Proponen sumar droguerías y farmacias a los controles sobre lavado de activos

La comisión de Gobierno del Concejo Municipal empezó a analizar una propuesta para que la apertura de droguerías y farmacias se someta al sistema de control económico financiero de inversiones, creado en agosto del 2022 para prevenir el lavado de activos de origen delictivo en el ámbito del municipio. Si la iniciativa prospera, para habilitar grandes superficies o eslabones de una cadena de locales se deberá aclarar el origen de los fondos de inversión.

"Es fundamental que todas las grandes inversiones puedan estar sujetas al sistema de control económico financiero de inversiones y esto debe incluir a las grandes farmacias o eslabones de cadenas de farmacia que pidan habilitación para radicarse en la ciudad", explicó la autora de la iniciativa, la concejala Susana Rueda (Rosario Progresista).

La inquietud, apuntó la edila, surgió de los mismos farmacéuticos matriculados que son los únicos habilitados por ley para ser propietarios de una farmacia, además de contar con la exclusividad de la guarda y adquisición de todo tipo de drogas puras y especialidades medicinales que incluyen psicofármacos y estupefacientes.

Para Rueda, el objetivo de sumar controles sobre este rubro es netamente preventivo. "Todos sabemos lo que un destino ilícito de esos productos puede provocar en la ciudad. Por eso se hace necesario sumar a los requisitos para los permisos de habilitación y transferencias de las farmacias en la ciudad, la solicitud y tratamiento de información donde se requiera el origen de los fondos a invertir", sostuvo.

De prosperar la iniciativa, al momento de tramitar el permiso municipal para abrir una farmacia se deberá justificar el origen de los fondos. Las nuevas habilitaciones quedarán así sujetas a los mismos requisitos que desde el año pasado rigen para la venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones, armerías, casas de juegos, apuestas o casinos, locales nocturnos, hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, guarderías náuticas, estacionamientos o bares y restaurantes, entre otros negocios.

No todas las aperturas de locales pasarán por estos requisitos, sino aquellas inversiones que superen los 12 millones de pesos. Rueda recordó que la ordenanza es una herramienta que tiene el municipio para el control de los fondos ilícitos. Si se detecta alguna irregularidad, los expedientes se derivan a la Unidad de Investigación Financiera y a la Justicia.

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Mayor transparencia

Lo que se busca, apuntó la concejala, es "generar siempre mayor transparencia en las inversiones, sobre todo en un rubro tan delicado, desalentar maniobras que puedan rozar lo delictivo y colaborar con la protección de los derechos de los farmacéuticos matriculados que quieren trabajar bajo el amparo de la ley".

La iniciativa fue consensuada con las autoridades de la delegación local del Colegio de Farmacéuticos que el martes pasado participaron de la reunión de la comisión de Gobierno del Concejo Municipal, donde manifestaron su aval a la propuesta.

"No se trata de un impedimento, ni de una ordenanza restrictiva. Los profesionales que quieran habilitar una farmacia, seguro pueden justificar los fondos con los que se van a instalar", afirmó la titular de la entidad, Claudia Varela.

La referente del colegio profesional advirtió que las farmacias son los únicos lugares habilitados para la comercialización de drogas lícitas, "pero también sabemos que han existido casos en los cuales esas sustancias que son legales ingresan al mercado ilegal" como materia prima para la elaboración de drogas de síntesis.

El ejemplo más cercano y más conocido es el de Mario Segovia, conocido como "rey de la efedrina", tras ser detenido en noviembre de 2008 en el aeroparque porteño acusado del contrabando a México de casi 300 kilos del precursor químico disimulado en 12 toneladas de azúcar. Cuatro años después fue condenado por el delito de contrabando agravado de sustancias que pudieran afectar la salud pública, en 91 hechos.

Con este antecedente, los farmacéuticos afirman que lo que se intenta evitar es que "las farmacias de Rosario se conviertan en un instrumento de los circuitos ilegales de tráfico de sustancias", apuntó Varela, y aseguró que "los farmacéuticos que quieran abrir una farmacia "no se van a ver restringidos ni estarán imposibilitados" por la nueva ordenanza.

La normativa que creó el sistema de control económico financiero de inversiones se aprobó en agosto del año pasado. Dos meses después, el intendente Pablo Javkin presentó la "agencia antilavado", encargada de generar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia y que trabaja en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera, para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.

Un mercado regulado

La legislación actual que ordena la apertura de droguerías y farmacias impide que las sociedades anónimas sean propietarias de farmacias y establece criterios igualitarios de acceso geográfico y poblacional. Las normas se basan en una cuestión sanitaria: la venta de medicamentos es un tema de salud pública.

Varias veces, cadenas de farmacias intentaron denunciar la inconstitucionalidad de estas regulaciones en la Justicia provincial. Farmacity lo buscó después de que el gobierno provincial le cerrara el paso a establecer sucursales en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

No obstante, el rubro no está quieto. En el último año, se habilitaron en Rosario quince nuevas farmacias y crecieron los grupos que administran distintas bocas de expendio bajo nombres comerciales como Farmashop o Farmavip. Los profesionales advierten que esta tendencia está aumentando, sobre todo en el centro de la ciudad en donde las farmacias más pequeñas empiezan a desaparecer.

"Frente a la competencia que plantean estas cadenas, los locales más chicos han tenido que sumarse a este grupo o vender el comercio", analizan dentro del rubro y cuestionan hasta qué punto esto no contraría el espíritu de la ley. "La legislación busca que sea la misma persona la que esté al frente de la decisión económica y de la decisión profesional. Si separamos estas dos decisiones no podemos dar un buen servicio a la población", apuntaron.