El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, apoyó la investigación sobre coimas en la Brigada Motorizada.
Foto: Gobierno de Santa Fe.
El funcionario provincial se lamentó por las denuncias de corrupción policial.
Luego de la primera audiencia sobre un grave caso de corrupción policial en Rosario, el gobierno provincial confirmó este miércoles que tomará medidas administrativas y está a total disposición de los investigadores. "Creo que los primeros indignados son los policías que cumplen correctamente con su trabajo", opinó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
La nueva denuncia sobre el cobro de coimas y procedimientos ilegales en causas sobre microtráfico no da lugar para pensar en cambios de la política de un área clave del gobierno provincial. El funcionario aseguró que el mensaje para el personal sigue siendo el mismo: "Al que trabaja y hasta el que se enfrenta físicamente al delincuente en su trabajo, lo vamos a respaldar de manera absoluta".
Durante una conferencia en la ciudad de Santa Fe, el ex secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios enfatizó que quiere colaborar con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para esclarecer los delitos atribuidos a cinco agentes de la Brigada Motorizada. "Fuimos los primeros en poner todos nuestros recursos a disposición de los fiscales que estaban investigando el caso", remarcó.
Lejos de defender a los efectivos detenidos por orden judicial, el ministro provincial expresó su apoyo a las autoridades encargadas de la pesquisa. En este sentido, apuntó: "Es un tema que no nos toma de sorpresa porque justamente se deriva de una actuación coordinada con los organismos ejecutivos y policiales con potestades disciplinarias y de control".
Cococcioni sostuvo que no tiene "ningún empacho" si hace falta subir "un escalón más" para respaldar a los uniformados que cumplen con su deber. De hecho, puso como ejemplo a Luciano Nocelli, el suboficial cuya condena a prisión por doble homicidio fue anulada meses atrás a partir de un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe.
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"Apoyamos al personal cuando se alega un posible uso excesivo de la fuerza o algún abatimiento en enfrentamiento", recordó el funcionario. Luego sostuvo que en esos casos siempre van a defender al policía y no al delincuente.
A continuación, el ministro ensayó una respuesta totalmente contraria a la denuncia contra los agentes de la Brigada Motorizada y una médica de la comisaría 10ª. En cuanto a los casos de corrupción dentro de la fuerza, aseveró: "No van a ver ningún tipo de contemplación de nuestra parte".
En cuanto a la postura de la cartera de Justicia y Seguridad, Cococcioni recordó que evitaron tomar medidas internas hasta las imputaciones para no perjudicar la tarea de los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci. "La actitud nuestra es no innovar cuando hay una investigación en marcha", recordó.
La audiencia que comenzó este lunes en el Centro de Justicia Penal menciona diferentes delitos cometidos entre noviembre y enero en la zona norte rosarina. El MPA denunció que un grupo de agentes de la Brigada Motorizada extorsionó a un vendedor de armas de Parque Casas y le cobraron 2 millones de pesos para dejarlo ir cuando lo arrestaron junto a un cómplice.
Según la evidencia presentada por los fiscales, los policías usaron como informante a Sandra González, una mujer involucrada en el negocio de las drogas ilegales en la misma zona. Así dieron con Rubén "Rana" Gusmaroli y luego lo soltaron a cambio de una coima.
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Todos los imputados tienen una corta carrera en las fuerzas de seguridad provinciales. Lucila Aylen Bellizzi, de 21 años, se encuentra bajo arresto junto a Dylan Ezequiel Pérez (23), Rodrigo Tomás Ramírez (23), Ricardo Font (27), Marcelo Borovachi (26) y Jesús Soria (31).
La historia del Rana se repitió con algunas variaciones el 27 de enero. Ese día, cuatro agentes detuvieron a un consumidor, le pegaron para obtener información y la suboficial más joven llegó luego para plantarle cocaína como justificativo del arresto. El último paso del plan fallido fue presentar un informe falso de la médica policial Mara Romano, que no reportó las lesiones del detenido en la comisaría 10ª. El sospechoso y otra mujer estuvieron 17 días en prisión preventiva y los liberaron cuando se archivó la causa falsa.
La Cámara confirmó la prisión preventiva del exfuncionario y otros cuatro acusados por el desvío de $425 millones. Ríos Artacho atribuyó las maniobras a sus problemas con el juego, pero la Justicia sostuvo la hipótesis de una asociación ilícita que operó durante años.
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Por Thamina Habichayn, para La Capital
