La connivencia policial continúa enquistada como una parte clave del desarrollo y la vigencia de las bandas criminales. Así lo dejaron ver dos situaciones ocurridas esta semana a partir de medidas judiciales enmarcadas en dos investigaciones complejas. Quedó en evidencia, por un lado, con la capacidad del policía provincial Jonatan Garraza para esquivar un allanamiento en su casa y mantenerse prófugo. En tanto, en una audiencia por narcomenudeo este jueves, la Fiscalía provincial ventiló que un grupo de transeros accedió a información reservada y pudo anticiparse a los operativos ordenados por la Justicia.
La detención el pasado sábado de Lisandro "Licha" Contreras, aprehendido en Tigre y cerca del country de Pilar en el que estaba viviendo, expuso el presunto surgimiento de un nuevo actor de peso en el esquema narco de la región. Sindicado como uno de los líderes o referentes de la banda Los Menores, dedicada al narcomenudeo y al sicariato, Contreras también está sospechado de participar de una escala mayor del negocio de la drogas. Además hay evidencias de la alianza con agentes policiales, lo que cuadra con los dos casos paradigmáticos de la historia reciente: tanto Los Monos como Esteban Alvarado pudieron instalarse en el negocio, crecer , incluso mantenerse vigentes estando presos, gracias a la participación policial en sus estructuras.
Lo mismo ocurre en un terreno más precario, que es el de la venta de drogas al menudeo a cargo de grupos barriales más chicos. Innumerables investigaciones judiciales demostraron que para sostenerse requirieron del vínculo con la policía, al menos en su aspecto más habitual que es el pago de una coima. Es lo que se sospecha, por ejemplo, detrás de recientes allanamientos que condujeron a la detención de Marcelo "Frentudo" Fernández. Este jueves lo imputaron y la Fiscalía expuso evidencias que sugieren que, días antes de los primeros operativos, miembros del grupo sabían que los iban a allanar y realizaron maniobras que dificultaron la investigación.
Connivencia desde adentro
Además de la certeza de que las bandas criminales más importantes tienen las herramientas para corromper a las fuerzas de seguridad, en el ámbito institucional apuntan a la ley de microtráfico -una de las principales que aprobó la Legislatura provincial a fines de 2023- como uno de los factores del nuevo escenario local. "Desde que se implementó la ley se empodera a la policía de la provincia. Para qué, para que pise fuerte en el territorio en orden a la venta de drogas. Con lo cual está más que claro que necesariamente tiene que haber una connivencia para generar ese método de control del territorio", expuso una fuente consultada.
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"La connivencia incluye la posibilidad de que se filtren los allanamientos. El jefe de una banda paga una coima y está el compromiso de que le avisen. Es dos más dos", agregó. En otro tipo de investigaciones ocurre lo mismo en cuanto al riesgo que corren los allanamientos cuando quedan en manos de divisiones de la policía santafesina sobre las cuales en el último tiempo creció la desconfianza. Sobre todo cuando las solicitudes de allanamientos tienen que pasar por las manos de los jefes antes de proceder con los operativos.
Por un trasfondo similar también se apunta al riesgo que corren los materiales secuestrados que son de interés para las investigaciones, sobre todo los teléfonos celulares, cuando van a parar a cadenas de custodia a manos de la policía provincial. "La investigación en su naturaleza incluye la sospecha policial. Se secuestra el celular de un policía, pero la cadena de custodia la hace un policía, el que perita es policía. Se secuestra un celular y en el camino se puede borrar todo", analiza una fuente.
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Por este motivo las investigaciones complejas requieren anticiparse a los pasos en falsos que pueden darse a partir de estos riesgos. Entonces se suele solicitar judicialmente la intervención de fuerzas federales o de tropas especiales que actúan con el mayor recelo posible para evitar las filtraciones.
Un policía prófugo
El sábado 7 de diciembre cayó Lisandro Contreras en un operativo de la Policía Federal. Lo aprehendieron en Tigre, provincia de Buenos Aires, luego de salir del country de Pilar en el que estaba viviendo. Después la Tropa de Operaciones Especiales hizo otros operativos en Rosario y alrededores para dar con más sospechosos. Los procedimientos habían sido solicitados por fiscales provinciales en el marco de la causa que investiga a la banda narco conocida como Los Menores, sospechada de su participación en varios delitos graves.
De los otros operativos uno fue en una casa de Dean Funes al 3600, donde vive Jonatan Garraza, suboficial de la policía de la provincia sindicado como chofer y hombre de confianza de Contreras. En el allanamiento a ese domicilio, llevado a cabo el domingo a la mañana, no lo encontraron. Para entonces se había roto el pedido de discreción sobre la detención de Contreras, incluso al punto de viralizarse en redes sociales y medios de comunicación.
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Desde entonces Garraza tiene pedido de captura, pero ya estaba bajo investigación hacía tiempo. De hecho el 14 de noviembre lo detuvieron. En esa ocasión los investigadores lo detectaron en un bar junto a Ornella D., que sí fue capturada el sábado, y otro hombre que estaba de espaldas. Con la certeza de que se trataba de Contreras, los interceptaron minutos después cuando iban en una camioneta. Para entonces la mujer ya no estaba y en el vehículo iban Garraza junto a otro hombre que resultó no ser Contreras. Esta persona llevaba un arma pero con permiso para tenencia, por lo cual fueron liberados.
"Van a allanar"
Este jueves en el Centro de Justicia Penal los fiscales Pablo Socca y Lisandro Artacho imputaron a Marcelo "Frentudo" Fernández y a cuatro personas más en una causa por narcomenudeo en el barrio Parque Casas. Durante la audiencia los investigadores sugirieron, incluso con evidencias, que hubo filtraciones de información reservada.
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En un celular secuestrado a uno de los imputados surgieron conversaciones de WhatsApp que son más que sugestivas. La pareja de Frentudo habló el 26 de noviembre con su padre, quien le había pedido dinero prestado. "El jueves te puedo dar recién. Acá no tenemos mucho. Los está haciendo laburar poco porque supuestamente van a allanar", le respondió ella.
Los allanamientos a más de 30 domicilios relacionados a la banda habían sido solicitados anteriormente para llevarse a cabo el 28 de noviembre, dos días después de esa conversación, y a cargo de la Policía Federal. El resultado, más allá de los detenidos, no fue el esperado: casi 100 gramos de cocaína fraccionada, tres millones de pesos, 2 mil dólares y algunos celulares entre los cuales estuvo el que arrojó la información que sugiere que alguien "vendió" el dato de los allanamientos inminentes.
