Trabajadores de Algodonera Avellaneda, propiedad del Grupo Vicentin, fueron desalojados por la policía santafesina durante la madrugada de ayer del acampe que realizaban desde hace más de 70 días en reclamo de mejoras salariales. Unos 300 efectivos irrumpieron en el parque industrial de Reconquista para levantar la huelga y otros 50 se hicieron presentes en la planta de Buyanor para despejar los accesos a la empresa. Si bien no se registraron incidentes, porque los trabajadores decidieron retirarse pacíficamente del lugar, se vivieron momentos de máxima tensión por la magnitud del operativo.
Los efectivos policiales, con una orden de desalojo solicitada por el fiscal Alejandro Héctor Rodríguez y dispuesta esa misma noche de forma exprés por el juez Santiago Banegas, avanzó sobre las trabajadoras y los trabajadores en huelga, forzándolos a desalojar el acampe.
Carlos Zamboni, abogado laboralista y asesor de la Federación de Aceiteros, expresó que “el juez encontró una forma, a pedido de los Vicentin, de criminalizar estos conflictos”.
“Lamentablemente la policía de la provincia parece que esta a disposición de estos empresarios, que en lugar de sentarse con los sindicatos y los trabajadores para ver las condiciones de trabajo y un salario que les alcance para cubrir sus necesidades mrecurren a cientos agentes que pagamos todos los ciudadanos de la provincia como si fueran un servicio de seguridad privada a pedido de la patronal”, relató el letrado. Los trabajadores la desmotadora tienen salarios que no superan los 25 ó 30 mil pesos, con 20 años de antigüedad, horarios rotativos y trabajando feriados.
Tras el desalojo policial los trabajadores decidieron realizar mañana, a las 15.30, una movilización en el parque industrial de Reconquista. Además, el sindicato aceitero declaró una huelga regional a partir del lunes próximo. “Los trabajadores del grupo Vicentin continuamos reclamando un salario acorde a la canasta familiar. Nuestro objetivo es defender la dignidad de nuestras familias”, expresaron en un comunicado.
Zamboni recordó que durante la última audiencia que convocó el ministerio de Trabajo en Reconquista a la cual estaba citada la empresa y el directorio de la empresa en forma personal, no fueron. “Enviaron al abogado (Héctor) Biscay de la familia, sin mandato y capacidad de negociar nada. Nunca buscaron una solución más que la represión y encontraron la complicidad del poder judicial”, precisó.
El abogado laboralista contó que “por suerte no hubo heridos” y dijo que “eso responde a que la asamblea de trabajadores decidió correrse de la puerta, algo que lo hicieron bajo la amenaza de ser reprimidos”.
“Por suerte los trabajadores resolvieron protegerse ellos mismos ante un Estado que no lo hace. La huelga sigue frente a los intentos de romperla”, relató Zamboni, para quien “hay un mensaje claro a la clase trabajadora, si reclaman aumento de salario la respuesta va a ser la fuerza policial desalojándolos, esa es la cuestión más grave”.
