El gobierno de Santa Fe avanza en un proyecto de ley que propone una nueva reforma integral para fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen organizado mediante la modificación de normativas penales y penitenciarias. Se trata de una segunda tanda de reformas en seguridad luego de las aprobadas a los meses de que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro.

El jueves pasado por la mañana ingresó por la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” con once puntos claves que modifican el Código Procesal Penal y varias leyes para otorgar mayores facultades de investigación a la policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizar los procesos judiciales y establecer regímenes de aislamiento para presos de alto perfil.

El documento también contempla la creación de zonas de intervención especiales donde se pueden restringir derechos de circulación, así como el uso de mecanismos para inhabilitar inmuebles utilizados por el narcotráfico, y la modernización del sistema de recompensas.

La seguridad en Santa Fe

Uno de los fundamentos del proyecto impulsado por el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, es que “los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito”.

En definitiva, el texto argumenta la necesidad de dotar al Estado de instrumentos excepcionales para garantizar el orden frente a contextos de violencia estructural y criminalidad compleja. Por el tenor de las modificaciones procesales y jurídicas propuestas se descuenta que traerá debate y cuestionamientos.

En este sentido sostiene el proyecto en sus fudnamentos: "El Estado no solo debe abstenerse de violar derechos, sino que también debe garantizar activamente su ejercicio frente amenazas provenientes de actores criminales complejos".

Puntos clave

- Declaración informativa e interrogatorio policial: se reintroduce la declaración informativa para las etapas iniciales de la investigación, permitiendo recolectar información cuando todavía es prematuro definir si una persona es imputada o testigo.

Por otra parte, se habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

- Juicio penal en rebeldía: se amplía la posibilidad de juzgar a personas ausentes si han sido debidamente notificadas, bajo la premisa de que la incomparecencia es una decisión del imputado. Se establecieron mecanismos para revisar la condena si el imputado aparece más tarde con una justificación válida.

- Validación probatoria: Se establecen reglas claras para validar pruebas que normalmente quedarían excluidas bajo la teoría del fruto del árbol envenenado (prueba ilícita contamina a las derivadas). El objetivo es brindar certeza jurídica en casos donde actualmente el criterio de los tribunales es variable.

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-Allanamiento automático por secuestro de armas: se faculta el allanamiento sin orden judicial cuando se trata del secuestro de armas de fuego o materiales controlados en la vía pública, buscando evitar que la demora en el trámite judicial permita ocultar la evidencia.

- Derribo por orden fiscal: los fiscales podrán ordenar directamente la inactivación física de inmuebles utilizados para el microtráfico u otros delitos en casos de "extrema obviedad", sin necesidad de intervención judicial previa, por razones de seguridad y salubridad.

- Medidas coercitivas por decreto fiscal: la Fiscalía podrá imponer medidas no privativas de la libertad (como vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones) mediante un decreto fundado. El control judicial se desplaza a una etapa posterior, permitiendo que el imputado se oponga después de la medida.

Argumenta que al sustituye medidas de mayor injerencia por otras de menor intensidad, que “configuran una herramienta menos gravosa desde el punto de vista de los derechos individuales”. A su vez sostiene que “no afecta el derecho de defensa, sino que reconfigura temporalmente su ejercicio”.

- Procedimiento por decreto penal: inspirado en el modelo alemán, se aplica a delitos menores y contravenciones que no implican prisión efectiva y para casos con prueba objetiva contundente. El fiscal solicita un decreto de condena sin audiencia previa, el cual puede ser revisado por un juez si el condenado lo solicita.

- Régimen agravado para internos de alto perfil: se crea un régimen de aislamiento extremo para presos que ordenen delitos graves desde los centros penitenciarios. Se suspenden las visitas físicas y el contacto familiar se limita a correspondencia escrita supervisada.

- Fortalecimiento de la inteligencia: se incluye formalmente el espionaje digital y electrónico como fuente del sistema de inteligencia, siempre bajo autorización judicial, para combatir el crimen organizado. Busca fortalecer las capacidades estatales anticipatorias.

- Ampliación del programa de recompensas: el Poder Ejecutivo podrá ofrecer recompensas no solo para investigaciones criminales, sino también con multas preventivas, como incentivar el desarme voluntario o la denuncia de armas ilegales.

- Zona de intervención policial especial: se permite al Ejecutivo intervenir policialmente zonas con altos índices de criminalidad, violencia o conflictividad otorgando facultades excepcionales para regular la circulación de personas y el uso del espacio público en dichas áreas.

La autoridad policial tendrá las siguientes facultades:

• a) Establecer controles de acceso, pudiendo identificar personas y requisar vehículos.
• b) Establecer limitaciones horarias a la circulación de personas en la vía pública.
• c) Establecer limitaciones a la circulación vehicular y motovehicular, dentro de la zona y para el ingreso y egreso a la misma.
• d) Establecer prohibiciones relativas al consumo de alcohol u otras sustancias en espacios públicos, a la portación de armas blancas o a otras actividades asociadas a la producción de hechos o situaciones de violencia.
• e) Demorar personas y disponer su traslado en dependencia policial hasta por cuarenta y ocho horas, por razones de seguridad pública o para constatar su identidad, domicilio, medios de vida y motivos de la circulación en la zona.
• f) Realizar allanamientos de domicilio en los casos legalmente autorizados, y requerir a la fiscalía que ordene el allanamiento general de toda la zona o de un área delimitada dentro de la misma, por motivos de seguridad pública o por sospecha de delito.
• g) Entrevistarse privadamente con referentes sociales e institucionales de la comunidad, e interrogar a personas sospechosas en la vía pública o en dependencia policial.