El fiscal federal Walter Rodríguez acusó al subjefe de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de la delegación de la Policía Federal de la ciudad de Santa Fe, Leandro Benítez, por los delitos de cohecho pasivo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso ideal con encubrimiento doblemente agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por su condición de funcionario público y violación de secretos, por lo que el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe ordenó la prisión preventiva del uniformado.
Según la acusación, el funcionario policial habría recibido grandes sumas de dinero de parte de la pareja de Luis Suris, alojado en esa dependencia a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, para que obtuviera beneficios vinculados a sus condiciones de detención. Luego de ser indagado el martes por la mañana Benítez quedó detenido a disposición del juzgado por diez días.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima en la que se especificó que entre el 27 de noviembre de 2023 y el 11 de marzo de 2024 el funcionario policial habría recibido dinero por parte de la pareja de Suris. A partir de este llamado, se procedió al allanamiento de la delegación policial, donde se secuestraron libros oficiales en los que se registraba el funcionamiento de la dependencia junto con testimonios tanto del personal policial que allí trabajaba como de otras personas detenidas en el mismo lugar, que permitieron confirmar la información del llamado anónimo.
De acuerdo a las evidencias recolectadas, el detenido disponía a su voluntad tanto de las instalaciones de la división como del servicio de sus agentes, prerrogativas que habían sido concedidas por decisión del subcomisario. La sede de la Policía Federal de Santa Fe fue allanada el pasado 3 de abril. De acuerdo a los testimonios recogidos, el interno tenía el apodo de “tercer comandante” o “el inquilino”. Además, en varios testimonios brindados por los agentes policiales se dijo haber visto en poder del subcomisario grandes sumas de dinero. Para el fiscal Rodríguez, “puede afirmarse que se trataba de las dádivas que recibía por parte del nombrado para gozar de un estado de detención casi totalmente extinto de límites y controles”. El abogado defensor del policía detenido es Hernán Kovacevich.
Suris estaba alojado en el Casino de Oficiales de la dependencia policial, donde también recibía a las visitas por fuera de los días y horarios establecidos. El detenido también realizaba pedidos de comida a través de aplicaciones de envío a domicilio desde el celular del subcomisario, y de acuerdo a las declaraciones testimoniales, los agentes eran encargados no solo de realizarle compras personales sino también de preparar asados para él y otros reclusos. Al mismo tiempo, los testimonios brindados tanto por el personal policial de la Duof como los detenidos en esa misma dependencia describen situaciones en las que funcionario de la Federal utilizaba amenazas como forma habitual de ejercer la autoridad.
>> Leer más: Suris no declaró y Farro se atajó
Sobre la prisión preventiva, el fiscal destacó la gravedad institucional, al resultar implicado un subcomisario de la Policía Federal Argentina. "No puede pasarse por alto la alusión que hicieron los testigos sobre la existencia de vínculos del subcomisario con sujetos caracterizados por detentar poder y por el ejercicio de la violencia".
Juan Ignacio Suris fue apresado por la Policía Federal en un inmueble de la ciudad de Esperanza, a fines de noviembre de 2023, ya que estaba condenado por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca a cumplir cinco años de prisión por ser encontrado responsable de ser la cabeza de una asociación ilícita que estafó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Suris, quien también fue pareja de la vedete Mónica Farro. La condena se unificó en ocho años de prisión, ya que fueron sumados otros tres como jefe de una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. La causa por facturas truchas comenzó en 2012 a raíz de una denuncia en la Afip, que a través de su cuerpo de investigadores detectó que se habían creado sociedades inexistentes con la finalidad de vender facturas de operaciones falsas para evadir el pago de impuestos, y cuya cifra alcanzó los 40 millones de pesos en aquel momento.
