Los dos detenidos en el marco de la megaestafa producida con cheques sin fondos librados por la firma Dimare SRL deberán pagar un alto precio por su libertad. Si bien el juez Alejandro Negroni no hizo lugar al pedido de la Fiscalía de dejar en prisión a los imputados Alberto Cocco de 60 años y a Mariano Corna de 43 años, tendrán que pagar una caución real de 1.500.000 pesos cada uno para seguir el proceso judicial fuera de la cárcel. Ayer quedaron imputados como coautores de la estafa y tendrán que presentarse una vez a la semana ante funcionarios judiciales con la prohibición absoluta de contactar a alguno de los damnificados en los 36 hechos constatados.
La megaestafa con cheques sin fondos por un valor estimado de 50 millones de pesos está en plena investigación. Es más, se produjeron otras dos detenciones en el marco de nuevos allanamientos que se sumaron a los cerca de 22 que se realizaron desde que la empresa radicada en Presidente Quintana al 2400 dejó un tendal de deudas por cheques sin fondos en 36 hechos constatados y con 55 denunciantes damnificados.
Ayer, hacia las 13, fue el turno de la lectura de los cargos contra Cocco y Corna quienes se encontraban detenidos y a quienes la Fiscalía les hizo una pormenorizada exposición de las maniobras por las cuales se hacían compras de maquinarias, herramientas, electrodomésticos y hasta servicios de catering con cheques a pago diferido del Banco Santander, sucursal Paseo del Siglo.
A la hora de las imputaciones, la Fiscalía consideró que Cocco y Corna fueron parte de la puesta en escena que tuvo como paraguas a Dimare, la firma comercial que se utilizó para cometer los fraudes donde había una división de tareas entre los detenidos, el prófugo Sebastián Alonso (quien firmaba los cheques bajo el nombre falso de Jonathan Mena) y otros dos evadidos de la Justicia.
Tras reiterarse que el modus operandi de Dimare primero hacía presumir ante las víctimas solvencia financiera y estados contables sólidos, se indicó que los cheques a fecha dejaron al descubierto decenas de perjudicados que se "desayunaron" de la estafa cuando los valores "rebotaban" en el banco o cuando fueron al galpón de zona sur donde un cartel les avisaba que la firma se había mudado a Hurlingham, en Buenos Aires.
A la hora de fundamentar el pedido de considerarlos coautores de la estafa y solicitar que permanezcan tras las rejas, la Fiscalía recordó que en el allanamiento en el domicilio de Cocco (La Paz al 200) se secuestró un acondicionador de aire Surrey que habría sido parte de la maniobra contra una firma refrigeración rosarina que cayó en la trampa.
Es más, en otro domicilio atribuido a Cocco, en Moreno al 3000, (donde viven familiares directos) se encontró un auto eléctrico símil al vehículo de carrera que usó Juan Manuel Fangio en sus proezas automovilísticas y que también era producto de una venta denunciada por otro damnificado. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) se encargó de difundir la imagen del auto completo. No obstante, cuando La Capital obtuvo una foto en el mismo lugar dos días después, el vehículo no tenía las ruedas, el asiento y el volante. Ante eso, la Policía de Investigaciones aclaró que esos elementos estaban en principio fuera del vehículo y que fueron colocados sólo a la hora de difundir la imagen oficial. Luego, se llevaron a un depósito.
Por otro lado, en un campo de San Jerónimo Sud, propiedad del abogado defensor del imputado, César Ceragioli, los investigadores hallaron documentación de la firma "fantasma" y correspondencia de Western Union donde Cocco aparece haciendo depósitos a nombre de Dimare.
Más elementos
En este predio rural había también maquinaria industrial entregada por una empresa damnificada, aparte de hidrolavadoras, fotocopiadoras y varios pallets de ladrillos huecos también apuntados como parte del botín.
Otras víctimas presentaron fotos del perfil de Facebook de Cocco junto a una camioneta Volkswagen Amarok gris. En principio, es el mismo vehículo filmado por las cámaras de video de un supermercado chino de San Martín al 6500, lindero a otro domicilio allanado donde se secuestró mercadería.
El fiscal Sebastián Narvaja aportó además que cuatro víctimas identificaron al imputado como "Alfredo, el contador", quien llevaba los cheques de Dimare a los compradores de buena fe.
A Corna, el referente del MPA le atribuyó irregularidades ante el hallazgo de maquinaria vial y equipamiento para neumáticos en Presidente Roca al 3800, propiedad de la familia Alvarez.
Incluso, al momento del accionar policial, el hombre se presentó exhibiendo una factura, confeccionada a mano, con un valor sensiblemente inferior al de mercado y sin acreditar acta de transferencia del rodado.
Un empleado de la empresa de maquinaria vial estafada que fue a retirar de Roca al 3800 la minicargadora reconoció que a Corna ya lo había visto antes en las oficinas de Dimare en zona sur.
Los dos imputados también fueron señalados por un fletero que en un galpón de Fighiera vio a Cocco, "a un tal Mariano", al falso Mena y a otras personas más comiendo un asado.
Ambos acusados proclamaron ante el juez Negroni su inocencia y luego llegó el turno de sus letrados defensores. En el caso de Ignacio Carbone, que patrocina a Corna, el abogado insistió en que su cliente ya había sido liberado tras la imputativa celebrada a principios de mes y que en los ocho hechos que lo incriminan no hubo elementos para acusarlo de estafa.
Ceragioli, alegó en defensa de Cocco que su cliente facilitó el allanamiento de Quintana 2450 donde funcionaba Dimare, cooperó en el operativo en casa de su padre y lo pintó como "un carnicero de zona sur que todo el barrio conoce y hasta provee mercadería a comedores comunitarios".
Finalmente llegó el turno del juez Negroni quien, tras aclarar que no había encontrado todos los elementos, dijo que "sí existen atisbos de peligrosidad procesal" al aplicarles a los dos imputados la obligación de presentarse una vez a la semana en una oficina judicial y la prohibición absoluta para todo tipo de contacto con los 36 comerciantes perjudicados.
Luego, el magistrado dictó una caución real de 1.500.000 pesos para cada uno. De reunir los fondos (ya sea en dinero depositado ante el Banco Municipal o bien con un inmueble), fuentes judiciales estimaron que el trámite recién podría concretarse hacia el lunes o martes. En tanto, ambos permanecerán detenidos.
En otro orden, tras un allanamiento en un depósito de pasaje Quiroga al 2200 se detuvo a Claudia R. y Marcelo D., quienes pasaron de víctimas a acusados.
Amenazas vía e-mail
“Esta es la única advertencia. Si esto continúa, pierden mucho más que plata, la van a pagar con sangre. No van a poder vivir tranquilos”. Este párrafo leído por el Ministerio Público de la Acusación es parte de un texto amenazante que los damnificados por la maniobra recibieron desde un correo electrónico.
