Una pareja de policías del Comando Radioeléctrico fue condenada este lunes e inhabilitados a perpetuidad para formar parte de las fuerzas de seguridad por diversos hechos delictivos entre los que se destacan amenazas, golpizas, allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el Juez de Primera Instancia Gonzalo López Quintana resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa condenó a Verónica Rebec a la pena de 5 años y 1 mes de prisión efectiva y a Héctor Mendoza a la pena de 4 años y 9 meses por diversos delitos cometidos por el hombre y la mujer policías.
Después de ser detenidos, los fiscales José Luis Caterina y Gonzalo Fernández Bussy les achacaron a Rebec y Mendoza un hecho ocurrido la tarde del 12 de junio de 2021 cuando patrullaban por la zona de Cavia al 1700, en la zona noroeste de la ciudad, y se cruzaron con un vecino que le dijo: “Al final van y vienen todo el día al pedo”. La respuesta de los policías fue: “¿Por qué no va y hace la denuncia?” y se bajaron del móvil. Tras una discusión el vecino entró a su casa, pero los policías se metieron en la propiedad e intentaron llevárselo detenido.
La llegada de familiares del hombre generó un revuelo por lo que los policías pidieron refuerzos y se desató una gresca donde primó la “violencia institucional”, según dijeron los fiscales. A tal punto que una vez fuera de la casa la oficial Rebec efectuó disparos al aire tras amenazar con una escopeta antitumulto hacia un grupo de personas y herir a dos de ellas en una secuencia que quedó registrada por cámaras de videovigilancia. No contentos con ello, los acusados hicieron detenciones ilegítimas trasladando a varias personas a la seccional 10ª. Para justificar el procedimiento, ambos uniformados llenaron de declaraciones falsas el acta.
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El otro delito imputado a la pareja ocurrió el 17 de marzo pasado cuando patrullaban por la zona de Tres Sargentos y Talcahuano, en el barrio Nuevo Alberdi. Casi al mismo tiempo un adolescente y su amigo de 18 años sufrieron el robo de una bicicleta por parte de un conocido del barrio que le efectuó un disparo en la pierna al mayor de ellos.
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El Centro de Justicia Penal, donde se llevó adelante la audiencia imputativa a una mujer por estafa y amenazas.
Foto: La Capital / Archivo.
Ante el ataque el menor corrió hacia su casa para pedir ayuda y llamar a la policía. Entonces llegaron al lugar Rebec y Mendoza quienes presenciaron una batahola cuando el presunto ladrón salió con un arma, hizo disparos y después sus allegados golpearon y amenazaron a familiares de la víctima. A pesar del caos, los uniformados no intervinieron y cuando les pidieron que hicieran algo exigieron 50 mil pesos a los allegados del joven baleado que fue llevado por su propia familia a un hospital.
Otros hechos de los que fuer acusada la mujer policía es el ataque a una mujer y a su madre en Arévalo al 6000, quienes habían llamado al 911 porque la pareja de la joven había ejercido violencia de género. Después, Rebec puso en el acta de procedimiento que las habían amenazado y que llevaban un arma cargada, cuestión que no había ocurrido, según pudo constatar la Fiscalía. Por si fuera poco, le dio la cabeza contra el pavimento, le dobló un brazo y también le estrelló su celular contra el piso mientras le decía que no la denunciara. Para justificar ese accionar notificó en el acta de procedimiento que la chica la había amenazado con un revólver 32 largo. Por esa circunstancia debió enfrentar la formación de una causa penal.
También se los acusó del ingreso a un domicilio de Zelaya al 1500. En el lugar le indicaron al dueño de casa que un llamado al 911 los había alertado de la presencia de un desconocido merodeando los techos. El hombre no los dejó ingresar y les dijo que no había llamado a la policía pero los efectivos entraron igual y se dirigieron directamente al dormitorio del dueño de casa, presumiblemente para robarle objetos de valor.
Por esos episodios, Rebec y Mendoza fueron imputados en 2022 por apremios ilegales, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica agravada; amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves doblemente agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario público, exacciones ilegales agravadas y tenencia.