No sólo está en marcha una guerra en Ucrania, a poco más de 13 mil kilómetros de Rosario. La ciudad también está transitando una serie de batallas por el control de las calles en al menos siete barrios de la zona norte. Con epicentro en Ludueña y Empalme Graneros, la guerra entre dos de las grandes marcas de la violencia armada autóctona amenaza con expandirse hacia los barrios Fisherton Industrial, Larrea, 7 de Septiembre, Arroyito Oeste e Industrial. Ludueña pareció marcar el pulso de la muerte violenta los últimos diez días. Lo que comenzó con el doble crimen del policía en disponibilidad Sebastián Eduardo Ibarra y su vecino Iván Nicolás Ferreto el 12 febrero en Vélez Sársfield al 5500, se vio potenciado en los últimos diez días con las ejecuciones de Cristian Leonel “Larva” Fernández (un hombre ligado a Los Monos) el 14 de abril en Gorriti al 6200, y la de Joel Bulnette (mano derecha de Fran Riquelme, un joven vinculado a Esteban Alvarado) el miércoles en Felipe Moré 600 bis. Y los partes del frente de batalla no auguran un futuro mejor.

“Esto es una guerra narco. Esa es la realidad. Buscan ganar territorios. Pero que se maten entre ellos, nosotros somos gente trabajadora, de esfuerzo”. Esta descripción, sentida y visceral, la dio Natalia, una vecina de Rafaela al 5200 que por un acto demencial cometido por dos hombres armados que iban en una moto tiene a su madre de 74 años en estado crítico tras recibir diez balazos y a su hija, de 9 años, con una fractura expuesta de la pierna derecha.

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El hecho ocurrió el jueves a las 16, a 300 metros de la comisaría 12ª de Solís y Casilda, cuando Magdalena le pidió a dos tiratiros que dejaran de disparar porque había chicos jugando. La réplica fueron cuatro disparos en su tórax, dos en el hombro derecho, uno en el glúteo, otro en el antebrazo derecho y el restante en la región inguinal. “Se ven chicos de 11 o 12 años con armas, metralletas, caminando por todos lados, vendiendo drogas en la esquina. ¿Dónde esta la policía, la seguridad para la gente? Los inocentes pagamos las consecuencias”, relató Natalia. Además que “tienen armas más grandes que la policía, andan como si nada los chicos. Los más vivos le dan drogas a los mas pibitos y los reclutan como soldaditos, esa es la realidad”, agregó la mujer en modo parte de guerra.

Al momento que dos pibes armados disparaban como enajenados en calle Rafaela como coletazo por el crimen de Joel Bulnette, el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, disponía la entrada en funciones de la novena dupla de jefes para la policía rosarina desde el comienzo de la gestión de Omar Perotti en el gobierno santafesino, hace 28 meses. En Rosario, donde antes de la gestión en curso un jefe de Unidad Regional duraba al menos un año, ahora tiene un promedio de 3,5 meses. Natalio Marciani y Betiana Governatori ya son historia. El futuro está en manos de Margarita Romero, con formación en la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), y su segundo, Mario Goyenechea. Vale tener presente que de gestión, al actual gobierno provincial, le restán 19 meses.

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“Hacemos evaluaciones diarias de lo que pasa en la provincia y en la ciudad a través del Observatorio del Delito. Vimos que hubo un aumento coyuntural de la violencia y entonces habíamos decidido cambios. Estábamos analizando esa situación y surgió una denuncia judicial de la jefa de policía de la provincia (Emilce Chimenti) que no tiene que ver con los cambios, pero que está en el plano de la Justicia y ojalá pronto se esclarezca. Nos hará bien a todos que se sepa la verdad”, explicó Lagna respecto a la salida de Marciani. El ministro también anunció que por estos días “llegarán los primeros patrulleros a Santa Fe de un total 480 que se pudieron comprar. Es muy difícil adquirir en el mercado esos volúmenes de patrulleros. Hay licitaciones que fracasaron en otras provincias. Las terminales automotrices no entregan unidades”.

Nuevos jefes policiales

Marciani fue separado de su cargo luego de que su oficina, la de la sub jefa Governatori, el habilitado (especie de tesorero de la regional) y su secretario fueran allanadas el miércoles por orden del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos José Luis Caterina. La denuncia realizada por Chimenti fue después de que Marciani la anoticiara respecto de un supuesto pedido de sobre precios por parte del habilitado de provincia en negociaciones con proveedores de la policía rosarina. Chimenti le pidió a Marciani que lo denunciara, el entonces jefe policial de la Unidad Regional II se amparó en “los códigos” de la fuerza y ante ese incumplimiento del funcionario público, la jefa de policía de provincia realizó la denuncia.

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Si bien es cierto que en los últimos diez días había versiones de reemplazos en la regional rosarina, la salida de Marciani dejó expuesto lo que podría describirse como una “feroz interna” de la que forman parte no sólo jefes policiales sino también integrantes del Ministerio. Una guerra entre “sainistas” y “lagnistas”, es decir quienes sostienen las ideas del ex ministro Marcelo Sain y su sucesor, Jorge Lagna. Vale recordar que Chimenti llegó a la Jefatura de la policía de la mano de Marcelo Sain como una especie de bombero tras la salida de Víctor Sarnaglia en medio de un escándalo. También era un secreto a voces que Marciani, por fuera de cualquier juicio de valor sobre su gestión, no era de los preferidos de Chimenti. De hecho, la jefa provincial no estuvo en la asunción de Marciani como jefe de la más importante regional de la provincia. Sí fue a la asunción de Marcelo Mendoza como jefe de la policía en Villa Constitución ese mismo día.

La interna es palpada por las bases de la URII. Algunos de los efectivos rasos denuncian, sin posicionarse en la interna, que la regional está “tirada” con “unos veinte móviles del Comando Radioeléctrico fuera de servicio porque no se le reponen las pastillas de frenos, hay desidia”. Y explicaron que “un embrague sale 150 lucas (el modelo de camioneta suele tener problemas de esa índole) pero una pastilla de frenos salen 10 lucas”. “El Comando debe estar moviendo 20 móviles por día y otros 20 por custodias fijas”, comentaron.

Y como si todo eso fuera poco, el jueves los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, llegaron hasta el corazón mismo de la Jefatura de policía rosarina siguiendo la ruta de una decena de armas que habían sido incautadas dos días antes en un allanamiento realizado (¿casualmente?) en el barrio Empalme Graneros. Es que algunas de las pistolas incautadas en el procedimiento tenían su numeración visible y deberían haber estado a resguardo de la Sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en su depósito de avenida Francia al 5200.

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En el lugar, los fiscales y los agentes de la Agencia de Control policial se toparon con "una pocilga" en la cual no había ningún tipo de control para la guarda e inventario de las armas incautadas en distintos procedimientos y que eran pruebas para ser llevadas a juicios. “Las armas secuestradas en el allanamiento de calle Garzón al 900 bis debían estar en el depósito de Balística. Lo que encontramos al allanar Balística espanta porque no hay un inventario, ni un control absoluto y eso es preocupante. Todo lo que se le puede ocurrir a una persona de a pie como elemento de control, acá no existe. No había inventario ni control, no había resguardo. Hay que ver cuántas armas de las que están en este lugar pudieron haberse usado en otros procedimientos y por eso es que comenzamos un inventario lo más exhaustivo posible”, explicó el fiscal Matías Edery.

Como consecuencia de semejante descalabro fue detenido un joven policía de 21 años que prestaba servicios en esa oficina y que será imputado como el posible proveedor de las armas secuestradas a quienes las almacenaban en una casa de barrio para alquilarlas al mejor postor.

El mapa del espanto

Si el contexto de una guerra en marcha en al menos siete barrios de la zona norte existe en en el mapa de calor elaborado por organismos oficiales de la provincia, es decir un 15% del territorio rosarino, otras barriadas bajo fuego como Tablada, Las Flores, 17 de Agosto, barrio de La Carne, Molino Blanco, Las Delicias, Flammarion, Vía Honda, Parque del Mercado, Municipal o “Pimpilandia”, Cristalería, La Cerámica y Nuevo Alberdi entre otros. Barrios que dependen de un hecho violento para desatar una pandemia armada por efecto contagio.

Si bien la cantidad de homicidios está levemente por debajo de los ocurridos hasta el 24 de abril del año pasado (84 en 2022 contra 94 en 2021), los números colocan a la violencia en los niveles de 2013 (82 sobre un total de 271), 2014 (104/250) o 2015 (83/229) analizando siempre el mismo período de tiempo. Eso sin contar cifras de balaceras sin heridos y con heridos.

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“La calle está podrida. Los pibes matan pensando que van a ascender y son números. Ellos no se dan cuenta. Los que manejan la calle desde las cárceles están seguros y cuidados. Pero los giles que cumplen órdenes en las calles están corriendo hacia el cementerio. Ponen el pecho por dos mangos. Saber demasiado sobre lo que pasa también es peligroso. El que sabe mucho queda expuesto ante los jefes que están paranoicos porque temen que los maten. En la calle te matan por miedo. Ya no hay código. No hay respeto. Hay órdenes y las órdenes se cumplen”, explicó una persona que conoce la calle y transita los tiempos de violencia como puede.

Por fuera de las calles, pero con una ingerencia de peso sobre el territorio, existe una disputa de poder entre legisladores provinciales e integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Y por si este escenario fuera poco, la situación carcelaria está a punto del colapso. Hoy hay en prisiones de la provincia 7.544 privados de su libertad por sobre los 7.188 que había al finalizar 2021. La sobrepoblación es de 1.650 personas, poco más que todas las que entran en Piñero (con capacidad para 1.452 detenidos).

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En ese sentido, según un informe del Observatorio de Seguridad Pública provincial las principales cárceles santafesinas están saturadas: Piñero, en un 44%; Coronda, en un 27%; Las Flores (Santa Fe), en un 25%; y La Redonda (Unidad 3 de Zeballos y Riccheri de Rosario), en casi un 11%. Además, en Piñero está alojados alrededor de 200 presos catalogados de «alto perfil». Darío Rossini, director general del Régimen Correccional de la provincia de Santa Fe, calificó la situación como “extremadamente crítica”.

Fuentes consultadas en el MPA indicaron que, a este escenario, se sumó la última semana que “el director del Servicio Penitenciario manifestó que no tenía cómo cumplir una orden de la jueza Silvia Castelli que obligaba a tomar medidas para regular el uso de celulares dentro de los presidios”. Y además, que por falta de cupos “el Order (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario ubicada en 27 de Febrero al 7800) no recepciona detenidos por falta de cupos. Así que los presos deberán ser alojados en comisarías o en los calabozos de la Agencia de Investigación Criminal”, indicó el vocero consultado. Finalmente, esta semana la titular del Servicio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, advirtió que si se suman detenidos a comisarías la situación será todavía aún más grave. Tiempos difíciles para una ciudad que parece no poder encontrar la paz desde hace al menos una década.