Por Mariano D'Arrigo
En días de inflación desbocada, torniquetes que se ajustan y tiempos que se aceleran, la tensión desborda al palacio y al mercado y activa a la calle. En estado de alerta máxima, dirigentes de variado pelaje movilizaron a sus bases ante una crisis que amenaza con devorarse todo, y a todos. Nadie quiere ser candidato a la guillotina.
Al igual que en la Francia del Antiguo Régimen, en la Argentina que atraviesa la larga agonía del largo ciclo abierto en 2001 además del deterioro de las condiciones de existencia presentes y pasadas lo que empuja a todo el mundo a la protesta es la perspectiva de que el futuro inmediato sólo ofrece un tobogán descendente. Hoy, como ayer, las expectativas mandan.
Esta semana, movimientos sociales, sindicatos y entidades agropecuarias salieron a manifestar que la ecuación no les cierra y a exigir que la manta corta no los destape. En un mundo bilardista como el de la política, los liderazgos se conservan o se pierden según los resultados.
Incluso aquellos que se sienten más cómodos en el papel de donadores de gobernabilidad, como los jerarcas de la CGT, tienen bien fresca la famosa frase: “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.
La efervescencia callejera no es novedad. La Argentina es un caso de manual de lo que el politólogo norteamericano Samuel Huntington llamó sociedad pretoriana: una sociedad en que la participación supera la capacidad de las instituciones para canalizar los conflictos.
El problema no es sólo que, como dijo Eduardo Duhalde en pleno incendio de 2002, en una crisis todos tienen razón. Es el brutal desacople entre la cantidad de demandas que inundan el espacio público y la capacidad de un Estado quebrado para abordar y resolver, aunque sea, una porción de ellas.
El lunes, Silvina Batakis habló con el bolsillo y le respondieron con el estómago: subieron el dólar blue y el riesgo país, y los bonos en pesos siguen en caída libre. El guiño del FMI a las medidas que anunció la ministra de Economía no la ayudan precisamente a disipar la desconfianza con la que ya la miran en varias tribus del Frente de Todos.
Lejos de bajar, la tensión entre el palacio, el mercado y la calle se incrementará en un segundo semestre que pinta turbulento. Entrarán menos dólares, los sindicatos subirán la presión para que se reabran las paritarias y Batakis enfrentará una montaña de pesos para refinanciar. Todo, con la tutela del Fondo.
Con un Alberto Fernández licuado y Cristina Kirchner en silencio, el interrogante es cuánto apoyo político tiene efectivamente para maniobrar la ex segunda de Wado de Pedro en el ministerio del Interior.
Después de asomarse al abismo del caos, el presidente, la vice y Sergio Massa acordaron una tregua precaria y cuidan sus movimientos, pero el gobierno no deja de ser un jenga con cada vez menos fichas en la base.
Con buena parte de su electorado entre decepcionado y enojado, con los gobernadores e intendentes fuera del barco hace tiempo, la CGT convocando a marchas y los referentes territoriales del Frente de Todos a los abrazos con los dirigentes de la Unidad Piquetera, ¿en qué se apoya Alberto Fernández para transitar el largo y sinuoso camino a 2023?
Luego de comerse a varios alfiles albertistas, Cristina observa el tablero. De vuelta, los resultados: si el plan de Batakis funciona, será porque ella lo avaló; si fracasa, será porque no la escucharon. Mientras tanto, impulsa en el Senado el salario básico universal, una señal a su base pero que difícilmente prospere. El oficialismo no tiene los números en Diputados y la ministra, con los números fiscales en rojo, ya dijo que no es el momento de implementarlo.
Habrá que ver cómo impacta la segmentación de tarifas de gas y electricidad. En particular, cuántas personas se anotan en el sistema que el gobierno puso en marcha y, sobre todo, si el ajuste se limita sólo al 10% de la población con mayores ingresos o abarca a más hogares.
En la previa de un año electoral, un tarifazo mal calibrado puede ser letal. Tanto para ambos Fernández como para los gobernadores que deben autorizar en sus provincias los aumentos de las distribuidoras energéticas.
En este marco, algunos ya parecen adelantarse al cambio de ciclo político. En las últimas dos semanas, se activaron procesos judiciales contra dirigentes sociales y la cuestionada Cámara Federal porteña sobreseyó a Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en dos causas por tareas de inteligencia sobre los tripulantes del submarino ARA San Juan y el espionaje en la provincia de Buenos Aires.
En Santa Fe, se replica a menor escala lo que sucede a nivel nacional. Atento que la rueda de productiva siga girando, el gobernador Omar Perotti gestiona el acceso a dólares para que las industrias santafesinas puedan importar y se trajo de Buenos Aires la promesa de Daniel Scioli de 2.500 millones de pesos para financiamiento de las pymes, pero fue el blanco de la protesta -cortes de ruta incluidos- de la Festram, que reclama la reapertura de las paritarias de los trabajadores municipales.
Por su lado, los sindicatos docentes advierten que finalizado el receso invernal quieren sentarse a hacer números con la Casa Gris. Un detalle: hace un mes Amsafe tuvo elecciones internas y las nuevas conducciones quieren marcar la cancha de entrada.
En tanto, también se recalienta la interna peronista. El rossista Leandro Busatto cruzó en redes sociales a Roberto Mirabella, mano derecha de Perotti, por la distribución federal de fondos y la inversión del gobierno nacional en la provincia. El acercamiento de posiciones que generó el acuerdo de la deuda histórica con Santa Fe duró poco.
Todo lo contrario sucede en la oposición. Los principales espacios no peronistas montaron su segunda foto de unidad y diseñaron una estrategia común frente al convenio con Nación.
“Al final, el gran arquitecto del frente de frentes es Perotti”, bromeó un dirigente opositor.
Hiperactivos, Felipe Michlig, Julián Galdeano y José Corral se reunieron con el principal referente del PDP, Gabriel Real, y con la presidenta de la Coalición Cívica, Lucila Lehmann, que hace unas semanas responsabilizó a Antonio Bonfatti y Rubén Galassi por la expansión del narcotráfico en Santa Fe.
Más allá de algunos cortocircuitos públicos, también con el PRO, tanto en el radicalismo como en el javkinismo confían en que todos confluirán en un mismo espacio.
En el PS destacan la vocación de los radicales pero consideran que hasta el mundial no habrá novedades. Igual, avisan: “Que no haya definiciones no quiere decir que haya mala onda ni que no se arme un espacio más amplio. En cualquier esquema, vamos a competir bajo una candidatura socialista, no somos menos que nadie”.
viernes 3 de abril de 2026
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