El tratamiento de la reforma de seguridad tuvo su pico de tensión la semana pasada, cuando el sector del radicalismo que empuja el nuevo paquete de leyes chocó de frente con un socialismo que pisa la pelota y pide elaborar la jugada. Esta semana volverá la negociación interna de Unidos y, aunque proyectan consenso, nada garantiza un desenlace que conforme a todos.

“Me animo a decir: vamos a calmarnos. Cuando a la provincia de Santa Fe le fue bien en materia de seguridad, es porque se lograron grandes consensos para avanzar”, dijo la diputada socialista Lionella Cattalini en el recinto, enfocada en marcar el tiempo en la ley que apura el Ejecutivo.

Cattalini venía de un cruce con el senador radical Felipe Michlig, quien se sintió tocado cuando la diputada hace unas semanas le pidió celeridad a la Cámara alta. El caudillo de San Cristóbal le devolvió con la misma moneda y reclamó la demora de la reforma de seguridad. Se viene arrastrando malestar.

Reforma de seguridad en la cocina

Al margen de la pirotecnia que refleja el aire denso, en el radicalismo encargado en sacar las “Herramientas para el fortalecimiento en seguridad pública” sobrevuela la interpretación de que hay animosidad en correrle el arco. “¿Justo este tema que es eje en el gobierno? ¿No pueden pelear con otra cosa?”.

Es decir, ven un condimento político del socialismo, ya sea de posicionamiento o, al menos, una gestualidad en mostrase de acuerdo con un nuevo paquete pero pisar el tratamiento.

Sobre todo porque leen el momento del poroteo: en el paquete de seguridad anterior la oposición mayoritariamente acompañó, hoy no. Es decir, la aprobación depende como nunca de los 14 votos del socialismo.

En el PS cuentan su versión: “No soy ingenuo, pero no es un problema político”. Y agregan una frase clave: “Es microclimático”. Así demuestran que los roces son ajenos a la ciudadanía.

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En los últimos días, algunos experimentados legisladores van por esa línea de no dramatizar, de interpretarlo como juegos propios legislativos y que se le encontrará una salida.

En una suerte de punteo pedagógico explicaban: primero son posicionamientos políticos, luego se mezclan aspectos ideológicos, y la dinámica de tira y afloja que implica una negociación más rápida o más lenta, depende el tema. Este tema es neurálgico.

Ahí también se explica la inquietud del radicalismo por la demora: el Ejecutivo cree necesario el paquete para sostener los logros, porque sostiene que el problema no se acabó sino que está contenido.

Una encuesta de Innova Opinión Pública, hecha en 400 casos en Rosario del 15 al 17 de octubre, registró que el principal problema sigue siendo la inseguridad (38%), lejos del segundo que es el desempleo (14%). Un 12% mantiene el narcotráfico. Se vincula con otro dato que suma al envión del Ejecutivo: un 64% en Rosario acuerda en que la seguridad mejoró desde que asumió Pullaro.

El socialismo

En el socialismo argumentan que se requiere tiempo porque son temas complejos que pueden afectar garantías.

“Hay que darnos más tiempo para el debate. Debemos seguir avanzando con los diálogos para que las leyes sean efectivas y no sean cuestionadas luego”, dijo Cattalini.

Curiosamente, la diputada Celia Arena, del perottismo, apuntó en esa línea: “Obviamente, estamos absolutamente de acuerdo que son necesarias para combatir el delito. Entendemos que en ese contexto pedimos algunas cuestiones vinculadas con la efectividad, pero también a no habilitar patente de corso”.

Cerca del Ejecutivo recuerdan que desde mayo tiene media sanción del Senado y que, hasta ahora, no recibieron devoluciones consistentes. En el socialismo descartan que haya intransigencia como otros perciben.

La indefinición derivó el miércoles pasado en una reunión entre los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) y Fabián Bastia (Gobierno) con legisladores para destrabar el paquete.

Según cuentan, se encontraron con que el proyecto original se encaminaba a ser desmalezado. Dijeron "no" y empuñaron el proyecto original. La sesión de Diputados pasó para esta semana.

El calor subió en Unidos y el gobernador Maximiliano Pullaro también envió un mensaje sobre el tema: "No voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional".

Hay tres o cuatro puntos que están en ese umbral y fueron observados también por el Poder Judicial. "No solo discutamos facultades policiales", lanzó Cattalini y deja ver el núcleo del descontento.

Justamente son los puntos que ahora deberán negociar "calmados" para llegar al jueves con acuerdo y tratarlos en la sesión. "No van a aflojar fácil", dicen en uno de los lados de la mesa de Unidos, aunque tranquilamente lo pueden decir del otro.