Débora Celeste Andino tenía 31 años y estaba embarazada de seis meses. La asesinaron delante de sus hijas, de las cuales una resultó herida.
Conocida como "Nachi", Stella Maris Cháves vendía drogas en un pasillo del extremo oeste.
A comienzos de la semana pasada una chica de 19 años fue asesinada en un pasillo de calle 1709 al 7800, en el extremo oeste de la ciudad. A mediados de enero un caso similar ocurrió en el Fonavi de Viamonte al 7300, cuando una mujer de 31 años embarazada de seis meses fue acribillada en su casa delante de sus hijas pequeñas.
En ambos casos los vecinos dijeron que eran chicas del barrio, que habían crecido en esas calles que con los años habían empezado a habitar con un nuevo rol: el de vendedoras de drogas al menudeo. No son los únicos casos en lo que va del año en que mujeres jóvenes son asesinadas en ese contexto, lo que sugiere un fenómeno en crecimiento.
Uno de esos crímenes fue la madrugada del 14 de marzo cuando asesinaron a Stella Maris Chávez en su casa. La versión preliminar que brindaron los investigadores indica que cuatro personas armadas irrumpieron en la vivienda de la chica de 19 años y en cuestión de segundos la mataron a balazos. Otra mujer que estaba en la casa luego declaró que ella fue encerrada en una habitación.
La sensación es que había que matar a “Nachi”, como en el barrio conocían a Stella Maris. El relato de los vecinos también la ubicó como una chica que se había criado en la zona y desde hacía un tiempo se dedicaba a vender drogas en su casa, muy precaria y ubicada al final de uno de los tantos pasillos que se desprende de otro que nace en la calle 1709. En uno de esos caminos Nachi se sentaba en un sillón instalado sobre el piso de tierra desde donde podía ver a quienes ingresaban. Una imagen que se había vuelto tan natural en el barrio como los balazos que pusieron el punto final a esa rutina.
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A menos de un kilómetro de esa zona se dio un crimen con características similares. Fue el 16 de enero en un departamento del Fonavi de Viamonte al 7300, donde mataron a balazos a Débora Andino. La mujer de 31 años fue acribillada delante de sus hijas pequeñas y una de ellas, de 9 años, también resultó herida por un disparo.
Débora cursaba el sexto mes de un embarazo que había buscado y al cual le dedicaba mucho cuidado para evitar un parto prematuro. Así se había expresado en su cuenta de Facebook cuatro días antes de que la mataran: “Hace casi un año decidía buscarte, sabía los riesgos que corría pero yo quería intentar. Fueron muchos meses donde busqué como loca tu llegada hasta que por fin un día llegaste. Sentí esa felicidad con mezcla de miedos sin saber o sabiendo que iba a tener un embarazo con riesgos”.
En el Fonavi los vecinos también aseguraron que Débora se dedicaba a vender drogas en su casa. Contaron que en 2019 había vuelto a Rosario después de vivir un tiempo en Carcarañá y que desde entonces se la veía recibir los cargamentos que fraccionaba en su departamento y después vendía ahí mismo o a los pies del edificio. También, por fuentes policiales, se supo que un hermano de Débora está preso por una causa de drogas luego de ser detenido en mayo de 2020 con cocaína fraccionada que escondía en su barbijo, por lo cual se sospecha que ella había tomado la posta en esa actividad.
Los dos casos mencionados tienen la particularidad de que las víctimas parecen haber sido el blanco principal del ataque. Es decir que las fueron a buscar para matarlas y así lo hicieron, incluso dejando con vida a testigos. Pero no son los únicos crímenes en el transcurso de 2022 con víctimas mujeres. En lo que va del año hubo nueve, según los registros de este diario, aunque los otros casos responden a otras características: si bien en su mayoría parecen estar ligados a disputas por drogas es claro que ocurrieron en otras circunstancias.
Dos de esos hechos podrían entrar en la categoría de víctimas por error o de rebote, es decir que fueron un blanco equivocado o las asesinaron en contexto de ataques a un grupo. Tal es el caso de Natalia Andrea Longhi, de 47 años, baleada el 5 de enero en su casa de pasaje Franco al 2000 luego de que se asomara a la puerta tras un llamado. Los vecinos aseguraron a este diario que una casa vecina de apariencia similar es un kiosco de drogas y sugirieron que a Natalia la mataron por error.
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El otro caso es el de Brenda del Valle Bravo, de 24 años, asesinada el 13 de marzo en French y Larrea, cuando estaba con amigos en una fiesta callejera y fueron baleados por personas que llegaron al lugar en moto.
Hay tres casos más cuyas víctimas estaban presuntamente ligadas a la venta de droga, pero no fueron el principal o único blanco de los ataques. Así fue con Erica Vanesa Romero, de 37 años, investigada como parte de una trama narco y asesinada el 29 de enero junto a su pareja y su hija luego de la fiesta de casamiento en Ybarlucea de una pareja procesada por narcotráfico.
Días después, el 13 de febrero, Bibiana Alejandra Guevara fue acribillada cuando estaba parada en la puerta de su casa de Ayacucho al 4000. Dos personas que pasaron en moto dispararon contra la vivienda, que ya había sido atacada varias veces como parte de una disputa que en esa misma cuadra ya cuenta otros homicidios. En tanto el 18 de febrero la víctima fatal fue Verónica Almada, de 38 años, una mujer a la cual los vecinos identificaban como vendedora de drogas desde hacía un tiempo y que también fue herida de muerte en una balacera contra su casa.
Los otros dos casos tienen características singulares. Uno es el de Elena Giménez, la nena de 1 año asesinada con sus padres en el triple crimen de Ybarlucea y el otro es el de Melani Juárez, una chica de 21 años que vivía en una pensión y fue asesinada a puñaladas en una pensión de 9 de Julio al 500, un femicidio por el cual ya hay un imputado.
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Según el registro de este diario desde 2013 hubo al menos 183 mujeres fueron asesinadas. De ese total 51 casos fueron en contexto de violencia de género, 33 por error o por quedar en medio de balaceras, otras 17 en balaceras contra casas o kioscos de droga en los que pudo morir cualquier otra persona que estuviera allí. En 23 casos las víctimas fueron asesinadas por algún familiar, 14 en asaltos, 25 en conflictos entre personas que se conocían o familiares sin mediar violencia de género. Por último, hay cuatro sin esclarecer.
De ese total hay 16 casos que podrían entrar en la categoría que identifica a mujeres que estaban involucradas directamente con la venta de drogas. Lo curioso es que la mitad de esos crímenes ocurrieron entre 2021 y 2022, más específicamente, tres fueron el año pasado y cinco en el corriente. De esa cifra, entonces, podría partir el análisis sobre los motivos que en cierta manera expusieron a estas personas a los contextos que precipitaron el final de sus vidas.
Para la fiscal Valeria Haurigot, que integra la unidad especializada en balaceras y desde allí accede a investigaciones sobre los movimientos de distintas bandas narcocriminales, lo que determina la exposición y la violencia es “el rol más que el género”. En ese sentido para Haurigot “es igual para hombres como para mujeres” el riesgo al que están expuestas las personas que trabajaban en los estratos más bajos del comercio de drogas, es decir en los búnkeres o en las casas utilizadas como punto de venta.
“El segmento de mujeres que atienden el búnker y que están expuestas a la violencia de manera más descarnada es en el que se advierte aprovechamiento de la vulnerabilidad”, explicó la fiscal en diálogo con La Capital. Sin embargo remarcó que sean varones o mujeres los llamados “soldaditos o soldaditas” quedan más expuestos. Así también indicó que en las investigaciones actuales surge que “las mujeres que ocupan lugares de poder en las organizaciones se manejan exactamente igual que los hombres y por ende enfrentan las mismas consecuencias y riesgos”. En ese sentido detalló que hay causas que confirman que las mujeres ocupan todo tipo de cargos en las bandas: “Organizan, venden, guardan, manejan motos”.
Vanesa Vargas, integrante de “La Colectiva: Asociación de Abogadas Translesbofeministas” y miembro de “Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos”, considera la posibilidad de que las mujeres hayan quedado expuestas a la violencia ligada a la venta de drogas al adoptar a la actividad “como una economía de subsistencia. La gente vende drogas para sobrevivir porque no tiene laburo, eso es una realidad. No por eso hay que infantilizar a la gente y pensar que no conocen los riesgos de vender droga, pero a veces sencillamente no hay alternativas”, analizó.
Sin embargo para Vargas esa “economía de subsistencia se entrelaza con cuestiones que están relacionadas al género”. En ese sentido aparece como ejemplo el caso Débora Andino, asesinada delante de sus hijas. “Vendía drogas porque era su trabajo no formalizado y por otro lado cuidaba a sus hijos porque también era su trabajo. Probablemente se le reproche que vendía drogas con sus hijos, cuando en realidad trabajaba de vender drogas mientras ejercía las tareas de cuidado de sus hijos. Son circunstancias que se juntan en el mundo de las mujeres en más de una oportunidad”, agregó.
Sobre los casos de mujeres que no están expuestas de manera directa a la violencia, y por el contrario ocupan distintos roles en organizaciones que incluso llegan a esferas superiores, Vargas identifica otro análisis necesario. “Hay veces que el protagonismo de las mujeres está relacionado a roles delegados por varones y esos roles son controlados por varones desde la cárcel. No hay que subestimar la capacidad de conducción de mujeres en una banda criminal, pero tampoco hay que dejar de tener una perspectiva de género por el hecho de que la mujer tenga un rol de conducción”, explicó, para agregar: “Estamos hablando de una estructura patriarcal y si llegan a esos roles porque quieren puede pasar, pero hay que analizarlo”.
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