Además de los siete policías imputados inicialmente, se sumó a la acusación otro agente de la Motorizada y los jefes y una sumariante de la comisaría 10ª
Siete agentes de la Brigada Motorizada fueron imputados por acciones delictivas en la zona de Parque Casas.
Seis agentes de la Policía Motorizada quedaron presos tras ser imputados por varios delitos vinculados al armado de causas y cobro de coimas. También fueron acusados, aunque quedaron libres, otro policía de la misma división, una médica de la fuerza y cuatro empleados de la comisaría 10ª que encubrieron apremios ilegales a un detenido en el marco de uno de los procedimientos armados que se investigan en la causa.
La audiencia imputativa por la investigación que llevan adelante los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci comenzó el 18 de marzo y continuó este martes tras un cuarto intermedio. El juez Hernán Postma confirmó la imputación y prisión preventiva para Lucila Aylen Bellizzi, de 21 años; Dylan Ezequiel Pérez, de 23 años; Rodrigo Tomás Ramírez, de 23 años; Ricardo Font, de 27 años, Marcelo Borovachi, de 26 años y Jesús Soria, de 31 años.
En tanto, la médica policial Mara Romaro y el agente de la Motorizada Oscar Alberto Pérez fueron imputados pero quedaron libres. Al igual que la cúpula de la seccional 10ª: el comisario Mario Humberto Trejo, los subcomisarios Alejandro Marcelo Medini y Amador Pablo Ferrer, y la suboficial Fátima Aldana Bustamante.
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La investigación volvió a exponer cómo agentes de la policía provincial utilizan para beneficios propios e ilícitos a las herramientas que otorga la ley de microtráfico. Es que la mayoría de delitos imputados se llevaron a cabo en el marco de procedimientos que permite la norma sancionada a fines de 2023 para habilitar a la policía y la Justicia provincial a ocuparse de causas vinculadas al narcomenudeo.
Los policías de la Motorizada, en este caso, usaron los instrumentos que brinda la ley para falsear procedimientos, obtener información de manera ilícita y privar ilegítimamente de la libertad a un hombre. De esa forma, como consecuencia de un operativo armado, la Fiscalía dejó presas por 17 días a dos personas que luego recuperaron la libertad.
Uno de los delitos atribuidos a los policías de la Brigada Motorizada ocurrió en noviembre de 2024 cuando los agentes Soria, Ramírez, Pérez y Bellizi interceptaron en la calle a dos personas que llevaban dos armas de fuego, tres cargadores y una caja de municiones. Los fiscales descubrieron que habían llegado a ese dato por medio del vínculo que los agentes tenían con Sandra Álvarez, una vendedora de drogas del barrio Parque Casas que también fue imputada.
La mujer les había avisado a los agentes que una de estas personas le había ofrecido venderle armas de fuego. La finalidad del procedimiento fue extorsionar a uno de los aprehendidos, identificado como Rubén "Rana" Gusmaroli, a quien en ese momento dejaron en libertad a cambio de 2 millones de pesos. En los papeles, los policías plasmaron que habían secuestrado solo un arma y que detuvieron nada más que a uno de los involucrados.
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Ese trasfondo fue expuesto en una conversación entre el policía Jesús Soria y la transera que le pasaba información. "Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Sabés que le busqué la vuelta. Se pudo arreglar, nos hicimos amiguitos... hay que ver si el loco se pone la 10 con nosotros y si nos tira alguna data", le contó el policía a Álvarez.
Luego de ese operativo los policías continuaron extorsionando a Gusmaroli, a quien amenazaron con dejarlo preso si no entregaba 20 millones de pesos. Con el avance de la investigación, además de los policías estos dos civiles también terminaron detenidos. A la mujer le imputaron cohecho pasivo por brindarle información a la policía de manera ilícita. A Rana, en tanto, le atribuyeron el mismo delito y la portación ilegítima de dos armas de fuego.
Con una modalidad similar, ya en enero de 2025, los agentes Soria, Borovachi, Font, Pérez y Bellizi detuvieron a un hombre de 31 años al que le plantaron cocaína y lo llevaron a una comisaría en la que fue víctima de apremios ilegales. Esta persona, un consumidor frecuente en un punto de venta de drogas de Superi y Cavia, fue detenida y hostigada con el fin de que brindara información sobre un grupo de transeros.
Lo que se asoma detrás de esa maniobra es que querían perjudicar a una banda para favorecer a otra. En ese marco se dirigieron al kiosco de drogas de donde se llevaron detenida a Graciela González, tía de Marcelo “Frentudo” Fernández, arrestado por narcomenudeo en diciembre pasado. Así, el 30 de enero la fiscal Navone imputó a esa mujer y al hombre detenido cerca del kiosco, que estuvieron presos 17 días hasta que la causa se archivó.
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Una vez que el hombre fue trasladado a la comisaría 10ª, los agentes introdujeron en el acta declaraciones falsas que supuestamente había hecho el detenido y que comprometían a Frentudo. Allí, además, continuaron golpeándolo y amenazándolo. "Seguí aguantando que te voy a quebrar las piernas", indicó la víctima que le decía el suboficial Dylan Pérez mientras lo golpeaba.
Por este hecho en la audiencia de este martes también fue imputado otro agente de la Motorizada. Al suboficial Oscar Pérez los fiscales le atribuyeron haber ocultado la privación ilegal de la libertad que sus compañeros ejercieron contra el hombre al que le habían plantado la droga. A su vez le reprocharon no haber denunciado las conductas delictivas de los otros policías
Este martes también se sumó la imputación a los jefes de la comisaría 10ª por cómo accionaron tras la detención del hombre en esa seccional. El comisario Mario Trejo, los subcomisarios Alejandro Medini y Amador Ferrer, junto a la sumariante Fátima Bustamante, según los fiscales "tomaron diferentes decisiones administrativas tendientes a ocultar el verdadero estado de salud" del detenido.
En ese marco los acusaron de no haber realizado la constatación de domicilio del hombre, porque esa medida podía alertar a sus familiares sobre la detención. "De esa forma retrasaban la posibilidad de que la familia pueda advertir el estado de salud del mismo y los golpes que había recibido", indicaron los fiscales.
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La sumariante, de acuerdo a la imputación, introdujo datos falsos en el acta al afirmar que habían verificado el domicilio del hombre. El día siguiente le impidieron la visita a la madre del hombre, a quien le dijeron que regresara la semana siguiente. Todo con la presunta intención de continuar ocultando el verdadero estado de salud de la víctima. En ese sentido también desobedecieron la orden judicial del 30 de enero para que el hombre fuera trasladado a un consultorio médico para constatar su salud, oficio que luego desapareció de la comisaría 10ª.
Los agentes Soria, Ramírez, Pérez y Belluzzi fueron imputados por falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, omisión de denuncia agravada por ser funcionario público e incumplimiento de deberes de funcionario público. Soria, individualmente, fue acusado también por tentativa de extorsión. Estas acusaciones están relacionadas a las extorsiones a Rana Gusmaroli en el marco de su intento de vender armas de fuego.
Por detener ilegalmente a dos personas y plantarles cocaína, los mismos policías junto con Borovachi fueron imputados, además por privación ilegítima de la libertad, otros hechos de falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes y amenazas coactivas. Para Soria, Pérez, Borovachi y Font también recayó la acusación de falso testimonio agravado, mientras que solo Pérez fue imputado por los apremios ilegales a uno de los detenidos en la comisaría 10ª. A estos imputados se les sumó Oscar Pérez, con los delitos de encubrimiento agravado, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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En ese marco también fue imputada la médica policial Mara Romano. Los fiscales le atribuyeron haber insertado declaraciones falsas en su informe sobre el estado de salud del hombre al que detuvieron luego de plantarle la droga con el fin de "encubrir los apremios ilegales sufridos". La imputaron por falsedad ideológica de instrumento público y por encubrimiento agravado.
En cuanto a los jefes y la sumariante de la comisaría 10ª la imputación se realizó con los agentes en libertad. El comisario Trejo y los subcomisarios Medini y Ferrer fueron imputados por desobediencia judicial, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mientras que la sumariante Bustamante fue imputada por falsedad ideológica de instrumento público, partícipe primaria de apremios ilegales, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La Cámara confirmó la prisión preventiva del exfuncionario y otros cuatro acusados por el desvío de $425 millones. Ríos Artacho atribuyó las maniobras a sus problemas con el juego, pero la Justicia sostuvo la hipótesis de una asociación ilícita que operó durante años.
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