La discusión sobre la situación de los extranjeros en Argentina se amplió este jueves a partir de un decreto de necesidad y urgencia llamativo. El gobierno anunció que expulsará a personas de otros países y también les prohibirá el ingreso si promueven o comparten mensajes de odio contra el pueblo nacional.

El presidente Javier Milei tomó la decisión debido a las "recientes manifestaciones de hostilidad" contra la república y sus habitantes. "La defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable", afirmó a través de un comunicado.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) firmó un DNU que modifica la ley de migraciones 25.871 luego de sus quejas sobre una supuesta "campaña mediática" antiargentina financiada por Brasil. Los cambios entraron en vigencia inmediata, a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

¿Qué dice el decreto 88 de 2026 sobre los extranjeros?

En primer lugar, el decreto 88/2026 actualiza el artículo 29 de la normativa. Entre las causas de prohibición de ingreso y permanencia en el territorio nacional, se añade la de "haber dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último".

Dentro de este nuevo párrafo se incluye la realización o participación en "actos de ultraje de símbolos patrios nacionales", así como la incitación para cometer actos de estas características. "En ningún caso podrán encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente", aclararon las autoridades en el documento.

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En segundo término, el DNU amplía el artículo 62 de la ley de migraciones. Así se definen las mismas causas antes mencionadas para habilitar la declaración de ilegalidad y cancelación de la permanencia de un extranjero en Argentina.

Por último, el gobierno modificó el tercer inciso del artículo siguiente para complementar las reformas previas. A partir de este cambio, el gobierno deberá expulsar a las personas denunciadas o conminarlas a que abandonen el país dentro de un plazo estipulado.