Los diputados massistas Graciela Camaño y Felipe Solá cuestionaron ayer al juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los redactores del anteproyecto de reforma del Código Penal, y dijeron que es "el sastre para el traje de impunidad de (Amado) Boudou" y que para él (por el juez) "la cárcel no sirve". Mientras tanto, el oficialismo intenta bajar el tono de la polémica y dice que el proyecto aún está en evaluación y será enviado al Parlamento cuando lo decida la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"La reforma del Código Penal está basada en Zaffaroni, que dice que la cárcel no sirve", cuestionó Solá, y señaló que en la iniciativa "prima una idea abolicionista, donde la cárcel sea la última instancia".
"Con este anteproyecto dicen que eliminan la reincidencia porque juzgan el delito y no a la persona", indicó Solá, y sostuvo que "es gravísimo" que no vayan a la cárcel delincuentes acusados por delitos graves y que, en cambio, se les permita hacer "una probation".
"Zaffaroni es el sastre para el traje de impunidad de Boudou. Con esta reforma, el kirchnerismo se está asegurando una salida impune del poder porque en el Código se tratan delitos sobre administración pública, con extinción de sanciones y penas mientras el funcionario esté desempeñándose en un cargo público", planteó, por su parte, Camaño.
La diputada opositora sostuvo que si el Frente Renovador no iniciaba la campaña de recolección de firmas contra el anteproyecto, el "Código Penal salía tal cual estaba planteado".
"Desde que Sergio Massa nos puso en alerta por este tema, empezamos a trabajar con un lenguaje sencillo para que la gente comprenda de qué se trata la reforma que pretenden impulsar. Pusimos énfasis en las 146 penas que se reducen porque de esta manera el Código es una avenida que le abren al delito", aseveró Camaño, y sostuvo que "el Código Penal es el combo perfecto para proteger a funcionarios de este gobierno".
Remisión. Por otra parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, subrayó ayer que la reforma al Código Penal es un anteproyecto que continúa bajo "evaluación" del gobierno y que será la presidenta quien decida su "remisión" al Congreso nacional, para lo cual no tiene plazos.
Capitanich insistió que "hoy se trata de un anteproyecto" que está siendo evaluado por especialistas en el gabinete y justificó la modificación al sostener que desde 1921 "ha tenido casi 900 reformas en sus artículos e incisos", por lo que "en definitiva pierde la armonía propia de un Código".
El funcionario afirmó que la comisión que redactó el anteproyecto fue "oportunamente constituida desde una expresión plural" y que se trata de expertos "reconocidos en el ámbito nacional e internacional".
Además, en medio de las fuertes críticas de la oposición, remarcó que la mandataria "lo ha recibido", y aclaró que "la recepción de un anteproyecto implica la evaluación por parte de distintas áreas del gobierno a los efectos de analizar cada una de las particularidades" de la iniciativa.
La diputada Juliana Di Tullio coincidió con Capitanich en señalar que la iniciativa es sólo "un borrador" y que no existe la orden de la presidenta de enviarlo al Congreso. "No tiene estado parlamentario, es sólo un borrador. No sé si se va a tratar en el Congreso este año, pero estamos listos para debatir cuando sea necesario", agregó la legisladora.
A fines del año pasado, la comisión redactora le entregó el proyecto a Cristina, quien en la última apertura de las sesiones ordinarias del Congreso adelantó que para los legisladores "va a ser un año de codificaciones", en alusión a los códigos Penal, Procesal Penal y Contencioso Administrativo, además del Civil y Comercial, que ya tienen dictamen de una comisión bicameral.
