatro víctimas fatales por el desalojo de un predio de la empresa Ledesma en Jujuy fueron inhumadas ayer por familiares, allegados y dirigentes de distintas agrupaciones políticas que renovaron sus denuncias sobre el accionar de supuestos guardias de seguridad del ingenio Ledesma el jueves último, cuando se desató un enfrentamiento de ocupantes del terreno con la policía, a resultas del cual un agente y otros tres manifestantes, y otras 63 personas sufrieron heridas.

Unas 600 familias continúan en el terreno donde se libraron los enfrentamientos, en la ciudad de Libertador General San Martín, situada a 106 kilómetros de San Salvador de Jujuy. La intención de los ocupantes es lotear y armar allí sus viviendas porque aseguran que no encontraban otro modo de conseguir casa propia.

Los grupos que intrusaron el predio eran vigilados a la distancia por policías de la provincia, donde el gobierno pidió a la Legislatura la expropiación del terreno en ése y otros distritos para solucionar la crisis habitacional.

El plan de expropiación fue avalado por la Corriente Clasista Combativa, el grupo que movilizó a los ocupantes, y que ayer dijo tener testimonios que aseguran que los guardias de seguridad privada usaron sus armas contra la gente durante los incidentes.

El jefe de la CCC local, Enrique Mosquera, aseguró a DyN que "las balas que mataron a estas personas, incluido al policía, salió del lado de la empresa". "Tenemos denuncias y testimonios de la gente que vio a gente de seguridad de Ledesma con arma de fuego", remarcó.

Dijo que "de acá no nos vamos y creemos que en la semana que viene vamos a poder lotear y empezar a trabajar la tierra para construir".

En el mismo sentido, la abogada de la CCC y militante de la agrupación, Mariana Vargas, consideró que "todos son responsables", apuntando al gobernador Walter Barrionuevo, al juez Jorge Samman que firmó la orden de desalojo, y a los presuntos guardias de seguridad de la empresa.

En tanto, el dirigente Carlos "Perro" Santillán, uno de los creadores en la década de 1990 de la Corriente Clasista Combativa, cuestionó al gobierno de Jujuy por la represión y sostuvo que hay "votos cautivos" y "políticas sociales" para los "adscriptos al gobierno".