El conflicto en torno a la ley de financiamiento universitario finalmente pasará a una instancia superior en el plano judicial. El gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el fin de mantener la suspensión de la normativa promulgada en octubre.

En el último día del plazo para cumplir la medida cautelar de segunda instancia, el Poder Ejecutivo decidió acudir al máximo tribunal en vez de aplicar el aumento de salarios y becas aprobado por el Congreso. El ajuste había sido convalidado por un fallo dictado en diciembre y una resolución posterior que se firmó el 31 de marzo.

La implementación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 tiene un costo aproximado de 2,5 billones de pesos. A pesar del reclamo de los rectores, estudiantes y representantes de fuerzas políticas, el gobierno pretende mantener la suspensión de este incremento para garantizar el equilibrio fiscal.

La ley de financiamiento universitario no avanza

Cuando el Congreso aprobó el proyecto y dejó sin efecto el veto posterior del presidente Javier Milei, el decreto 759/2025 dispuso la suspensión de la actualización de haberes y demás medidas hasta que se determinara el origen de los fondos necesarios. En ese momento, la iniciativa requería el desembolso de un billón y 69 mil millones de pesos para su cumplimiento total. Desde entonces, el monto creció de la mano de la inflación y el atraso de los sueldos, entre otras cuestiones.

Después de dos fallos adversos, el gobierno no sólo recurrió a la Corte Suprema Justicia de la Nación en busca de prevenir el déficit fiscal. Además mantiene la expectativa de lograr la reforma de una normativa que aún no entró en vigencia y adecuarla a su plan económico.

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Del otro lado, el Consejo Universitario Nacional (CIN) no encontró forma de dialogar con el Poder Ejecutivo para resolver el conflicto. Tras la vigilia de 24 horas en facultades públicas de todo el país, el presidente del organismo, Franco Bartolacci, confirmó que el próximo paso en la batalla es la convocatoria a una nueva marcha federal para exigir que se cumpla la ley.

Recientemente, los rectores presentaron un informe alarmante sobre la situación del sistema de educación pública de nivel superior. Entre otros cambios, el poder adquisitivo del personal educativo cayó un 32 % desde noviembre de 2023 y los salarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años.