Rodrigo González fue investigado además por amenazas, sustracción de legajos judiciales y por quedarse con dinero que se cobraba en concepto de multas.
El exfical cumplía funciones en la Unidad Fiscal Reconquista.
El exfiscal de Reconquista Rodrigo González fue sentenciado a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Está acusado en una causa que investiga el juego ilegal, además de amenazas, sustracción de legajos y de quedarse con dinero de multas. El fallo dictado por la jueza penal Claudia Bressan establece además una inhabilitación por ocho años para trabajar como magistrado o empleado del Poder Judicial de Santa Fe y de la Nación.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacaron que González reconoció expresamente no haber denunciado ni haber investigado actividades relacionadas al juego ilegal. También amenazó a una persona que trabajaba con él en la Unidad Fiscal de Reconquista, sustrajo legajos fiscales y retuvo indebidamente y no depositó en cuentas judiciales el dinero que recibió en concepto de multa en el marco de legajos que tenía a su cargo.
González, que en la actualidad tiene 55 años, cometió los ilícitos entre 2014 y 2018, mientras cumplía funciones como fiscal adjunto en la Unidad Fiscal Reconquista (Fiscalía Regional 4), hasta que fue removido de su cargo por la Legislatura de la provincia en agosto de 2021. Además, los legisladores santafesinos le impusieron una inhabilitación para acceder al MPA por 10 años.
"Durante 2017 no denunció ni investigó el accionar delictivo de dos hombres que administraban y explotaban económicamente al menos siete salas de juego clandestino en Vera, Avellaneda y Reconquista", remarcó el fiscal Eduardo Lago, a cargo de la investigación. En el juicio abreviado dijo además que González sabía que estas dos personas eran integrantes de una asociación ilícita que dirigía el empresario Leonardo Peiti, vinculado al control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia.
En relación al segundo hecho ilícito atribuido, Lago dijo que durante 2018, el exfiscal sustrajo legajos judiciales que se le habían asignado, que había recibido en su despacho y de los cuales tenía la custodia por ser el responsable de la investigación. Y que entre 2014 y 2018 retuvo indebidamente y no depositó en cuentas judiciales dinero que recibió en concepto de multas de parte de personas investigadas penalmente, en el marco de suspensiones de juicio a prueba. El funcionario del MPA concluyó que “con su accionar, González incumplió lo regulado en las resoluciones números 228/14 y 255/17 del Fiscal General”.
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Por último, Lago se refirió a las amenazas por las que fue condenado González. “Fueron en noviembre y diciembre de 2018 en perjuicio de una persona que trabajaba junto con él”, detalló. En tal sentido, sostuvo que “en reiteradas oportunidades, a través de llamadas telefónicas y de mensajes de texto y de WhatsApp, intimidó y le infundió temor a la víctima”.
Bajo estos argumentos, González fue condenado como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas coactivas, encubrimiento y violación de medios de prueba, registros y documentos.
El exfiscal reconoció expresamente su culpabilidad en los hechos ilícitos que se le atribuyeron. Además, en tanto es abogado y asumió su propia defensa, prestó su conformidad con la calificación legal, el monto de la pena y el procedimiento abreviado.
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