El aire se volvió denso en la mesa chica de Unidos. Las trabas al paquete de seguridad que pidió Maximiliano Pullaro enrarecieron el clima interno en el frente que nuclea a radicales, socialistas y otras fuerzas. La discusión expone diferencias sobre la política central del gobierno y cómo se reparte el poder dentro de la coalición.

El conflicto es delicado porque involucra a los dos socios principales de la alianza. La UCR controla el Ejecutivo y el Senado; el PS pisa fuerte en Diputados.

No sólo eso: la disputa toca el principal activo político de Pullaro: la baja de la violencia y el ordenamiento de la calle y las cárceles. La mejora en ese terreno también sostiene la apuesta por los grandes eventos, desde los Juegos Suramericanos y los festivales de música hasta las rondas de negocios.

Para Pullaro, la seguridad también tiene una dimensión personal. En las horas más oscuras tuvo que tomar medidas excepcionales para proteger a su familia. El tema lo obsesiona: antes de acostarse y al levantarse repasa los datos sobre robos, homicidios, móviles en la calle y tiempos de respuesta.

Por eso salió el miércoles a reclamar las herramientas que considera necesarias para enfrentar el delito en esta etapa. Lo hizo aun a riesgo de que el acuerdo no llegara y la ley no se votara, como sucedió.

Radicales y socialistas, con visiones encontradas

¿Las diferencias entre radicales y socialistas son ideológicas y sobre el rol institucional que tiene cada partido? ¿O también subyace una disputa de poder, con miras al 2027?

“Lo más probable es que sea una cuestión ideológica. Si quieren marcarle la cancha al gobernador en seguridad, se equivocan. Están yendo en contra de la gente que no quiere volver atrás. La discusión de poder no es hacia dentro, es hacia fuera con las organizaciones criminales”, plantea un hombre que integra el círculo más cercano de Pullaro.

En el radicalismo sostienen que tuvieron demasiada paciencia. El gobierno envió el proyecto en mayo y el tratamiento recién empezó en octubre.

Sin embargo, lo que más irrita es el encuadre de la discusión. Para la Casa Gris, la invitación a los abogados penalistas fue un punto de quiebre.

“Las organizaciones criminales son el enemigo y los introdujeron al debate”, se quejan en el gobierno. Advierten que con esa convocatoria el oficialismo se muestra dividido y el gobierno proyecta una imagen de debilidad.

“El mensaje que se da a las organizaciones criminales es que si no estuviera Pullaro muchas políticas que sirvieron para bajar el delito se terminarían”, sostienen en el gobierno.

La versión del socialismo es muy distinta. En el PS leen que un sector del gobierno pretende que el Ministerio de Seguridad asuma tareas de persecución penal que corresponden a los fiscales.

Sus reparos abarcan las declaraciones en sede policial y los interrogatorios policiales sin abogado, además de los sistemas de recompensas e inteligencia. Desde esa perspectiva, el proyecto crearía una especie de mini Ministerio Público de la Acusación dentro del Ejecutivo.

“Ese debate ya se saldó en la Constituyente. El único encargado de perseguir el delito es el MPA”, resaltan en el socialismo.

En el PS también rechazan la idea de que sean los únicos que objetan el proyecto. “Que vean cuál fue la posición de la Corte Suprema, el MPA y el Ministerio Público de la Defensa. No hay ninguna voz relevante que lo defienda”, sostienen.

Además del contenido, cuestionan la forma en que se encaró el debate. Consideran que la ley integra una estrategia del gobierno para reposicionarse en seguridad y que el radicalismo busca disciplinarlos.

Las fricciones entre ambos partidos han sido una constante en Unidos. La UCR reclama margen para ejecutar su política de seguridad. El PS reivindica su papel de revisión interna y pregunta qué pasaría con esas facultades bajo un gobierno de otro signo. Ese es el caso de los dispositivos de inteligencia.

En esa discusión, el radicalismo defiende la capacidad de decisión de Pullaro y el socialismo afirma su autonomía dentro de la coalición. Cada uno protege un lugar que considera necesario para gobernar juntos.

Hasta acá, esas tensiones entre ambos partidos no impidieron construir acuerdos. Ocurrió con las reformas de la Justicia, la Caja de Jubilaciones y la propia Constitución. En cada una de esas batallas, radicales y socialistas discutieron, pulsearon y al final encontraron una síntesis.

En Unidos creen que lo mismo sucederá esta vez. “La ley tiene aspectos mejorables y votables. Vamos a llegar al jueves”, confían en el PS.

La novedad es que ahora las diferencias quedaron expuestas a cielo abierto. El PJ aprovechó la oportunidad para resaltar las contradicciones en Unidos.

La pregunta es qué marcas dejará un conflicto que desbordó los mecanismos habituales de negociación. “Todos vamos a tratar de fingir demencia”, sintetiza un referente de Unidos.

El debate también está atravesado por otros dos factores sensibles. Uno es que se acerca la zona de definiciones electorales: en la provincia las listas se presentan en febrero. El otro es cómo pararse ante Javier Milei.

El Rigi en Rosario: negocios y gestos políticos

La ronda de negocios Rigi en Rosario mostró un punto de convergencia entre el gobierno nacional y el de Santa Fe.

También reunió a sectores que atraviesan situaciones muy distintas. La energía y la minería impulsan inversiones, mientras la industria, la construcción y el comercio arrastran dificultades. La ronda buscó conectar esa expansión con empresas que todavía esperan una recuperación de sus ventas. La apuesta del gobierno de Santa Fe es tender un puente entre ambos mundos.

En lo político, el evento le sirvió a Pullaro para reforzar la idea de un cambio de etapa en Rosario, mostrarse como un referente nacional, capaz de convocar tanto a la primera plana del mileísmo como a ocho gobernadores, y presentar un modelo alternativo, con coincidencias y diferencias del programa libertario.

Un dato fue la presencia de Karina Milei. El Jefe se mueve con el protocolo de una presidenta, mientras su hermano concentra su agenda en la macroeconomía, la batalla cultural y las relaciones con sus aliados internacionales: Donald Trump, Benjamin Netanyahu y el clan Bolsonaro.

La promesa de un “win-win” para las pymes y los gobernadores contiene un doble reconocimiento: el derrame no llega a la base de la economía y la Casa Rosada necesita a los jefes territoriales, garantes y beneficiarios de la estabilidad macro.

La relación entre la Nación y la provincia está en un buen momento. El vínculo mejoró con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Él y Pullaro se conocen de Cambiemos. “No en todos, pero en algunos temas pudo cumplir”, dicen en Santa Fe.

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Santilli también es el encargado de tejer acuerdos políticos. Cada provincia es un mundo. En Santa Fe, ese entendimiento podría ser algún tipo de pacto de no agresión. No una alianza sino una competencia light. “Hay altas posibilidades de que ocurra eso. Donde ellos son la segunda opción del no peronismo, no quieren quedar como los que favorecieron el triunfo del PJ”, razonan cerca de Pullaro.

Ese esquema podría extenderse a Rosario. Una coincidencia alimenta la hipótesis: el mismo día de la ronda de negocios Rigi Unidos y La Libertad Avanza votaron en el Concejo Municipal la legalización de Uber y DiDi.

El 2027 podría abrir otra diferencia entre la UCR y el PS. Con Pullaro como uno de sus principales promotores, los gobernadores jugaron fuerte en el armado de Provincias Unidas. Un año después, el espacio de la tercera vía aparece desdibujado. Hoy, buena parte de ese sector parece menos dispuesta a impulsar una alternativa presidencial propia y más atenta a su electorado antikirchnerista.

En el socialismo miran el modelo Lula: una alianza XXL que incluya a todos los que se oponen a Milei. El problema, reconocen en el PS, es que en la Argentina actual no aparece una figura con el liderazgo del brasileño para reunir y conducir una coalición de ese tamaño.