El gobierno santafesino procura consolidar lo logrado con un endurecimiento del plan. La nueva reforma y lo que viene de cara a 2027
Por Facundo Borrego
El gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, inician la etapa dos de seguridad.
“No es momento de ablandarnos”, repite el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni. Y como en política estarse quieto es un error, si no se ablanda, se endurece. Eso define el momento del gobierno provincial en momentos en que el tablero político empieza a perfilarse de cara a 2027.
Se podrá deducir fácilmente que, desde su origen, el gobierno de Maximiliano Pullaro tiene una caracterización dura en temas de seguridad, pero acaba de ingresar en una segunda etapa que profundiza conceptos, medidas y hasta sesgos. “No podemos retroceder o ser blandos con quienes matan”, dijo el jefe de la Casa Gris este martes.
En términos políticos, podría decirse que apunta a llevar al gobierno más a la derecha con el envío del nuevo paquete de reformas de seguridad que otorga mayores facultades de investigación a la policía y a la fiscalía, agiliza procesos judiciales como allanamientos y derribos de búnkers, endurece el aislamiento para presos de alto perfil y zonas de intervención policial especiales.
A la vez, vuelve a poner en agenda dos temas como la baja de la edad de imputabilidad, luego de la detención del menor que mató al playero en 2024, y la construcción de la cárcel de alto perfil El Infierno, que ya tiene fecha de corte de cintas: mayo de 2027. Esa fecha será el mojón de la etapa dos de consolidación, según sostiene el propio gobernador.
Además de atender a fondo el problema que tuvo en vilo una década a la provincia, este proceso de derechización le sirve para preparar el terreno por si llegado el momento deben hacer una alianza con La Libertad Avanza (LLA). Por ahora no prende, pero se dibujó el casillero por si acaso.
Se trata de una estrategia clave para la construcción de la reelección de Pullaro basada en la seguridad y en un problema que se resuelve. En el gobierno entienden que la ciudadanía ya no percibe a Rosario como una zona roja, incluso que el narcotráfico sea ese enemigo al acecho y cambiando la rutina diaria. De hecho, el gancho con el que buscan convencer es que la paz volvió a Rosario.
El ministro de Seguridad traza una línea de tiempo sobre el rumbo de la gestión, la cual se divide en dos grandes etapas. Si la primera parte de la gestión de seguridad se basó en atender la crisis, bajar los índices de violencia y homicidios dolosos para dejar de ser un lugar sangriento, la segunda busca normalizar y consolidar esos índices.
La clave de la segunda etapa es volver a mostrar los dientes que se habían escondido sutilmente durante algunos meses para no hacer olas luego de los logros en seguridad. "Volver al espíritu agresivo del principio", se convencen en el gobierno provincial. Eso significa ser vehemente y demostrativo, con algo de exacerbación incluida.
Ambas etapas se valen de un paquete de leyes clave. En el verano de 2024 salieron como pan caliente, hasta una ley de microtráfico logró el gobernador. Ahora, el nuevo paquete va a tono con el endurecimiento del programa. Se le suma el proyecto “Alerta de riesgos emergentes” , una detección de dinámicas digitales peligrosas que involucren a menores en amenazas escalables o indicios de conductas organizadas.
Se descuenta que ambas iniciativas tendrán resistencia, no sólo de agentes externos, como abogados, académicos y políticos, sino en el propio Unidos. Algunos puntos de la docena que incorpora el proyecto de ley generan polémica y hasta despierta dudas sobre las garantías y derechos que toca.
Algunos abogados penalistas que han defendido narcos, cosa que no los desacredita intelectualmente, al contrario, pero les atañe una particularidad, salieron a cuestionar el proyecto. "Debatamos, pero sentemos a la madre de Bruno Bussanich", comentaron en el gobierno respecto del playero asesinado en 2024.
Si bien las críticas y cuestionamientos externos pueden eludirse, los internos son más complejos. Hace dos semanas el ministro de Seguridad fue al bloque a adelantar el borrador. Hubo apoyos y miradas de reojo. El socialismo, en ese último pelotón, es clave en Diputados, por donde entró el proyecto.
A modo de ejemplo, la diputada del PS Lionella Cattalini dijo en la semana que uno de los roles del socialismo es “mejorar las leyes que han venido del poder Ejecutivo”. Esta vez no será la excepción. Al contrario: debaten por estas horas la estrategia que tomarán sobre un tema que parece una prueba de fuego para el partido de la rosa.
El proyecto de ley se diseñó sobre la necesidad de dotar al Estado de “instrumentos excepcionales” para garantizar el orden frente a contextos de violencia estructural y criminalidad compleja. O sea, para consolidar se requieren nuevas herramientas, que califica de excepcionales. El gobierno mantiene un equilibrio discursivo entre demostrar que volvió la paz, pero que si se descuida puede retroceder rápidamente. "Está solo contenido, no solucionado", indican.
Se vendrá el necesario debate legislativo y político. Pullaro podrá decir simplemente: pidieron orden y paz de verdad, esta es la manera, con sus formas y costos, tómalo o déjalo.
Por Tomás Barrandeguy
Por Facundo Borrego